Sociedad

La ley del condón amenaza con dejar sin industria pornográfica a California

La imposición del preservativo en una futura ley del Estado de California amenaza con paralizar la pujante industria pornográfica de la zona, que factura entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. 

Los preservativos ayudan a prevenir las ETS, pero en el porno se cuestiona su utilidad
Los preservativos ayudan a prevenir las ETS, pero en el porno se cuestiona su utilidad GTres

El Senado de California tiene entre manos un proyecto de ley que busca imponer el condón en los rodajes pornográficos, una regulación con fines sanitarios que podría dejar en fase terminal al lucrativo sector del cine X en ese estado de Estados Unidos.

La normativa a debate, conocida como AB-1576, es una versión estatal de la "propuesta B" que en 2012 se aprobó en referéndum en el condado de Los Ángeles -parte del principal centro productivo de porno en EE.UU.- y cuyas consecuencias dos años después son palpables.

Según datos de FilmLA, organización que gestiona los permisos de filmación en ese condado, y publicados por Los Angeles Times, las solicitudes para grabar películas con sexo explícito en Los Ángeles cayeron un 90% el año pasado. En 2014, esa cifra es hasta ahora un 50% inferior a la de 2013.

"En el momento en el que salió adelante la 'propuesta B' (que está siendo apelada) tomamos la decisión de no hacer más películas en el condado", ha dicho el fundador de Vivid Entertainment, uno de los principales estudios de porno del mundo, según informa Efe. Vivid produce al año 60 películas X, la mayoría en California, y está radicado en el Valle de San Fernando, área que abarca seis municipios de la zona metropolitana angelina.

Una industria que ingresa entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales

Se estima que las compañías californianas del porno ingresan anualmente entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (entre 700 y 1.500 millones de euros), si bien ningún organismo estatal privado o público posee estadísticas oficiales sobre la economía de ese sector.

Los empresarios y muchos interpretes se oponen a la AB-1576 por las mismas razones que lo hicieron a la "propuesta B", porque los consumidores no quieren ver condones en las escenas porno. Aparte, rechazan que los legisladores se metan a regular la forma en la que dos adultos mantienen relaciones. "Este trabajo es mi vida, lo amo, y que el gobierno me diga cómo hacerlo me parece muy injusto", dijo Christian Wilde, uno de los 600 actores que apoyan la campaña contra la AB-1576 que se puso en marcha en la plataforma Change.org.

La industria, por su parte, asegura que la autorregulación actual y sus protocolos sanitarios han demostrado ser efectivos, y sostiene que los contagios no se produjeron durante rodajes.

"Si esta ley se aprueba estaremos un paso más cerca del final de la producción de porno en California, lo que costará al estado millones y millones de dólares", comentó Hirsch. El impulsor de la medida, el legislador demócrata Isadore Hall, y quienes la apoyan, como la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF), buscan que sea obligatorio el preservativo en los rodajes con el fin de proteger al profesional del contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Además, quieren que los actores informen a las autoridades laborales cuando se sometan a pruebas para detectar si son portadores del virus VIH y que pasen un test de ETS al menos 14 días antes de empezar a rodar. "Es de sentido común", declaró la directora de Salud Pública de AHF, Whitney Engeran-Cordova.

En el curso de la tramitación de la ley, los intérpretes Sofía Delgado, Cameron Bay y Rod Daily, portadores del VIH desde 2013, tomaron partido a favor de AB-1576. La industria, por su parte, asegura que la autorregulación actual y sus protocolos sanitarios han demostrado ser efectivos, y sostiene que los contagios no se produjeron durante rodajes.

"Hemos hecho un gran trabajo en este tema. Nadie ha contraído VIH durante más de una década", insistió Hirsch, cuyo discurso encaja con el de la asociación Free Speech Coalition (FSC), que representa los intereses del sector. "Esta ley tendrá un importante coste financiero para California y no hará nada para mejorar la seguridad de los actores", afirmó la directora de FSC.

Lo cierto es que solo la puesta en práctica a nivel estatal de esta ley supondría entre 125.000 y 150.000 dólares (93.500 y 112.000 euros), lo que ha hecho que la iniciativa haya quedado en suspenso hasta que se revise su viabilidad presupuestaria. Todo apunta a que el comité del Senado dará su veredicto final el próximo 15 de agosto.


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