Sociedad

La Generalitat gestiona una ley a medida de Ferran Adrià para construir en espacio protegido

Organizaciones ecologistas han promovido una campaña para intentar evitar que el gobierno catalán dé permiso al cocinero para abrir su Bulli Foundation en un espacio protegido del Alto Ampurdán. La Generalitat ya ha aprobado el anteproyecto y ha abierto el plazo de alegaciones en pleno verano. 

El periodo estival es aprovechado por muchas administraciones para llevar a cabo trámites que en otras circunstancias no pasarían tan desapercibidos. Este podría ser el caso de la Generalitat catalana, que pretende aprobar una ley casi exclusivamente para que el afamado cocinero Ferran Adrià pueda construir su nuevo proyecto en un parque natural. La memoria del anteproyecto fue aprobada en 2013, y ahora se abre del 15 de julio al 15 de septiembre el necesario periodo de alegaciones sobre el mismo. 

Para entender el problema conviene recordar que El Bulli de Ferran Adrià, que cerró sus puertas en 2011 después de haber sido considerado el mejor restaurante del mundo y haber logrado tres estrellas Michelín, estaba situado en la cala Montjoi, en el municipio gerundense de Roses. El cocinero pretende poner en marcha elBulli1846, un proyecto de "experimentación gastronómica" que supondrá la ampliación de 3.132 metros cuadrados sobre la última superfície (un 280% más que el restaurante original), algo que conlleva permitir la construcción en una zona protegida dentro del parque natural del Cap de Creus, en el Alto Ampurdán. 

El proyecto de Adrià supone reabrir su restaurante como fundación ampliándolo en 3.132 metros cuadrados en una zona protegida, aunque "minimizando el impacto" en el entorno

El Bulli habría cerrado como restaurante para convertirse en El Bulli Foundation, una fundación dedicada a la investigación en creación e innovación gastronómica y con la intención de que sea un "proyecto de país, de todos y para todos", según manifestaba el propio cocinero a La Vanguardia. Para esto la Generalitat ha aprobado en noviembre de 2013 el anteproyecto de Ley que declara a la fundación como de interés público, algo que permite excepcionalmente construir en el parque, ya que el gobierno autónomo considera que contribuirá "a la internacionalización de la cultura catalana y a la proyección y promoción de Cataluña y del Alto Ampurdán". 

Según el diario, el argumento se sostiene porque, en palabras de Adrià, incluye la donación de las instalaciones a la Generalitat en un plazo sin acordar y la integración de las construcciones en el entorno cultural del parque, porque los nuevos edificios diseñados por Enric Ruiz-Geli minimizarían el impacto ambiental, estando semienterrados en las laderas que rodean la cala a modo de terrazas. 

Este visto bueno del gobierno catalán sería posible creando una ley específica en lugar de modificando las ya existentes, ya que afecta a un decena de normativas, algo que ha puesto en pie de guerra a una treintena de organizaciones ecologistas que ya han puesto en marcha una campaña contra el beneplácito de la Generalitat, dejando claro que no tienen nada contra Adrià. Bajo el nombre "Salvemos el Parque Natural Cap de Creus", Carolina Sanpera, una ciudadana de Barcelona, ha reunido ya 68.000 firmas en la plataforma Change.org para hacer presión contra la Generalitat. 

"Un parque natural es un espacio natural protegido que nos pertenece a todos y un legado para las generaciones futuras. La zona del Cap de Creus y su entorno no necesitan reclamos turísticos. Los parques naturales se crearon para salvaguardar de la ambición individual espacios de gran valor natural y altamente vulnerables. Es por ello que elBulli1846 debería encontrar otra ubicación fuera del parque", expone en su petición. 

Sanpera dirige su campaña a la administración competente y al Parlament para que no sigan adelante con esta aprobación del texto normativo, pues considera que la propuesta del chef catalán está "fuera de lugar" y es la Generalitat quien debe defender los intereses de los ciudadanos ante cualquier interés individual. 

La Generalitat ha aprobado un anteproyecto que declara El Bulli de interés cultural y permite su ampliación, algo que los ecologistas critican porque "las leyes deben aplicarse por igual a toda la población" y porque la zona "no necesita reclamos turísticos"

A su propuesta no han tardado en sumarse decenas de organizaciones ecologistas, políticas o ciudadanas que quieren hacer fuerza contra esta iniciativa de la Generalitat. "Si finalmente se aprueba este proyecto, se vulnerarían los principios generales de un Estado de Derecho según los cuáles las leyes deben tener efectos generales y aplicarse por igual a toda la población", explica Marta Gumà, presidenta de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA). 

En la misma línea se manifiesta Bàrbara Schmitt, portavoz de Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN), que recuerda que "hay partes de la cala que ya están degradadas por las construcciones y actividades que se vienen realizando y que, aunque el proyecto de Adrià es muy interesante, tendría el mismo sentido si se construyera en el municipio de Roses con accesos más fáciles y cumpliendo con la legislación existente", algo que demuestra que esta campaña no es contra el propio chef catalán sino contra la forma de actuar de la Generalitat, que podría sentar un precedente para futuros conflictos similares. Precisamente por esta cuestión vienen las principales reticencias de ICV o la CUP, ya que si ahora se hace una excepción con Adrià, ¿por qué no podría hacerse en el futuro con otra persona? 


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