Sociedad

La Generalitat tendrá que pagar 3.000 euros a una niña por no escolarizar en castellano

El caso representa un importante precedente para todas las familias que han acudido a la vía judicial para obtener el reconocimiento del derecho a que sus hijos sean educados, en cualquier etapa de la enseñanza obligatoria, además de en catalán, en castellano.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una imagen de archivo
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una imagen de archivo GTRES

La rebeldía del Govern con su modelo educativo de inmersión lingüística vuelve a chocar con la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) propina una nueva reprimenda a la Generalitat de Cataluña, que tendrá que indemnizar a una niña de Barcelona con 7,36 euros por cada una de las horas que el colegio concertado en el que cursaba Educación Infantil le impartió en catalán y no en castellano como habían reclamado sus padres. La compensación, por incumplir la obligación legal de utilizar también el castellano como lengua vehicular, asciende a 3.000 euros.

Según publica este lunes el periódico El Mundo, el TSJC, en una resolución notificada la semana pasada, "impone además sendas compensaciones de un euro por cada hora de incumplimiento por 'cierto retraso en el aprendizaje en que ha incurrido la alumna' y de otro por el 'sobreesfuerzo innecesario' que tuvo que padecer la niña". 

Todo ello después de que el Tribunal Supremo reconociera en 2013 su derecho a que se le impartiese clase en castellano y de que pese a ello, la niña sólo recibiera en español dos horas semanales sobre un total de 25, "la hora del cuento y natación". Estos hechos llevan al TSJC a concluir que "el centro no prestó el servicio público en las condiciones previstas legalmente".

Al menos el 25% de las horas lectivas deben impartirse en castellano, según el TSJC

Aunque el auto se refiere en concreto a una niña que cursaba Educación Infantil, representa un importante precedente para todas aquellas familias que acuden y agotan todas las instancias judiciales hasta que obtienen el reconocimiento del derecho a que sus hijos sean educados usando como vehicular, además del catalán, también el castellano. Reclaman que el español tenga una "proporción razonable" en cualquier etapa de la enseñanza obligatoria.

Varios autos del TSJC han fijado que tanto para la enseñanza primaria como para secundaria, al menos el 25% de las horas lectivas deben impartirse en castellano incluyendo algunas materias troncales. En este sentido, también el Supremo ha aclarado que debe usarse el español para todo el aula con que solo un alumno lo solicite. Y lo que es más, "el castellano debe emplearse en clase desde el mismo momento en que los padres lo reclamen por la vía judicial, sin esperar a que se dicte sentencia". 

La única alternativa con la que cuenta la Generalitat es sufragar los gastos de colegios privados en castellano a los padres que así lo reclamen.


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