Sociedad

¿Se podría prohibir la caza con galgos en España? Protectoras y diputados lo llevan al Congreso

España es el único país de la Unión Europea que todavía permite este tipo de práctica. Las alarmantes cifras de maltrato de esta raza al acabar la temporada y la impunidad sobre los autores ha chocado siempre con la defensa acérrima de los galgueros, que defienden su pasión por los animales. A medio plazo, los animalistas buscan endurecer la ley. 

La caza con galgos en España es uno de esos controvertidos temas en los que defensores y detractores cruzan reproches y acusaciones recíprocas para mantener firme su postura. Los llamados galgueros defienden su amor por los perros como principal argumento y acuden siempre al "no todos somos iguales". Por su parte las protectoras de animales y asociaciones de galgos especialmente se refieren al maltrato que sufre esta raza, asociado siempre a la instrumentalización que de ellos hacen los cazadores. Un gran número de ellas han elaborado una serie de propuestas que a través de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) llevarán al Congreso con un objetivo a largo plazo: prohibir la caza con galgos

Con este motivo, cerca de un centenar de personas se congregaron este miércoles en el Congreso de los Diputados en una ponencia bajo el nombre "Galgos: España ante el mundo", en la que lo primero que recordaron es que España es el único país de la Unión Europea que sigue permitiendo la caza con galgos, mientras que países como Alemania (1952), Bélgica (1995), Escocia (2002) o Reino Unido (2004) ya lo han ido prohibiendo. Coordinado por el diputado de la Chunta Aragonesista Chesús Yuste, el acto pretende ser un punto de partida para articular una serie de propuestas que se traduzcan en iniciativas legislativas para limitar esta práctica con animales. 

"Más de 50.000 galgos son abandonados, ahorcados o tirados a pozos en febrero, mes en que termina la caza", explica el veterinario fundador de SOS Galgos

Para ello, diferentes asociaciones como SOS Galgos, Galgos sin fronteras o Baas Galgo, en colaboración también con otras internacionales como la Fundación Franz Weber (Suiza), el Club francés C.R.E.L. o la norteamericana SPCA International-Global Animal Rescue, han aunado fuerzas con los cerca de 40 diputados y senadores -de todas las fuerzas políticas- que forman la APDDA, con el propio Pacma e incluso con un agente de la Policía Municipal y agentes forestales para evitar el maltrato que según ellos conlleva todo lo que rodea a esta tradición. 

Cifras del maltrato

El diputado Joan Josep Nuet (Izquierda Plural) ya preguntó en su momento al Gobierno por el planteamiento de éste para dar respuesta a la complicada situación del galgo en España, ya que según las cifras no oficiales que manejan las protectoras, más de 50.000 galgos son abandonados, ahorcados o tirados a un pozo en febrero, mes en que termina la temporada de caza. "Sólo en este pasado febrero han aparecido 167 galgos ahorcados. Actualmente tenemos datos de unos 190.000 galgueros federados, con 500.000 galgos registrados para cazar, pero creemos que hay actualmente en torno a los 900.000 galgos en manos de galgueros. Las cifras son muy diferentes según quién las ofrezca porque no hay datos oficiales. En 2013, según Seprona, se abandonaron 53 galgos, pero una encuesta de la Fundación Affinity a 12 protectoras, habla de 2.600, de los que además, sólo un 25% de los que llegan están identificados", explica Albert Sorde, veterinario y fundador de SOS Galgos. 

Uno de los principales problemas del maltrato a esta raza es la dificultad demostrada para emprender acciones legales contra sus autores y que éstas terminen llegando a buen puerto. Esto lo explica Sergio García-Valle, abogado que representando a la acusación particular de BAAS Galgos logró la primera sentencia condenatoria a un cazador por ahorcar a dos galgos en Fuensalida (Toledo). "Las denuncias que se interponen son muy pocas y dependen del empeño que pongan las protectoras. Además, una cosa es la denuncia, y otra muy distinta la condena. Son cientos los casos de maltrato que me llegan y existe una falta absoluta de prueba. Lo que se pena es el maltrato injustificado y ese es el problema. En el caso de Fuensalida tuvieron que confluir varios factores para que hubiera condena, entre ellos el testimonio de un perito veterinario que tuvo que acreditar que una muerte por ahorcamiento es agónica, y dependiendo del peso del animal éste puede tardar en morir desde varios minutos a horas. Esto que es una obviedad, hay que acreditarlo", explica. 

Este abogado comenta además que esta situación puede tornarse todavía más difícil con el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cambiará las condiciones de la acusación popular -Las acciones legales serán mediante querella y se exigirá fianza- y restringirá por tanto las actuaciones de las protectoras. 

"Las denuncias que se interponen son muy pocas y dependen del empeño de las protectoras. Son cientos los casos de maltrato, y lo malo es que hay que acreditar que es injustificado y que el animal sufre"

Amor a los perros

En el lado opuesto de este debate están los cazadores con galgos o los galgueros, cuyo principal argumento siempre es el exquisito cuidado que ofrecen a sus animales. Óscar Hernández Zarzuelo, presidente de la Federación de Galgos de Castilla y León, escribía hace unos días una carta con datos del Seprona en la que pedía que no se metiera a todos los galgueros en el mismo saco, y desmentía algunos de los datos ofrecidos por las protectoras. 

"Nosotros tenemos un control absoluto sobre todos los perros en manos de cazadores federados -unos 13.000 en Castilla y León, de los cuales unos 4.000 son verdaderos criadores. La Federación Española de Galgos (FEG) dispone de un Libro Registro de Orígenes en el que todos los galgos de federados están registrados desde el nacimiento. Los tenemos administrativamente identificados y vacunados, y por tanto controlados. No es cierto eso del abandono y maltrato", explica. "Tenemos un convenio de colaboración firmado con la sociedad protectora Scooby de Medina del Campo, donde se recogen los galgos federados que han finalizado su vida deportiva asegurando así que el animal tendrá un futuro de bienestar", añade. 

Los galgueros pidan que no se meta a todos en el mismo saco, y defienden el buen trato que dan a sus perros, a la vez que denuncian su verdadero problema: el robo de galgos

En lo que sí hace hincapié es en que el principal problema que se encuentran es el robo de galgos. "Alguien que roba un galgo para utilizarlo de forma fraudulenta no dudará en abandonarlo, maltratarlo o deshacerse del mismo. Estos delincuentes de galgos, a los que se intenta meter en el mismo saco que a los galgueros, son los que sobran en esta afición y en este país. El pasado año más de 300 robos denunciados y España con 800 animales de por medio, que son víctimas fáciles de ser abandonados una vez utilizados como instrumentos de usar y tirar", critica. Por ello, solicitan ayuda para luchar contra la que considera su lacra y para que el robo de perros pase a ser un delito y no un hurto como ocurre actualmente. 

La opinión de Hernández es compartida también por Óscar Alonso, presidente de la Comisión de Liebre Mecánica de la Federación de Castilla y León, quien explica que en la modalidad en la que compite, con galgos ingleses, se lleva además un doble registro, ya que los perros aparecen además en la base de datos de Irlanda. "Yo he cazado desde pequeño con mi padre, pero me transmite más la pista. Actualmente tengo cinco galgos, aunque sólo compito con dos y lo que más invierto en ellos es tiempo, ya sea entrenando, paseando o limpiándolos. Uno tiene seis años y lo tengo como semental. Otra es una hembra también algo mayor, y otra de tres años con la que no compito. Los dos galgos que tengo en activo tienen dos años, y es que no puedo imaginarme abandonar a ninguno de ellos. Los tengo en mi casa conmigo, y espero que se mueran de viejos", defiende. 

"En algunos lugares de EEUU se boicotean productos españoles por el maltrato, que perjudica la marca España, así que vamos a seguir luchando ahora q tenemos un Gobierno al que no le da miedo endurecer las penas"

Objetivo complicado

El diputado Chesús Yuste, así como las protectoras que defienden la prohibición de esta actividad, son conscientes de lo ambicioso de su objetivo en un país con tanta tradición galguera y donde representantes de las más altas esferas son conocidos cazadores. Sin embargo, se muestran optimistas por ver la buena acogida que tiene su mensaje y que cada vez son más los que se unen a la causa. "Empezamos siendo 7 diputados y ahora somos 40 diputados y senadores. Esto es un tema importante: sabemos que en algunos lugares de Estados Unidos se boicotean productos españoles porque reciben denuncias de ese maltrato generalizado a los perros, algo que sí perjudica la 'marca España'. Ahora estamos ante un Gobierno al que no le da miedo endurecer las penas, y por eso vamos a seguir luchando", decía. 

Por delante tienen el trabajo de articular todas las propuestas que han recibido tanto de las protectoras como se asociaciones o partidos políticos. Cuentan incluso con la ayuda de los Agentes Forestales y de la Policía Municipal de Madrid, representada en este acto por un agente comprometido que ha participado en la incautación por malos tratos de unos 40 galgos y otros animales en la capital. 

PROPUESTAS

- Creación de un registro único a nivel nacional con los datos, número de chip e identificación de los propietarios y los movimientos de cesión o venta de animales. Deberían acreditarse los motivos de las bajas del registro. 

- Controles administrativos antes y después de la temporada.

- Limitar el número de galgos que pueda tener un cazador o persona en propiedad. 

- Incluir la pena de responsabilidad por el daño moral causado por el maltrato. 

- Creación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para cada galgo con chip. 

- Coordinación entre protectoras y diversos cuerpos policiales o la creación de un cuerpo de agentes de animales. 

- Sistemas de identificación con métodos irreversibles que eviten la extirpación del chip o la eliminación del tatuaje. 

- Sanciones contundentes, económicas y penales, que impliquen entrada en prisión. 

- Mayor educación y concienciación desde la infancia. 


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