Publicado: 01/06/2014 04:00
¿Enfermos estafados por sus propios cuidadores? La Fiscalía Anticorrupción investiga a la Fundación Afal Futuro por presuntas irregularidades en su gestión a raíz de las denuncias presentadas por familiares de afectados y extrabajadores. A la fundación dedicada a la tutela de personas incapacitadas por un juez, principalmente personas con discapacidad intelectual y mayores con alguna enfermedad degenerativa, se le acusa de malas prácticas y apropiación del patrimonio de sus tutelados -en muchos casos considerables fortunas- aprovechando su situación de vulnerabilidad. Anticorrupción ha observado indicios de delito y ha derivado el caso a la Fiscalía de Madrid, que es quien examina ahora la documentación aportada por la dirección del diario Extraconfidencial.com, fruto de una exhaustiva investigación durante meses, a la que se ha sumado toda la información facilitada por los denunciantes.
La fundación sin ánimo de lucro, cuyo objeto fundacional es “el ejercicio de la Tutela y Curatela de las personas incapacitadas judicialmente, residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid”, la “protección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo y “el tratamiento integral de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias”, habría engordado su patrimonio de los 30.000 euros con los que se constituyó en 2006 hasta los entre 12 y 14 millones actuales. Una operación llevada a cabo gracias a la venta de inmuebles de los tutelados y mediante desvíos sistemáticos de dinero camuflados en forma de gastos o servicios contratados para los ancianos, algunos tan inverosímiles como asesorías inmobiliarias, consultorías financieras, cursos de formación o seguros de hogar. Todo ello, supuestamente a través de un entramado societario en el que intervienen hasta 10 empresas vinculadas a la cúpula de la entidad.
La forma de vaciar las cuentas de los enfermos va desde las donaciones a la contratación de servicios inverosímiles tratándose de octogenarios con deterioro cognitivo
En la documentación remitida a la Fiscalía aparecen movimientos de dinero de las cuentas de los tutelados hacia entidades ligadas a Blanca Clavijo, presidenta de la fundación Afal Futuro, y el director de la misma, Jaime Conde. Según explica uno de los extrabajadores de la entidad que ha trabajado durante meses en la recopilación de información “para que no nos puedan callar la boca”, todo nace de la Asociación Nacional del Alzheimer, Afal Contigo, una entidad creada para dar apoyo a los familiares de enfermos de alzheimer a partir de la cual se crea en 2008 la fundación Afal Futuro, ya completamente independiente y dedicada a la tutela de los propios enfermos. Desde entonces, ha sido designada como tutora legal de 152 personas, muchas de las cuales con abultados patrimonios, como es el caso de una de las hijas de Luis García Cereceda, una de las herederas de 3.000 millones a cuya tutela ha renunciado la entidad por las quejas constantes. Y como tutora, gestiona también los bienes de los tutelados, aunque en el caso de Afal podría ser de forma fraudulenta. Según denuncian, la forma de vaciar las cuentas de los enfermos va desde las donaciones y legados a la compra de productos financieros, contratación de rentas vitalicias o asesorías, servicios obviamente innecesarios tratándose de octogenarios con deterioro cognitivo.
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Vozpópuli ha tenido acceso a algunas de las facturas que reflejan cómo se contrataban servicios de consultoría inmobiliaria a la empresa Technology For Living (T4L) por los que los tutelados pagaban importantes cantidades. La sociedad mercantil T4L forma parte de la estructura institucional de Afal y se encarga de la “investigación e implementación de nuevas tecnologías”. Por sus servicios ha llegado a cobrar a A. L., de 84 años, más de 17.000 euros y otros 14.000 en facturas diferentes fechadas el mismo día. La cantidad se eleva a los 32.391 euros de una factura, que se suma a otra de 17.000 en el caso de su hermana, también enferma de alzheimer, por recibir supuestamente consultoría inmobiliaria de la empresa informática. En total, seis consultas inmobiliarias en dos días para dos octogenarios que superan los 140.000 euros.
La presidenta de la fundación Afal aparece en la mayoría de las empresas que contrata la entidad y a las que va a parar el dinero procedente de las cuentas de los tutelados
En 2006, el mismo año en que Blanca Clavijo es nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Alzheimer, pone en marcha la empresa Geronlaw, un despacho de abogados sin ningún cliente en el que ella figura como única trabajadora y cuyo domicilio social es su propia casa. Geronlaw, engordó sus cuentas gracias a transferencias realizadas desde las cuentas de personas tuteladas por Afal por recibir asesoría jurídica inexistente y llegó a facturar sólo en el año 2012 una cantidad cercana a los 450.000 euros. Por los mismos conceptos falsos, en este caso de asesoría fiscal, desde la fundación Afal se ha pagado a KPMG, donde el marido de Clavijo, Rafael Núñez, es el actual responsable fiscal de la consultora. En nombre de una mujer enferma de alzheimer se llegaron a pagar 190.000 euros.
Todo el entramado se nutre de grandes fortunas, aseguran las fuentes consultadas. De ellas salen legados y donaciones hacia la Fundación Mozambique Sur, presidida por Blanca Entrena, notaria y estrecha colaboradora en Afal Contigo que ha dado fe de actos relacionados con la fundación. Otra de las sociedades a las que llega el dinero de los tutelados es Neuron Biopharma S.A., empresa de la que la presidenta de Afal es consejera, según consta en el BORME y de la que se han adquirido acciones en nombre de los ancianos incapacitados. Lo que a priori puede parecer un gasto injustificado como las asesorías, era una práctica habitual. Cuando los trabajadores -cuentan- empezaron a detectar irregularidades cuando al intentar contratar algunos servicios la presidenta bloqueaba las gestiones para hacerse con los servicios de empresas amigas por un precio mucho mayor.
A través de la falsa adquisición de esos productos y servicios de estas empresas, el dinero líquido de los tutelados ‘vuela’ con cierta rapidez, por lo que, según cuenta uno de los extrabajadores de la entidad a este diario, el siguiente paso es solicitar al juzgado la venta de alguna propiedad evitando la subasta pública. Aquí entra en juego ASSET Inmobiliaria, propiedad de personas cercanas a la presidenta Clavijo, encargada de llevar a cabo las operaciones de venta de los inmuebles. Osyf, empresa en la que aparecen otra vez Blanca Clavijo y su marido Rafael Núñez, serviría para ofrecer falsa asesoría inmobiliaria, pero también para cuadrar las cuentas de la fundación y de las empresas ligadas a través de las cuales el dinero va y viene, siempre según la información que ya está en manos de la Fiscalía. Además, existe un convenio con la empresa de servicios funerarios Parcesa, con la que se entierra a todos los fallecidos. “No se cumple la última voluntad de los enfermos porque nunca entierran a los difuntos donde quieren. A todos los llevan a un nicho común e incluso a veces sin avisar”.
Poca o ninguna información a los familiares
Enfermos han sido ingresados en residencias o trasladados a otros centros sin avisar a la familia, que normalmente desconoce qué están haciendo con sus bienes. Afal asegura que rinden cuentas y que nunca ha sido removida de ningún cargo
Algunos de los familiares que han detectado que la fundación que tutela a sus seres queridos ha cometido abusos han constituido la Asociación Española de Familiares afectados por Entidades Tutelares (AEFET). Aún está en una fase inicial, pero la idea es aglutinar a todas las personas que se hayan visto perjudicadas por cualquier entidad tutora, como es el caso de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), cuya gestión también se ha cuestionado. La presidenta de la recién nacida AEFET es Maite García, sobrina de una de las tuteladas por Afal explica a Vozpópuli cómo el patrimonio de su tía, propietaria de bienes que rondaban los 18 millones de euros, se ha visto mermado desde que está a cargo de la fundación. Afal vendió tres de los numerosos bloques de pisos que poseía en Madrid, los cuales no estaban siendo alquilados, por supuesta falta de liquidez y compró 400.000 euros en preferentes “por el bien de mi tía”, según le dijeron a ella y a su hermano. Su familia no tiene mucha más información: “No sabemos por cuánto han vendido los pisos porque la única vez que se han reunido con nosotros fue para decir que el patrimonio de mi tía era muy complicado y que la familia no podría gestionarlo”. Sin embargo, fueron sus familiares quienes se encargaban de esos bienes hasta que Afal fue designada tutor provisional y después definitivo en 2010. “Se la llevaron sin avisar y estando en el centro no nos dejaban estar a solas con ella”. Ahora esta mujer de 87 años está en una residencia que, según cuenta Maite, tiene orden de Afal de no informarles sobre la medicación que toma ni su estado de salud.
En muchos casos, los familiares no son informados, ya no sobre qué ocurre con el patrimonio de los enfermos, sino de los propios traslados. A la madre de F.A. se la llevaron a una residencia sin avisarle. Los talleres centenarios que poseía se han vendido, al igual que un piso donde había cosas de valor, al cual no le dejaron acceder con un notario y un perito como él solicitaba. Caso similar es el de F. F. A su padre le han trasladado de residencia sin avisar a la familia, todo después de cambiar la cerradura del piso que poseían al 50% padre e hijo. La fundación Afal se defiende asegurando que “rinde cuentas de todas y cada una de las personas a las que representa ante la Fiscalía” y éstas están supervisadas por un juez. En palabras de su presidenta a una cadena de televisión, las familias no están conformes con que un juez les haya quitado la tutela de un familiar.
La presidenta de Afal y la fiscal Nuria López Mora
Extrabajadores y familiares señalan que curiosamente la inmensa mayoría de las tutelas que asignan a Afal son propuestas por el juzgado nº 65 y normalmente son grandes fortunas. La Fiscalía defiende la profesionalidad de López Mora
Otra vinculación que hace sospechar a los denunciantes es la de la presidenta Blanca Clavijo con la fiscal Nuria López Mora. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundió este jueves un comunicado negando cualquier vínculo personal y asegurando que su relación es estrictamente profesional. Asimismo, el Ministerio Público quiso corregir las voces que acusan a la fiscal decana del juzgado nº 65 de Madrid de proponer a Afal como tutor de incapacitados -sobre todo de los adinerados- y negó que se haya apartado a la fiscal de los casos de tutela más importantes como se dijo en un programa de televisión, así como que se haya adoptado medida alguna para que dicha fiscal, a la que “la Fiscalía de la Comunidad de Madrid tiene en alta estima”, deje de intervenir en los procedimientos. La Fiscalía -recuerda la nota- no nombra a los tutores, competencia de un juez, solo lo propone. Sin embargo, a ambas se les atribuye una estrecha amistad y su relación profesional es amplia. Según la documentación de los denunciantes, la fiscal impartía cursos de formación en Afal Contigo, junto a Blanca Clavijo y la anteriormente mencionada Blanca Entrena. Además, las tres coinciden en Fundación Aequitas y en Fundación Mozambique Sur, donde -recordemos- Entrena es presidenta y Nuria López Mora, vocal.
El megaproyecto Villafal
Tanto ha crecido desde su constitución en 2006 que, según la propia fundación, se ha hecho necesaria la construcción de un centro residencial propio en el que se han invertido entorno a 18 millones de euros. Villafal, el megaproyecto residencial radicado en Paracuellos del Jarama, consta de 62 habitaciones individuales y 16 dobles, además de un centro de convivencia, como llaman a lo que hace las veces de un hotel. Para su gestión se creó la sociedad Villafal Gestión S.L. en la que la fundación es socio único. Lo que Afal vende como un lujoso complejo de 12.000 metros cuadrados con jardines, piscina, spa y últimas tecnologías para enfermos de alzheimer y familiares que además ofrece terapias individualizadas, servicio médico, talleres y formación, es para los denunciantes una faraónica obra posible gracias al dinero desviado y no solo a las donaciones. Aunque ésta no fue la única ayuda: la notaria Blanca Entrena avaló la cesión de los terrenos valorados en 4,2 millones de euros.
*Nota: La Fundación Mozambique Sur se ha puesto en contacto con este medio para negar haber recibido cualquier tipo de donación por parte de personas o entidades vinculadas a la Fundación Afal.
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