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Sociedad

El Gobierno no consigue los objetivos marcados con la reforma del servicio doméstico

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

A poco más de una hora de cerrarse el plazo para regularizar a las empleadas de hogar una de las tesorerías de la Seguridad Social en Madrid es un trasiego de personas que se acercan para presentar los formularios necesarios en el proceso. En apenas 5 minutos 10 personas acuden al mostrador de información y miran perplejas el número que les ha tocado para ser atendidas. “La media es de una hora de espera” comenta el funcionario encargado de distribuir los turnos. Ante las quejas de una señora por la demora el funcionario le contesta que ha tenido seis meses para hacer los trámites “pero lo dejan todo para última hora”.

De hecho el plazo para dar de alta en la Seguridad Social a las personas que trabajan en el hogar comenzó el pasado 1 de enero y terminó el sábado 30 pero a tenor de las cifras muchos son los españoles que lo han dejado para el último mes o que directamente no van a llevar a cabo los trámites. De enero a mayo solo fueron dadas de alta 40.051 nuevas personas, según los datos del Ministerio de Empleo. En total, hasta el 31 de mayo eran 321.190 las personas que estaban cotizando en la Seguridad Social como empleadas domésticas frente a las 281.139 de enero.

Pero las cifras de la Seguridad Social distan mucho de las manejadas por el Instituto Nacional de Estadísticas que recogen que 507.700 personas trabajan como empleadas de hogar, dato que se eleva hasta los 661.500 si se incluyen también a chóferes y jardineros. Desde el Ministerio recuerdan que el secretario general de la Seguridad Social, Tomás Burgo Gallego, ya anunció que no se cumplirían las expectativas de la regulación aunque confían que en el mes de junio, cuyos datos estarán disponibles los primeros días de julio, la cifra haya aumentado considerablemente. Las colas en algunas tesorerías de la Seguridad Social parecen apoyar las perspectivas del Gobierno. “Durante todo el mes de junio ha sido un goteo constante de personas que vienen a hacer los trámites. Muchísimas más que en los meses anteriores”, confirma un funcionario.

Las asociaciones critican la falta de información

La Asociación Servicio Doméstico Activo (SDA) ha pedido esta semana al Gobierno que amplíe el plazo para la regularización. Considera que ha habido falta de información y achaca al Gobierno que no existieran más funcionarios destinados a la informar a empleadores y empleadas. La misma opinión la comparte la Asociación de Empleadas del Hogar de Bilbao (ATH-ELE) cuyas voluntarias se han visto desbordadas en los últimos meses por las personas que se acercaban a pedirles una información que no encontraban en las dependencias del ministerio. “Deberían haber habilitado ventanillas destinadas a estos trámites como se hizo en su día con los autónomos”, comenta al otro lado del teléfono Conchi Gómez, portavoz de  ATH-ELE. Gómez comenta además que han detectado situaciones en los que dos funcionarios han dado respuestas contradictorias a la misma pregunta. 

En ambas asociaciones están preocupados porque aunque la ley reconoce más derechos laborales para las empleadas de hogar también puede traer aparejada una bajada de los sueldos. Narran casos de empleadas a las que sus jefes ya les han anunciado que percibirán menos dinero ya que los empleadores tienen que pagar a la Seguridad Social. Desde la ATH-ELE denuncian que en muchos casos la bajada es superior al importe que se debe aportar a la Seguridad Social. Otra de sus preocupaciones es que pasará con aquellas personas cuyos jefes no quieran darles de alta y que a partir de este domingo quedan fuera de la Seguridad Social. “En el caso de las inmigrantes se le suma los problemas para renovar la tarjeta de residencia”, asegura Graciela Gallego, representante de SDA.

Aunque reconocen que la reforma ha supuesto un avance en materia de derechos laborales para las empleadas de hogar, tanto ATH-ELE como SDA son conscientes que no acabará con la economía sumergida y que serán muchas las personas que seguirán trabajando sin darse de alta en la Seguridad Social, a pesar de que el ministerio amenaza con multas de hasta 6.000 euros para los empleadores. Un ejemplo es Patricia, nombre ficticio, que al menos durante el verano seguirá cobrando en dinero negro.

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