Sociedad

Escándalo en la UC3M: denuncian fraude de ley a la hora de adjudicar plazas de profesores visitantes

Saltan las alarmas en uno de los departamentos recién creados en la universidad madrileña. Denuncian la mala situación que atraviesa el centro y la discrecionalidad a la hora de cubrir plazas de funcionarios sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución.

Uno de los edificios del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid
Uno de los edificios del campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid

Saltan las chispas en la “pública diferencia”. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), otrora símbolo de la transparencia y el timón del cambio generacional en la universidad pública, está sumida en una serie de irregularidades que ponen en duda los valores de los que una vez fue garante. Si hace unos años era un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el encargado de destapar desviaciones presupuestarias, gastos sin justificar, sobresueldos y más de 30 millones de euros sin cuadrar, ahora la duda planea sobre la forma en la que contratan a su profesores visitantes.

Tal y como ha podido saber Vozpópuli, a través de fuentes que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, la UC3M parece cometer constantes irregularidades en la contratación de profesores visitantes. "Es la primera vez que pasa en este recién creado departamento, pero es una práctica habitual en la universidad", denuncian.

A tenor de estas fuentes, dichas contrataciones enmascaran los procesos normales por los que deberían concurrir para conseguir una plaza de funcionario público ya que, según confirman a este diario, “estas plazas para profesores visitantes están dotadas del mismo sueldo que cobra un profesor titular (32.218 euros)”.

Se les ofrece, además, un contrato de al menos seis años. Sin embargo, según el Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid sobre personal docente e investigador, la convocatoria de la universidad madrileña incumple con esta norma ya que “la duración máxima del contrato de Profesor Visitante será de un año ampliable a dos en los supuestos razonados y previa audiencia de la representación de los trabajadores”.

Un problema que va en aumento

Para situar esa problemática es necesario volver a 2013, cuando se creó de forma inesperada y “de manera irregular” el Departamento de Ciencias Sociales, germen del escándalo que denuncian fuentes universitarias a Vozpópuli. “Con la pretensión de aumentar la visibilidad nacional e internacional de la Universidad en esta rama del conocimiento”. Así justificaba el rector, Daniel Peña, en marzo de 2013, la creación del Departamento de Ciencias Sociales en el que se integran los departamentos de Ciencia Política y Sociología e Historia Económica e Instituciones. Además, Peña justificaba este conglomerado departamental en que “la Universidad Carlos III de Madrid, por su juventud, está especialmente bien situada para efectuar esta transición desde la máxima especialización departamental a una organización más acorde con la realidad científica y académica contemporánea”.

En la memoria justificativa sobre su creación, el rector de la universidad madrileña creyó necesario apostillar que “el departamento reunirá a investigadores con reconocido prestigio internacional en los distintos ámbitos que representa para crear la necesaria masa crítica y emprender proyectos de investigación ambiciosos”. Pues bien, algunos de esos “investigadores con reconocido prestigio internacional” aún no han llegado a la universidad, sino que lo harán a través de la citada convocatoria irregular de la que ya se han hecho eco las secciones sindicales de UGT y CCOO del centro educativo.

Según denuncian, a pesar de los importantes recortes presupuestarios que sufre la universidad y la prohibición de crear nuevas plazas, la UC3M ha realizado un importante esfuerzo al convocar un concurso internacional para cubrir cinco plazas de profesor visitante (‘tenure track’) con sueldo de profesor titular, entorno a los 33.000 euros. Precisamente, el pasado miércoles los rectores de las universidades españolas denunciaban la situación que están atravesando todos los centros por los recortes y la citada prohibición.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la naturaleza de estas plazas, su duración temporal y la consolidación laboral que prevén en caso de superar evaluaciones del departamento, podrían asimilarse a plazas de ayudante, doctor o contratado doctor. Este tipo de plazas requieren un concurso público y la acreditación previa de los candidatos en agencias externas a la universidad, donde deben acreditar una serie de méritos. Cosa que no pasa cuando se convocan plazas 'normales' para profesor visitante.

Precisamente por eso, los denunciantes afirman que el fraude de ley está en que es una figura interpuesta y que, para evitar ese trámite de pasar por las agencias y acreditar los méritos, se han inventado este tipo de convocatoria porque los candidatos no cumplen con los requisitos.

UGT y CCOO, alarmadas

Las mencionadas secciones sindicales alertan de que este tipo de convocatoria supone un fraude o rodeo de la ley con la que se pretende evitar las exigencias de acreditación para las plazas de ayudante doctor y contratado doctor. El texto de la convocatoria, íntegramente en inglés, contraviene con la norma que indica que la convocatoria de plazas para una universidad pública deberá hacerse en español. 

Pero lo más importante, y quizá más sospechoso de fraude, es que el proceso de selección ha adolecido de una importante falta de transparencia plasmada en la falta de información sobre la composición de la comisión de valoración o en la ausencia de publicación y notificación de un listado de admitidos y excluidos con la correspondiente valoración y las razones de la exclusión y del establecimiento de plazos de subsanación y recurso. Ni siquiera han participado observadores imparciales.

El perfil de los 'visitantes'

Según ha podido saber Vozpópuli, el total de candidatos han sido 96 de los cuales cinco han sido los elegidos para ocupar estas plazas, todos ellos afines a la Fundación Juan March. Sin embargo, a raíz de la reunión entre los sindicatos y el vicerrector de profesorado y departamentos, Juan Romo, para hablar del asunto, este diario ha sabido que Romo ha negado categóricamente la existencia de esta convocatoria y de la comisión, presidida por Ignacio Sánchez Cuenca, miembro de la Fundación que, supuestamente, la estaba estudiando. De esta forma dejan al director del Departamento la decisión final sobre la adjudicación de estas plazas. Una decisión que, según conoce este diario, tuvo lugar el pasado jueves 24 de abril.

A juicio de los denunciantes, parece evidente que en su mayoría se trata de personas próximas o integrantes de la Fundación Juan March y su centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS). La reciente incorporación de esta organización privada en la estructura de la UC3M ha propiciado este tipo de concursos en los que parece premiarse la adscripción a un grupo determinado en vez de los méritos que deberían regir la concesión de plazas docentes en una universidad pública.


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