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Sociedad

Tráfico insiste en subir a 130 km/h el límite en autopistas pese a la oposición del Consejo de Estado

La velocidad permitida aumentará en 10 Km/h en algunos tramos de autopistas y autovías.

Tráfico mantendrá su propuesta de subir la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas y bajarla en las carreteras secundarias, ya que ha sido consensuada hasta dos veces en el Consejo Superior de Tráfico, integrado por distintas administraciones y entidades sociales y profesionales. Así lo ha asegurado a Efe la directora general de Tráfico, María Seguí, después de que se haya hecho público el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Reglamento, en el que este órgano consultivo entiende que el texto "ha de ser reconsiderado". El Consejo de Estado advierte de que incrementar el límite máximo de velocidad a 130 kilómetros "puede producir una mayor accidentalidad" y disminuir la conciencia de riesgo en los conductores.

Los nuevos límites de velocidad están avalados según Tráfico por las cifras de siniestralidad registradas

Seguí ha explicado que el Consejo de Estado recoge en el grueso de su informe algunas observaciones sobre el cambio en los límites de velocidad, pero no las incluye en la consideración final del mismo ni en las cuatro cuestiones del proyecto que pide sean tenidas en cuenta. De todos modos, la máxima responsable de Tráfico ha querido dejar claro que, además del consenso alcanzado en el Consejo Superior tras año y medio de debate del texto con todas las partes implicadas, la propuesta de modificación de las velocidades máximas está avalada por las cifras de siniestralidad registradas en las carreteras.

La responsable de Tráfico ha recordado que la mortalidad está bajando en autovías y autopistas, mientras que crece en las carreteras secundarias, donde se produce el 80% de las muertes en accidente de circulación.

Cree Seguí que se han "sobrevalorado" algunos comentarios del informe del Consejo de Estado y sacado de contexto, lo que ha generado mucho "ruido", si bien este órgano sólo ha planteado observaciones de "orden menor", como figura en la consideración final de la última página del informe. Según el Consejo de Estado, los redactores del Reglamento no han justificado la "oportunidad" de la medida ni han calculado el impacto que supondrá acomodar la señalización de las carreteras a los nuevos límites ni han tenido en cuenta el criterio de los titulares de las vías, ya sea el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas, que casi unánimemente se han opuesto al cambio.

Reflexión adicional

Las observaciones del informe se refieren a los artículos relacionados con los peatones, las bicis, el concepto de drogas, los límites de velocidad en las ciudades, la formación y titulación del personal auxiliar y los seguros obligatorios. Tráfico, ha dicho Seguí, está obligado a realizar una reflexión adicional sobre esas consideraciones finales y las responderá, pero en algunos aspectos, como el consumo de drogas, no será posible porque ya está recogido en la Ley de Tráfico aprobada hace unos meses. "El Reglamento no impone nada que no esté recogido en la Ley", ha subrayado Seguí antes de reiterar que su departamento no tiene intención de modificar su propuesta sobre los límites de velocidad.

"Diseño y realidad no son concordantes", asegura Seguí sobre la supuesta adaptación de las vías a los límites actuales

Seguí ha insistido en que la única herramienta, consensuada además con todos los organismos implicados, para reducir la siniestralidad en las carreteras secundarias es rebajar los límites máximos de velocidad.

Aunque algunos organismos consultados han manifestado que esas vías se han diseñado para los límites actuales, María Seguí ha señalado que "diseño y realidad no son concordantes" y que lo que debe primar es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La directora de Tráfico ha explicado que aunque la primera versión del Reglamento de Circulación la redactó su departamento, cuando el texto se elevó al Consejo de Estado había sido sometido a consulta pública durante año y medio y a un debate abierto incluso en la web del departamento. Un periodo de consultas que "ha beneficiado a la calidad del producto" y al que han concurrido todos los organismos, entidades y administraciones que han querido, tanto los que forman parte del Consejo Superior de Tráfico como los que no. Precisamente, los borradores se han discutido en el plenario de este órgano, donde se ha consensuado el texto que llegó al Consejo de Estado.

Críticas "injustas"

Respecto a las críticas sobre una posible invasión a la autonomía local al regular algunas cuestiones como la velocidad en las ciudades o el uso de la bicicleta, Seguí ha dicho que el Reglamento "se ajusta a una nueva realidad social" y ofrece un "marco de referencia a toda la ciudadanía que circula en el entorno urbano". Asimismo, ha indicado que todos los ayuntamientos que han querido han podido presentar sus alegaciones, por lo que ha considera injustas algunas de las críticas que se han vertido en este sentido.

Seguí ha aprovechado para resaltar la "profesionalidad" de los trabajadores de la DGT y la buena intención de la reforma del Reglamento, cuyos "beneficios" podrán comprobarse cuando la norma entre en vigor.

En su informe, además de reprochar el aumento del límite de velocidad a 130, el consejo cree que los responsables del proyecto, la Dirección General de Tráfico dependiente del Ministerio del Interior, no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las diferentes entidades, entre ellos la Dirección General de Carreteras.

Según el borrador del reglamento, no solo se aumentará ese límite máximo, sino que se prevé rebajar los topes en las carreteras convencionales y en muchas calles de las ciudades. De aprobarse el texto actual, la velocidad máxima de buena parte de la red secundaria de carreteras, fijada en 90 km/h, podría reducirse en algunos casos hasta los 50, una "disminución radical que puede suponer un cambio en el modelo actual de transporte y ralentizará necesariamente todos los desplazamientos", explica el Consejo de Estado en su dictamen.

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