Sociedad

Cientos de personas evitan que el Ayuntamiento de Madrid desahucie a tres familias

El Ayuntamiento de Madrid pretende expropiar a tres familias en la madrileña calle de Ofelia Nieto para aumentar seis metros cuadrados la acera en un plan urbanístico. Convocados a través de las redes, cientos de personas han propiciado que el concejal dé la orden de posponer el desahucio. 

El poder de las redes sociales ha vuelto a quedar patente este miércoles cuando una convocatoria de movilización ciudadana ha logrado evitar el desahucio de una vivienda que habitan tres familias desde hace décadas en el número 29 de la madrileña calle de Ofelia Nieto. 

Numerosos vecinos han pasado la noche rodeando la vivienda ante la inminencia del desahucio, fijado para este miércoles 14 a las 9.00 horas de la mañana. La convocatoria difundida a través de las redes citaba a los activistas a las siete, pero a esas horas ya había una importante presencia vecinal y cerca de 100 personas dentro de la vivienda, entre otras cosas porque había habido un llamamiento previo para 'acampar en la azotea' el martes a las 20.00 horas. Un amplio despliegue de Policía Municipal al que ha acudido de apoyo la Policía Nacional cortaba el tráfico en uno de los sentidos de la calle mientras los medios de comunicación han empezado a llegar a la zona. 

Los agentes municipales han sido recibidos a su llegada con el lanzamiento de piedras por parte de algunos manifestantes, por lo que tres personas han sido detenidas, siendo este el único incidente entre los presentes y las fuerzas de seguridad. Además, admiten haber tomado filiaciones por si fuera necesario denunciar posteriormente. 

Estaba previsto que la Comisión Judicial se personase en el número 29 de la calle sobre las nueve de la mañana, aunque cerca de las 8.40 horas la Policía ha comenzado a retirarse entre los gritos y aplausos de los manifestantes, ya que habían recibido la orden de la concejalía de paralizar el desahucio. 

"No tengo palabras para agradecer a todo el grupo que me ha acompañado en estos momentos tan difíciles, a mí y a toda mi familia. Estoy muy agradecida, la familia García González está muy agradecida hacia todo el pueblo, todos habéis colaborado para que esto suceda", declaraba una de las habitantes de la casa que iba a ser desahuciada. 

Seis metros cuadrados de discordia

La polémica sobre esta vivienda viene porque el Ayuntamiento de Madrid quiere derribarla porque seis metros cuadrados se interponen en la ampliación de la acera prevista en el plan urbanístico. "Las tres viviendas serán derruidas para ampliar la acera de una calle, que ya mide más de tres metros y medio y que apenas tiene tráfico peatonal", explican desde el blog creado para evitarlo. 

Desde hace meses, la Asamblea popular de Tetuán está convocando diferentes acciones para intentar evitar el derribo. Varios hashtags en Twitter que han llegado a estar entre lo más comentado o la entrega de 4.000 firmas recogidas en el Ayuntamiento han intentado frenar la decisión urbanística, aunque el consistorio ya tiene la casa acordonada y señalizada con los carteles de "prohibido aparcar por las obras que van a realizarse el 14 de agosto desde las 8.00 horas". 

La concejalía de urbanismo y el propio Ayuntamiento habrían ofrecido a las familias 399.000 euros y la opción de una vivienda en régimen de alquiler con opción a compra, algo que los afectados han descartado. "O sea, que me roban y encima les tengo que pagar. Les sale el negocio redondo. No nos queda otra que pensar que somos víctimas de los tejemanejes del Ayuntamiento", explica María Luisa, una de las habitantes de Ofelia Nieto 29. 

La parcela está catalogada como una zona residencial privada, de manera que los beneficios de la expropiación -de la que es responsable el gobierno madrileño- se los llevará la empresa adjudicataria, que es Ortiz Construcciones y Promociones S.A.. Según publica La Marea, esta empresa es propiedad de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal por fraude, cohecho y tráfico deinfluencias, además de en la rama valenciana de la trama Gürtel por financiación ilegal al PP, supuestamente por donar 300.000 euros al partido en 2008 en concepto de gastos electorales. 


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