Sociedad

Un año de derecho al olvido: Google atiende 4 de cada 10 peticiones de borrado de datos

Un año después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconocía el "derecho al olvido", Google sólo ha ejecutado el 41% de las peticiones de borrado de direcciones, unos 312.000 enlaces con material sensible o perjudicial. 

Empleado de Google
Empleado de Google GTRES

Durante el primer año tras la sentencia de Luxemburgo, Google ha recibido 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de internet. La compañía ha decidido mantener el 58,7% de las mismas en los motores de búsqueda, porque considera que las reclamaciones no se acogían a los supuestos incluidos en la sentencia, según recoge Efe. 

A nivel europeo, España es el cuarto paíscon más peticiones de borrado de URL gestionadas por Google durante este tiempo. En total son 65.544 solicitudes, de las que la tecnológica sólo ha retirado el 36,5%, mientras que ha mantenido el resto. Por delante están Francia, Alemania y Reino Unido. En país galo han sido borradas el 48% de las 145.000 direcciones de internet recibidas. En Alemania, Google ha aceptado el 49% de las 142.500 reclamaciones tramitadas. En Reino Unido, la tecnológica ha eliminado sólo el 37,6% de las alrededor de 105.000 solicitudes de borrado de enlaces gestionadas. El quinto país en la lista tras España es Italia, con el 27,6% de URL borradas de un total de 55.000 gestionadas.

La Justicia europea falló a favor del llamado "derecho al olvido" el 13 de mayo de 2014, y desde ese mismo mes, Google facilita al que quiera un formulario de petición de retirada de enlaces, cuya evaluación es considerada, caso por caso, para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos. 

Entre las solicitudes retiradas hay todo tipo de casos, como la de un activista político que fue apuñalado en una protesta y pedía a Google la retirada del enlace a un artículo relacionado con el suceso o la de un profesor condenado por un delito menor hace más de diez años. Entre las no borradas están las de un exclérigo que solicitó la retirada de dos enlaces a artículos sobre la investigación de acusaciones de abusos sexuales o la de un funcionario de alto rango que solicitó la retirada de artículos recientes sobre una condena penal de hace dos décadas.


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