José Luis de Pablo (Pepe para conocidos y familiares) es uno de los muchos emprendedores que en los últimos años han decidido crear su propia empresa. A finales de 2011, cambió la ciudad por el campo y pasó de trabajar en el sector financiero a montar una ganadería con 900 ovejas en un pequeño pueblo de Soria llamado Sotillo del Rincón.

Su idea era, desde el principio, un proyecto a largo plazo: arrendó pastos a la Junta de Castilla y León por cinco años y dos majadas, que tuvo que rehabilitar de su propio bolsillo, por 50 años. También arrendó pastos al Ayuntamiento, cuyo pago se liquida anualmente. Con cinco empleados, una inversión de 300.000 euros y, sobre todo, mucha ilusión, encajaba perfectamente en las demandas de inversión y desarrollo que tantas veces llegan desde el medio rural.

Lamentablemente, esta aventura emprendedora no ha tenido un final feliz. El viernes, Pepe tuvo que vender sus ovejas después de entrar en un proceso legal con la Administración que se prevé largo y complicado.

Conflicto de intereses

La polémica estalló en los pastos del Ayuntamiento. Tras un año funcionando con todos los permisos requeridos tanto por la Junta como por el Consistorio, llegó el momento de realizar el pago para 2013. Fue entonces cuando Pepe se encontró con que la Corporación municipal, de la que forman parte otros ganaderos de la zona (uno de ellos, el propio alcalde, León Matute), había cambiado la utilización de los prados municipales, prohibiendo su uso al ganado ovino, excepto en los meses de invierno, en los que el pasto es prácticamente inexistente debido a la climatología de la zona.

En este nuevo escenario, la explotación de Pepe resultaba inviable, por lo que decidió recurrir. La Diputación vio entonces que, efectivamente, existía un conflicto de intereses en este caso, por lo que decidió anular el Pleno en el que se formalizó esta decisión. Un par de meses después, se repitió el Pleno, que finalizó con el mismo resultado.

Es entonces cuando Pepe decide acudir a la Junta de Castilla y León, que decide convocar una reunión con el Ayuntamiento y los ganaderos. Este encuentro no produce ningún resultado, ya que no se llega a producir porque el alcalde de Sotillo del Rincón decide cancelarla. La Junta tampoco hace caso a la reinvindicación del ganadero de revisar el pliego de condiciones que aprobó el Consistorio para el aprovechamiento de los prados municipales en el que quedaban excluidas las ovejas. “No han hecho su trabajo, simplemente se han limitado a decir lo que dice el Ayuntamiento”, cuenta De Pablo a Vozpópuli.

El lento camino por la vía legal

Tras la negativa de la Junta, llega la vía legal: el ganadero presenta un recurso de alzada y lo envía al consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Antonio Silván; la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Manuel López Represa; el procurador del común Javier Amoedo, y el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera.

“Las bases para decidir el desarrollo ganadero se han cambiado a posteriori sirviendo a intereses concretos”, expone el recurso. “De haber sabido estas condiciones, no habría promovido este desarrollo empresarial, no habría construido unas naves en unos terrenos en los que no puedo estar, no habría comprado ganado, no habría contratado gente, no habría rehabilitado las dos majadas de la Junta de Castilla y León; en definitiva, no habría hecho nada”, agrega.

El mismo texto, presentado a mediados del pasado mes de abril, indica que, de continuar sin poder acceder a esos pastos, deberá “cerrar la explotación, despedir al personal contratado y malvender el ganado”, lo que finalmente sucedió este viernes, 31 de mayo, tras haber agotado las reservas que la ganadería guardaba para el invierno. Para evitar esta situación, solicitó como medida cautelar la posibilidad de continuar llevando al ganado a pastar a los terrenos municipales, pero, según explicó el viernes a Vozpópuli, el juez aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

El recurso, además, tacha de “acto ilegítimo y arbitrario” el hecho de “impedir sin justificación alguna una iniciativa ganadera, hoy en día, a alguien que quiere empezar desde cero, sin ayudas de ningún tipo, dedicándose a trabajar personalmente, creando empleos, etc.”. “Me han roto un proyecto, he despedido gente y me ha causado pérdidas económicas”, indica Pepe a este diario, inmerso en un proyecto legal lento que “favorece al Ayuntamiento”.

Pepe recuerda cómo, al comenzar con este proyecto, los medios locales se hicieron eco de su iniciativa. “La realidad es que uno llega aquí y no se encuentra más que trabas y se ponen barreras a la gente que quiere empezar de cero una actividad en un sitio nuevo”.


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