Sociedad

Se disparan las amenazas en la Administración: "Mataría a tres o cuatro funcionarios"

El sindicato CSIF denuncia que ya se produce al menos una agresión -física o verbal- al día. En las oficinas de empleo, los incidentes se han triplicado en el primer trimestre de 2015.

Funcionario víctima de una agresión.
Funcionario víctima de una agresión. CSIF

El sindicato de la función pública CSIF ha denunciado que las agresiones verbales y físicas a los empleados de las oficinas de atención de la Administración han aumentado durante la crisis hasta llegar a registrarse una por día como promedio.

Según un informe que hoy ha presentado el presidente del CSIF, Miguel Borra, las oficinas de atención al público de la Administración General del Estado (AGE) registraron 357 casos de agresión durante el año 2014, concentradas principalmente en las oficinas de empleo público y en las de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo. De ellos, un 11 % fueron casos de violencia física.

En las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) las amenazas y agresiones se han triplicado en el primer trimestre de 2015, ya que se registraron 121 comunicaciones de incidentes.

La responsable de prevención del sindicato en la Administración General del Estado (AGE), María Ángeles Mur, ha denunciado que desde la Administración "no se da ningún apoyo a las víctimas".

"No se da ningún apoyo a las víctimas", señalan desde el sindicato

"Les abandonan a su suerte porque no aportan ningún abogado, tenemos que suplirlo a través de los servicios jurídicos de los sindicatos", ha aseverado.

Mur ha explicado que este repunte se debe a la frustración que genera la denegación de la nueva prestación por desempleo, el Programa de Activación para el Empleo (PAE), entre sus potenciales beneficiarios.

Además, "las agresiones tienen un sesgo de género", ha añadido, ya que las mujeres son mayoría en las oficinas de atención de la Administración y tienen una situación de mayor vulnerabilidad.

El sindicato funcionarial tiene disponible un dossier en el que relatan algunos de los casos más graves de amenazas que tienen documentados. Por ejemplo, en 2008 en Mieres un hombre se acercó a una oficina de empleo con un hacha con la intención, según sus testimonio, de "matar a tres o cuatro funcionarios". Se puso seguridad en el edificio después del altercado, pero años después se retiró por los recortes.

También es conocido un caso de 2013 en el que un hombre entró en una oficina de la Seguridad Social en Sagunto y amenazó a los allí presentes: "Voy a venir con una garrafa de gasolina y os voy a prender fuego". Fue condenado a 40 euros. En el relato se encuentran desde agresiones verbales  físicas, como aquel funcionario que denunció una grave agresión en marzo de este año que terminó con contusiones varias en el cuerpo y la cara

Instituciones Penitenciarias

A estos casos hay que sumar las agresiones físicas en Instituciones Penitenciarias, que según datos recabados por los delegados de prevención del CSIFalcanzaron 370 casos en 2014, a pesar de que no hay datos oficiales desde 2013, donde se registraron 329 agresiones físicas.

Entre 2007 y 2014 ha habido un incremento de agresiones físicas en prisiones del 37 % y un total de 2.300 casos.

El responsable de prevención del CSIF en Instituciones Penitenciarias, Fermín Pinto, atribuye el aumento de las agresiones a "la falta grave de personal" y al "hacinamiento" de las prisiones españolas, que están entre un 130 % y un 140 % por encima de su capacidad, ha afirmado.

El informe del CSIF revela que hay 3.400 plazas vacantes sin cubrir en Instituciones Penitenciarias, debido a jubilaciones, incapacidad o excedencia, y a la ausencia de oferta de empleo público, lo que ocasiona que haya 26 módulos sin abrir en cinco prisiones diferentes del país.

A estos factores se debe añadir, según Pinto, el envejecimiento de la plantillas (el 38 % de funcionarios tienen más de 50 años) y la falta de psiquiatras en las prisiones, ya que en torno al 45 % de la población reclusa sufre alguna patología psiquiátrica.

Las agresiones verbales, intimidaciones y amenazas no se registran en Instituciones Penitenciarias.

CSIF reclama que se apruebe el plan de prevención a las agresiones a los empleados públicos, cuyo borrador está bloqueado desde finales de 2014 porque Instituciones Penitenciarias no acepta un plan común a toda la función pública, alegando particularidades del sector.


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