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El primer pufo de la Púnica llega a juicio... y no será en la Audiencia Nacional

Agentes de la Guardia Civil, en la sede del Ayuntamiento de Valdemoro durante el registro de octubre de 2014.

La celebración del primer juicio por las 'andanzas' de la trama Púnica está un poco más cerca, pero curiosamente ni lo ha instruido el juez Eloy Velasco ni se celebrará en la Audiencia Nacional. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro, María de los Ángeles Carreras, ha dado por concluida la causa que se abrió en 2012 por las supuestas irregularidades cometidas en el ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid en la adjudicación a una de las consideradas empresas de la trama, Waiter Music SL, de un contrato de 21.895 euros, IVA incluido, para la organización de la Cabalgata de Reyes del municipio de 2008. La Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebraría la vista, ya ha reclamado a las partes sus escritos de defensa y acusación para iniciar los trámites de fijar fecha del juicio. En este sumario no están imputados ni Francisco Granados ni su exsocio, el constructor David Marjaliza, pero sí el sucesor de aquel en la alcaldía, José Miguel Moreno Torres; el dueño de la empresa que recibió el contrato, José Luis Huerta Valbuena; una ex concejal del PP y una funcionaria del Consistorio. Fuentes jurídicas destacan que el resultado de esta causa puede afectar al sumario central del juez Velasco.

El juez Velasco remitió a finales de octubre a su colega de Valdemoro un informe de la UCO sobre dicha adjudicación. Poco después, la magistrada daba por concluida la investigación

La juez de Valdemoro ha tomado la decisión de dar por concluida la investigación poco después de que su colega de la Audiencia Nacional le remitiese a finales del pasado mes de octubre un breve informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detallaban las numerosas irregularidades detectadas en el concurso para la organización de la Cabalgata de Reyes de 2008 en este municipio. El documento policial concluía que por ese pufo las "autoridades" del Consistorio madrileño recibieron "como contraprestación [...] dádivas materializadas en regalos y organización de eventos para familiares" y que el PP local también "habría sido beneficiado en la organización de distintos eventos". El pasado 7 de noviembre, la magistrada dictaba una providencia por la que daba traslado del escrito remitido por la Audiencia Provincial de Madrid para que la acusación que representa a la exconcejal socialista Margarita Peña, que fue la que presentó la denuncia hace cuatro años, ratificase o modificase su escrito de acusación. La providencia fue notificada el pasado 23 de noviembre y respondida por esta parte el pasado lunes, según la documentación en poder de este diario. Es el primer paso para fijar fecha de juicio.

La investigación de la adjudicación a Waiter Music SL del contrato para sacar a las calles de Valdemoro cuatro carrozas la noche de Reyes de 2008 se remonta a marzo de 2012. Entonces, Margarita Peña, en aquel momento portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial al considerar irregular un concurso al que fueron invitadas tres sociedades, Waiter Music SL, Waiter Music Record SL y Saranais SL que eran propiedad del mismo empresario, José Luis Huerta, y su mujer. Al final, las dos últimas mercantiles se retiraron de la pugna y la adjudicación se la llevó la primera por un importe de 21.895 euros. Nueve meses después de la denuncia de la concejal socialista, ésta llegaba de la mano de Ministerio Público a los Juzgados de Valdemoro donde, por reparto, se adjudicaron las pesquisas a la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2, Susana Ruiz. Se abrían así las Diligencias Previas 368/13.

Idas y vueltas judiciales

Desde entonces la causa ha sufrido varias vicisitudes judiciales. La primera, en junio de 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó hacerse cargo de las pesquisas porque la juez no había cumplido con el trámite de elevar una exposición razonada en el que detallase la supuesta implicación del entonces parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno Torres. Cuando finalmente la magistrada cumplió este requisito, el TSJM volvió a rechazar hacerse cargo de las pesquisas al considerar que no había indicios suficientes contra este aforado. Para entonces, la titular del Juzgado ya era María Ángeles Carreras, la magistrada que ahora ha concluido la causa. De hecho, ella fue la que decidió seguir adelante con la investigación y en enero de 2014, cuando la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera habían iniciado el 'caso Púnica', tomó declaración como imputados a una concejal y a una funcionaria del Consistorio, así como al empresario José Luis Huerta. También comparecieron ante ella varios testigos.

El sumario se inició por una denuncia de una concejal del PSOE de Valdemoro que consideró irregular que las tres mercantiles invitadas al concurso fueran propiedad del mismo empresario

Una diligencia que volvió a realizar a finales de ese mismo año, cuando el dueño de Waiter Music SL ya había sido detenido dentro de la 'Operación Púnica'. Cinco meses después, en mayo de 2015, la juez solicitaba por tercera vez al TSJ de Madrid que se hiciera cargo de las pesquisas al haber encontrados supuestos indicios contra Moreno Torres. Sin embargo, cuando este tribunal se pronunció a finales de julio, el político ya había perdido su condición de aforado y, de hecho, había sido imputado por el juez Eloy Velasco. Meses después, ya en 2016, la Fiscalía solicitaba que la investigación de la adjudicación de la Cabalgata de Reyes fuera declarada causa compleja para poder prolongar en el tiempo la investigación. El 7 de marzo, el ex alcalde de Valdemoro era citado a declarar como imputado en un sumario que con él ya suma cuatro personas investigadas por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El caso recibió un impulso definitivo a finales del pasado mes de octubre, cuando el juez Velasco remitió a su colega de Valdemoro el informe que la UCO había elaborado sobre dicha adjudicación. En el mismo, los agentes autores del mismo confirmaban la presunta ilegalidad que supuso que las tres empresas invitadas por el ayuntamiento a participar en este concurso "negociado sin publicidad" fueran propiedad de la misma persona. El documento policial destacaba que con esta maniobra la trama Púnica "trató de cumplir formalmente con las exigencias de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en materia de concurrencia de ofertas", pero que el hecho de que todas ellas fueron propiedad de Huerta garantizaba que éste iba a ser el ganador. Una irregularidad que la Guardia Civil considera que sólo se pudo realizar gracias a "un concierto entre cargos/funcionarios públicos municipales con el empresario".

Un coste mayor

El informe policial continuaba que esta irregularidad no fue, sin embargo, la única de aquel concurso. De hecho, la documentación intervenida en la sede social de Waiter Music SL ha aportado pruebas de otros pufos relacionados con el mismo contrato de las Navidades de 2008. Así, el documento policial detalla que en "la contabilidad interna" de esta mercantil se encontró una liquidación de las fiestas de "Navidad de 2007/2008 en Valdemoro" del que se desprendía que la Cabalgata de Reyes bajo sospecha tuvo "un coste mucho mayor"  de los 21.895 euros iniciales, y que parte de este sobreprecio se facturó a otra de las empresas de José Luis Huerta, en concreto Saranais SL, y a la sociedad TPC Gestión Consulting SL, propiedad de uno de los principales implicados en Púnica, el constructor David Marjaliza, socio de Granados.

El informe de la UCO concluye que las supuestas irregularidades en la adjudicación de la Cabalgata de Reyes van mucho más allá que la falsa concurrencia de tres empresas

El análisis de la documentación también ha revelado que, ligado a dicho expediente, figura un segundo evento celebrado unos meses antes, el 29 de septiembre de 2007, para la celebración de un denominado 'Día de las Asociaciones'. En este sentido, la UCO encontró en el despacho del jefe de Gabinete de la Alcaldía, Alfredo Ovejero, también imputado en el 'caso Púnica', documentación que apuntan a que dicha factura formaba "parte del plan de pago de este evento que [también] fue organizado por Waiter Music" y cuyo coste ascendió a 114.039 euros, para cuyo abono el Ayuntamiento no realizó ningún tipo de contratación. Según destaca la Guardia Civil, dicha cantidad fue facturada "poco a poco" en otros festejos celebrados por el Consistorio, entre ellos la Cabalgata de Reyes bajo sospecha. En este caso, se apunta a una factura de más de 12.000 euros para la compra de caramelos para lanzar a los niños y que, en realidad, "refleja una operación mercantil inexistente con el objetivo [de] destinar el importe de la misma al pago de la deuda contraída por 'El Día de las Asociaciones".

En otro documento contable intervenido en la sede de Waiter Music SL, los investigadores han localidado seis facturas supuestamente relacionados con la Cabalgata de Reyes de 2008 de las que, en realidad, sólo una de ellas "está vinculada al expediente 473/07", el de la licitación. Pese a ello, otras tres fueron también abonadas por el Ayuntamiento de Valdemoro y la última por TPC Gestiones Consulting SL, la sociedad de Marjaliza. El informe de la UCO concluía que todas estas irregularidades revelaban "una concertación con las autoridades municipales mucho más amplia en el tiempo y en el ámbito material de la facturación pública del Ayuntamiento". Además, destacaba que "los importes de los eventos eran superiores al importe de adjudicación de los contratos, que se prestaban servicios sin procedimiento de contratación pública y que luego estas irregularidades se ajustaban falseando o engordando facturas". Un 'pufo' que ya va camino del que sería el primer juicio de la Púnica, aunque no se celebre en la Audiencia Nacional.

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