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La UE retrasa la recuperación y dilapida un 1,5% de su PIB por el exceso de normas

La hiperregulación lastra la salida de la crisis, según el 'think tank' Foro Europa Ciudadana. Las autoridades comunitarias aprueban 3.076 normas jurídicas al año: 280 normativas al mes y 18 cada día entre reglamentos, directivas y dictámenes. 

Sede de la Comisión Europea.
Sede de la Comisión Europea. Amio Cajander

Mucho se ha hablado de los efectos nocivos de la hiperregulación en España, que ha llevado al Gobierno a aprobar este viernes el proyecto de ley de Unidad de Mercado, que, siempre según las estimaciones del Ejecutivo, aportará 1,5 puntos porcentuales al PIB español durante la próxima década (1.500 millones anuales). Pero Europa tampoco le va a la zaga a España en lo que se refiere a la maraña administrativa, que merma la creación de riqueza en el territorio comunitario en una proporción similar.

El think tank Foro Europa Ciudadana acaba de publicar el informe Hiperregulación en la Unión Europea, en el que advierte de que el exceso de regulación procedente de la Unión Europea “está retrasando la salida de la crisis y la llegada de la recuperación económica”. El estudio subraya que la reducción de cargas en la UE “podría generar un aumento del 1,5% en el PIB comunitario, lo que supondría más de 150.000 millones de euros”.

El estudio, elaborado por el presidente del foro, el doctor José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, recuerda que, según datos de la propia UE, “las instituciones europeas aprueban 3.076 normas jurídicas al año, entre reglamentos, directivas y dictámenes”, lo que supone una media de 280 normas al mes y 18 al día.

Así, entre enero de 2000 y marzo pasado, las Instituciones Europeas han producido 39.832 normas jurídicas: 27.568 reglamentos, 2.098 directivas y 10.654 decisiones, lo que explica que más del 70% de las leyes de los Estados miembros procedan de Bruselas. “Una directiva de la Unión Europea implica entre 30 y 300 medidas de transposición para que el Derecho nacional pueda adaptarse a los requisitos comunitarios”, señala el documento.

El estudio valora “muy positivamente” el concepto de Smart regulation (regulación inteligente) que está empezando a utilizar la Comisión Europea basándose en la idea de que toda norma jurídica debe ser más eficaz y eficiente en la consecución de los objetivos de interés público, aportar verdadero valor añadido al sector que regula, provocar beneficios amplios a costes mínimos, respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y lograr un marco simple, claro, estable y predecible para todos: empresas, trabajadores y ciudadanos.

El informe, que analiza con detalle el fenómeno de la hiperregulación en la UE en cuatro sectores de gran peso económico y sometidos a una fuerte regulación (farmacéutico, tabaco, bancario y aéreo), concluye que en algunos ámbitos el exceso de normativa procedente de Bruselas “resulta inadmisible e intolerable”.


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