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Patronales y sindicatos preparan una batalla legal contra Empleo por la reforma de la formación

La foto del Gobierno con los agentes sociales se complica. Varias asociaciones empresariales y sindicales estudian medidas jurídicas para tratar de impugnar la reforma de la formación por todos los medios, incluido el recurso ante el Constitucional.

La foto del Gobierno con los sindicatos y la patronal se complica por momentos. La reforma de la formación que ha aprobado el Consejo de Ministros representa una declaración de guerra en toda regla para muchos miembros de la CEOE y las centrales sindicales.

Tanto es así que los servicios jurídicos de varias patronales y sindicatos ya están estudiando medidas legales contra el Real Decreto Ley presentado el pasado viernes. La idea consiste en plantear una batalla en todos y cada uno de los frentes posibles, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Entre los argumentos que barajan, los agentes sociales consideran que el decreto de la formación se ha aprobado con una urgencia injustificada; que vulnera el ámbito de la negociación colectiva; que niega el derecho a la formación, readaptación y promoción de los profesionales y que conculca las competencias de las Comunidades Autónomas. Por no hablar de las catorce sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que las cuotas que pagan los trabajadores y empresarios deben destinarse exclusivamente al reciclaje de los ocupados y por lo tanto deben ser controlados por sus representantes, esto es, patronal y sindicatos.

“Por supuesto que hay que aplicar toda la transparencia y controles posibles tras los casos de corrupción descubiertos. Pero de instaurarse el modelo que quiere Empleo, España sería el único país de Europa en el que los agentes sociales no administran la formación de los ocupados. Lo normal sería que el Gobierno financiase y gestionase la formación de parados, y que los sindicatos y patronal dirigiesen la formación de los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno ha aprovechado para juntar los dos sistemas y apropiarse de los fondos. Como no quieren gastar en formación de desempleados, toman los fondos de las cuotas que pagan las empresas y los trabajadores para su reciclaje”, explican varias fuentes al tanto de esta iniciativa.     

Incluso si no se consigue frenar el rodillo del Gobierno, se puede hacer mucho ruido en pleno año electoral, apostillan. Por un lado, buscarán el apoyo de los partidos de la oposición, aunque todavía esté por ver qué respaldo pueden conseguir después de los escándalos destapados. Y por otro, intentarán impugnar el desarrollo reglamentario y las futuras convocatorias. No en vano, estas mismas fuentes subrayan que ya han conseguido parar las dos últimas convocatorias de formación para gran irritación del Ministerio de Empleo.

El Ejecutivo aspiraba a hacerse una foto con los agentes sociales que escenificase un nuevo periodo de recuperación, marcase el fin de la soledad del Gobierno tomando medidas y acabase con la resistencia de los sindicatos a la reforma laboral. Pero la reforma de la formación puede dar al traste con esta estrategia. A juicio de las voces consultadas, se volvería a poner en evidencia que el Gabinete de Rajoy no negocia las medidas que adopta.

Y semejante declaración de guerra supondrá una reválida crucial para el presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien siempre ha optado por respaldar al Gobierno pero que esta vez tendrá que demostrar de qué lado está. No tiene otra ante la marabunta que se le está formando dentro de su propia casa. O la contundencia frente al Gobierno o la rebelión interna.

Máxime cuando el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha defendido en público que se intenten recuperar las cuotas que aportan las empresas si se les deja fuera de la formación, tal y como en efecto ha ocurrido. “Pediremos que nos devuelvan el dinero igual que con el céntimo sanitario”, sostienen fuentes patronales.


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