El juez del 3% investiga quién filtró los indicios enviados al TSJC contra Gordó

La investigación que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están llevando actualmente a cabo por el ex conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, se vio "perjudicada" cuando un periódico de tirada nacional publicó los indicios que existían contra el miembro del PDeCat que fueron enviados al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC); órgano que, por el momento, rechazó abrir causa contra el aforado.

El malestar que creó dicha filtración entre los investigadores fue grande ya que se habían “reventado” unas diligencias que eran secretas y cruciales para llegar a los máximos responsables del sistema del 3 por ciento en Cataluña. Por esta razón, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo pidieron al instructor que abriera una pieza separada para investigar quién dio el chivatazo de lo ocurrido con Gordó. 

Según informan fuentes jurídicas, acto seguido el juez de El Vendrell decidió abrir una pieza secreta para indagar de dónde pudo venir la filtración que ha puesto en riesgo la investigación sobre Gordó. Asimismo, la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona ha abierto unas diligencias para ver si el soplo pudo haberse producido en el seno de este organismo.

Tanto el juez Bosch, como el Ministerio Público y Guardia Civil otorgan un papel preponderante al ex conseller Germà Gordó, en la trama del 3 por ciento en Cataluña. Los investigadores creen que Gordó habría tenido un "poder decisorio" y "autoridad" tanto en la "gestión administrativa como económica del partido Convergencia Democrática de Cataluña", donde ostentaba el cargo de gerente, como en las "fundaciones vinculadas al mismo que sustentan económicamente y son el principal recurso económico de dicho partido, principalmente Catdem (Antigua Fundació Trias Fargas), y Fundació Fórum Barcelona".

Sin embargo, tres magistrados del TSJC -Jesús María Barrientos, Enric Anglada y Carlos Ramos- emitieron el pasado 11 de enero un auto donde sostuvieron que "no había lugar" a la apertura de un procedimiento penal contra el ex conceller Gordó, por encontrar "inconcreciones" en el escrito remitido por el juez.

En dicho auto, la Sala rechazaba además acordar la realización de los registros planteados por el juez de El Vendrell al ser una  "medida prospectiva y genérica, afectando injustificadamente a todos los domicilios particulares y profesionales" del diputado del PDeCat y planteaba que se le diera la posibilidad al aforado de declarar de forma "voluntaria" en sede judicial.