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El fiscal pide una pena 9 años de inhabilitación para Homs por la consulta del 9-N

El Ministerio Público ha remitido este miércoles su escrito de acusación al Tribunal Supremo donde pide sentar en el banquillo de los acusados al ex portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, por la consulta separatista del 9-N.

El juez del Supremo procesa a Homs por la consulta del 9N
El juez del Supremo procesa a Homs por la consulta del 9N EFE

La celebración del referéndum del 9-N en Cataluña puede suponer para Francesc Homs el fin de su carrera política si finalmente es condenado por estos hechos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este miércoles escrito de acusación ante dicho órgano en el que se solicita la apertura de juicio oral contra el actual diputado del Congreso, Francesc Homs, por su gestión en la etapa en la que era Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de Cataluña, en relación con la votación realizada el 14 de noviembre de 2014 cuando se celebró la consulta separatista del 9-N.

En el escrito, el Ministerio Público considera que los hechos por los que se invetsiga en el Alto Tribunal a Homs son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal y de un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública del artículo 410.1.

El fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos. Asimismo, el representante de la acusación pública explica que si el Tribunal optara por penar los citados delitos por separado, el Fiscal solicita que se imponga por el delito de prevaricación la pena de inhabilitación especial por 7 años y 6 meses, y por el delito de desobediencia, una multa de 5 meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación.

"Desafío completo" al TC

En su escrito, el Fiscal afirma que "el acusado Francesc Homs no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su Departamento a disposición del CTTI para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas,  y, en definitiva, potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado “proceso participativo”.

Sobre la desobediencia al fallo del Tribunal Constitucional que suspendió la celebración de la consulta del 9-N, la Fiscalía sostiene que “el entonces Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno, las Consejeras de Gobernación Joana Ortega y de Educación Irene Rigau, siendo los tres aforados ante el TSJ de Cataluña –donde se sigue causa con el número 1/2015 contra los mismos- y, en lo que a esta causa atañe, por el acusado Francesc Homs, aforado ante el Tribunal Supremo, entonces Consejero de la Presidencia y Portavoz, en cuya consecuencia máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, de la coordinación interdepartamental, así como de la publicidad institucional y de la comunicación, articularon de común acuerdo una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014”.

Sobre el ex portavoz de la Generalitat, encausado ahora por el Supremo, el Ministerio Fiscal añade que fue "plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del  Tribunal Constitucional”.


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