Tras el pago a proveedores, Hacienda sentará a los ayuntamientos en abril para "redefinir competencias"

Una vez culminen los pasos para hacer posible que los proveedores de los entes locales cobren sus facturas impagadas comienza el segundo capítulo que afecta a los municipios. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene intención de sentar en el mes de abril a los ayuntamientos para "redefinir competencias", tal y como les ha trasladado el secretario de Estado de Administraciones Públicas a la dirección de la FEMP, Antonio Beteta, con quien se reunió el pasado 25 de enero en la Comisión Nacional de Administración Local, bajo la presidencia del ministro Cristóbal Montoro.

La Federación Española de Municipios y Provincias ya ha creado grupo de trabajo "ad hoc" encabezado por su presidente y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo; el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo; el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, José Masa; el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, y, por último, el regidor de Teruel Joaquín Peribáñez, además de personal técnico de la FEMP. En este grupo están representados PP, PSOE, IU, CiU y PAR y a ellos les corresponderá dar los primeros pasos para avanzar en lo que Montoro ha definicido como "una Administración, una competencia" que exigirá una nueva Ley de Gobierno Local.

La especificidad de los ayuntamientos pasa por lo que se ha dado en llamar "competencias impropias" o "gastos no obligatorios". En algunos casos por dejadez de las Comunidades de las que dependen, en otros por iniciativa propia, los ayuntamientos dan servicios a los ciudadanos para los que carecen de marco competencial y, por tanto, de financiación específica. De media, los entes locales se dejan un 26 por ciento de su presupuesto en estas competencias, repartidas de la siguiente manera: un 30 por ciento en gastos de seguridad y de protección civil, un 25 por ciento en cultura, un 12 por ciento en servicios sociales y un 8 por ciento en otros servicios comunitarios. Juan Ignacio Zoido denunció recientemente la asfixia de los entes locales provocada por la caída en picado de ingresos y la prestación de servicios para los que se carece de una línea de financiación.

La intención del Gobierno no sólo es acabar con las duplicidades sino también con el "vicio" adquirido en los años de bonanza económica de asumir prestaciones no obligatorias por las que luego hay que cortar de raíz cuando vienen mal dadas. En este sentido Hacienda es terminante, lo que no quiere decir que en ese nuevo marco competencial se decida finalmente que algunos servicios públicos de titularidad estatal o autonómica acaben en manos de los ayuntamientos si se entiende que es la administración que mejor los puede gestionar.

Esta misma semana se cumplió el plazo para que los ayuntamientos presentaran al Ministerio sus facturas impagadas a proveedores. Eso sí, apra poder acogerse a esta línea de crédito están obligados a elaborar un plan de ajuste del que darán cuenta antes del día 31 de este mes. Hacienda se da un plazo de treinta días para validar dichos planes, de modo que los proveedores no comenzarán a cobrar hasta mayo. Sin embargo, no está Beteta dispuesto a esperar tanto para comenzar a abordar el marco competencial, asunto que ve sencillo ante el estupor de los representantes de los alcaldes. Una vez éstos presenten sus ajustes a finales de este mes, comenzarán a trabajar a fondo para desenredar la maraña de duplicidades en que ha derivado la triple administración del país, esto es , la Administración General del Estado, la autonómica y la local, eso sin contar la de las diputaciones, veguerías, concellos, consells y demás.

No hay plazos, pero de esa negociación dependen dos cuestiones fundamentales: la Ley del Gobierno Local y la de financiación de los entes locales. En este sentido, desde la FEMP se apuesta por repensar el sistema de Participación de los ayuntamientos en los Ingresos del Estado (PIE)  y avanzar, al tiempo, en la participación en los ingresos tributarios de las Comunidades autónomas.