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El objetivo de déficit se desvía un 2,51% por el desaguisado autonómico

“Somos miembros fiables del euro”, subrayó tajante ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y todo, a pesar de anunciar minutos antes un déficit público en 2011 del 8,51%. Esto es, 2,51 puntos porcentuales más que el objetivo previsto del 6%. ¿El responsable? En su mayor parte las comunidades autónomas que, un año más, no lograron embridar sus cuentas.

De traducirse a euros contantes y sonantes, el baile de porcentajes es de mareo: teniendo en cuenta que un punto porcentual del PIB equivale a 10.000 millones, la desviación del déficit se traduce en 25.100 millones –con cargo directo al bolsillo de los contribuyentes-. Y de ese monto, 16.400 millones son responsabilidad de las autonomías.

Las tijeras del Gobierno empiezan a quedarse pequeñas. El Gobierno, en principio, habría previsto que 2011 cerraría finalmente con un déficit de “en torno al 8%”. Pero la previsión se le ha quedado corta. Ese primer cálculo llevó al ejecutivo a efectuar “una restricción de gasto de 9.000 millones y subidas de impuestos de 6.000 millones”. La nueva cifra implicará medidas adicionales para ingresar en la caja los 25.100 millones que faltan.

Rediseñar la arquitectura institucional

Con todo, Montoro no quiso culpabilizar a nadie y entonó el mea culpa en nombre del Gobierno central: “todos somos el Estado de las autonomías”, remachó. Las regiones fueron las más díscolas en cuestiones de déficit con una desviación del 1,64%. De lejos, le siguieron la Seguridad Social con un 0,49%, la Administración central con un 0,3% y las corporaciones locales lo hicieron con un 0,08%.  

Todas las autonomías, sin excepción, cerraron en números rojos. Castilla La Mancha registró con un 7,3%, Extremadura con un 4,59% y Murcia con un 4,33% se proclamaron las campeonas del déficit.  Las que menos: Madrid (1,13%), Galicia (1,61%) y Canarias (1,78%).

Los mercados ya habían anticipado el desaguisado regional en relación a las cifras y, no en vano, habían puesto a las 17 autonomías bajo la lupa. “Queremos hacer una política fiscal realista, posible y factible”, remarcaba Montoro ayer. Para ello, el Gobierno hizo ayer hincapié en lo que llamó “trabajar sobre la arquitectura institucional”. Esto es, la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Esta ha sido una de las primeras reformas que ha acometido el nuevo Gobierno y prevé mecanismos sancionadores para las regiones incumplidoras con el déficit.  


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