La crisis económica dispara la morosidad en la asistencia jurídica

Ningún sector profesional está al margen de la crisis, ni siquiera la Justicia. La crisis ha azotado también a los letrados, que se enfrentan cada vez más a problemas de impagos. En el caso de la justicia gratuita, procedentes de las comunidades autónomas.

Según datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el número de personas dedicadas a esta profesión disminuyó un 9,63% en 2010 respecto al año anterior. Aunque la crisis ha sido menos dura en comparación con el resto del sector servicios, se ha producido un estancamiento en el volumen de negocio que, según los últimos datos disponibles (2009), se ha contraído un 0,78%.

Se trata de un sector muy atomizado, ya que siete de cada diez profesionales trabajan por cuenta propia en pequeños despachos. Es el caso de María Dolores Ortiz, abogada y creadora del portal jurídico masqueabogados.com. Ortiz señala que se está convirtiendo en un recurso habitual la fusión de pequeños despachos o que varios profesionales compartan una misma oficina, para minimizar el impacto de los costes fijos. "Si no puedes mantenerte, ¿qué haces? Juntarte con otro despacho", explica.

Desde el comienzo de la crisis, según señala Ortiz, el número de clientes en el sector privado ha descendido, ya que muchas personas optan por acudir a la justicia gratuita. En el caso de aquellos que no tienen derecho a este servicio, la negociación de honorarios a la baja o solicitar pagar a plazos se están convirtiendo en costumbre.

“Tenemos mucho trabajo pero nos cuesta mucho cobrarlo”, cuenta Ortiz, que añade que los colegios de abogados también han tenido que adaptarse a la situación económica, congelando y en ocasiones incluso reduciendo las cuotas.

Las administraciones recortan la asistencia gratuita

El en sector público las cosas no van mejor que en el privado. En algunas Comunidades Autónomas, los abogados del turno de oficio han salido a la calle para protestar frente a las administraciones públicas. En la mayoría de los casos, se trata de retrasos en los pagos, como sucedió en la Comunidad de Madrid.

La región gobernada por Esperanza Aguirre ya se enfrentó a una huelga de los abogados del turno de oficio en junio de 2011, que exigían al Ejecutivo autonómico el pago de sus retribuciones. El pasado 9 de febrero, la Comunidad aprobó un pago de 30,8 millones de euros para subsanar la situación de la justicia gratuita.

Los últimos en echarse a la calle han sido los letrados valencianos. El pasado 3 de febrero, los abogados del turno de oficio protestaron frente al Palau de la Generalitat en contra del recorte que ha fijado la autonomía en las retribuciones de estos profesionales, congeladas desde 2005. Desde la Generalitat anunciaron que el recorte era del 29%, pero los profesionales aseguran que, de media, la rebaja supone un 37% y alcanza el 60% en algunos servicios. El caso más sangrante es el de los juicios rápidos, cuya retribución ha bajado de 214 a 90 euros.

Este ajuste ha llevado a los abogados de Alicante ha seguir el ejemplo de los madrileños, restringiendo la prestación del servicio a los mínimos que permite la ley. Esta acción de protesta dio comienzo el 6 de febrero, durante dos meses prorrogables. En esta comunidad, la justicia gratuita se enfrenta, además de a los recortes, a un retraso en el pago cercano a los 11 millones de euros desde marzo de 2011.

El CGAE publicó hace unas semanas una nota en apoyo a los profesionales afectados por esta situación. Según el Consejo, más de 1.800.000 personas acuden cada año en España a la justicia gratuita, “cifra que ha crecido exponencialmente como consecuencia de la inmigración, primero, y de la crisis, después, pero también de las propias disposiciones legales que han obligado a atender a más ciudadanos”.