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Los extranjeros que hagan depósitos en Suiza deberán declararlos en su país

Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza y esconderlo al fisco de sus países van a tener que mentir y violar la ley, dado que la Confederación Helvética pretende obligarlos a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen. Esta es la medida "más espectacular" de una serie que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el "dinero sucio" depositado en las arcas del sector bancario suizo.

Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza y esconderlo al fisco de sus países van a tener que mentir y violar la ley, dado que la Confederación Helvética pretende obligarlos a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen. Esta es la medida "más espectacular" de una serie que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el "dinero sucio" depositado en las arcas del sector bancario suizo.

En la práctica, un ciudadano chino, español o sudanés que quiera depositar una suma "importante" de dinero en un establecimiento helvético tendrá que firmar una declaración en la que atestiguará haber pagado los impuestos correspondientes en su país por dicho monto.

Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos y si sigue sin estar convencido, deberá rechazar el depósito del dinero. En el caso de que este ciudadano mintiese y las autoridades suizas lo supieran, podrían eventualmente iniciar un proceso legal contra él, aunque este es uno de los aspectos jurídicos que debe aún desarrollarse y concretarse.

Asimismo, aún no se ha determinado cual será el monto a partir del cual se deberá firmar la declaración, qué controles exactos deberán aplicar los bancos, o si la FINMA, el controlador del mercado financiero suizo, jugará un papel o no en esta materia, entre otras cuestiones. Es por ello que el Gobierno se ha dado hasta septiembre para desarrollar la normativa.

Lo que sí está claro es que la nueva legislación no tendrá carácter retroactivo y sólo se aplicará a los depósitos que se efectúen una vez esté en vigor.

Respeto al sacrosanto secreto bancario

La reacción de la Asociación Suiza de Bancos (ASB) no se ha hecho esperar y si bien la aceptan y la acatarán, han dejado claro que los bancos no tienen que ser los responsables del comportamiento legal o ilegal de sus clientes con respecto a su relación con el fisco de sus países de origen.

Asimismo, la patronal de los bancos ha solicitado que las nuevas disposiciones no sólo se apliquen a los bancos sino a todos los intermediarios financieros, y ha mostrado sus deseo de que otras plazas financieras en el mundo se encaminen en la misma dirección.

Uno de los aspectos que alaban los bancos es el hecho de que la nueva normativa no incluya el intercambio automático de informaciones entre Suiza y un tercer país sobre los titulares de los depósitos. El Consejo Federal pretende salvaguardar el sacrosanto secreto bancario y mantener el anonimato de los clientes extranjeros con depósitos en Suiza, y estima que el impuesto liberatorio es el mejor método para contentar al fisco de terceros países.

A cambio, Suiza promete mejorar la asistencia administrativa y la cooperación judicial según las normas internacionales. 

El impuesto liberatorio es retenido por el banco y transmitido directamente a las autoridades fiscales extranjeras sin transmitir la identidad del cliente.

Impuesto liberatorio

Desde principios de 2011, Suiza negocia un impuesto liberatorio con diferentes países y a cambio pide que se mejore el acceso al mercado a las instituciones financieras suizas y que se encuentre una solución estable para los datos fiscales obtenidos ilegalmente.

Uno de los efectos colaterales e inmediatos del anuncio de la mueva normativa es que facilita la aprobación en la Cámara Baja de un complemento a la convención de doble imposición entre Suiza y Estados Unidos -un voto previsto para la próxima semana- dado que el Partido Socialista exigía la implementación de la legislación a cambio de su voto afirmativo en el Congreso.


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