Los fondos internacionales no invertirán en España si no mejora en buen gobierno

Las empresas españolas cuentan con un hándicap a la hora de despertar la confianza de los grandes inversores institucionales del exterior: los códigos de gobierno corporativo vigentes en la actualidad. A la hora de atraer a este tipo de accionistas, las compañías se están encontrando con un rechazo fundamentado en que la legislación española en materia de buen gobierno se ha quedado obsoleta, al contrario de lo que ha sucedido con la política de los institucionales.

Las diversas consultoras especializadas en gobierno corporativo contratadas por las empresas han trasladado ya el mensaje. El argumento más empleado por los institucionales es que la legislación de buen gobierno corporativo de España data de mediados de la pasada década, es decir, es anterior al estallido de la actual crisis.

“Desde entonces han pasado muchas cosas, la caída de la gran banca de inversión estadounidense, intervenciones de gigantes bancarios, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el desplome de los mercados con la actuación de los especuladores…”, recuerda un experto en gobierno corporativo.

“Mientras que los inversores institucionales han adaptado sus políticas de inversión a estas circunstancias, la normativa española no ha hecho lo propio, lo que genera desequilibrios”, prosigue. Así, muchos de estos inversores han incorporado un buen número de restricciones a la hora de invertir.

Indemnizaciones, comisiones, sueldos...

Los fondos están especialmente preocupados por cuestiones relacionadas con la composición de los consejos de administración (con un número de independientes que aún se considera escaso) y las actuaciones de las diversas comisiones internas.

Además, tampoco inspira confianza aspectos como las millonarias indemnizaciones y los elevados sueldos, estos dos aspectos íntimamente relacionados con el sector financiero. Los inversores institucionales destacan que los honorarios de la gran banca son los más elevados de Europa.

Diversas compañías españolas han requerido los servicios de consultoras especializadas en gobierno corporativo a fin de conocer aquellos aspectos a mejorar en este sentido. La respuesta obtenida ha sido contundente. No se trata de un problema individual sino sistémico.