Baleares y Comunidad Valenciana se embolsan el dinero de Hacienda

Hacienda somos todos… menos la Comunidad Valenciana y Baleares. El viejo lema de la Agencia Tributaria está siendo desafiado por dos de las autonomías con más apuros financieros que –según han revelado a Vozpópuli fuentes del fisco—no están remitiendo a Hacienda las retenciones que aplican a las nóminas de sus empleados públicos y funcionarios. Según esas mismas fuentes, los empleados públicos perciben sus nóminas como de costumbre (descontándoles de sus nóminas las retenciones de Hacienda) pero las dos autonomías están reteniendo en su tesorería el dinero que corresponde a la hacienda pública.

Se trata de unos 100 millones de euros al mes, en el caso de la Comunidad Valenciana y de unos 30 millones mensuales en el caso de la Balear que acumulan impagos de, al menos, dos meses. En total 260 millones aproximadamente sobre los que la Agencia Tributaria ha emitido ya requisitorias reclamando intereses de demora a los gobiernos regionales.

Los intereses de demora que Hacienda ha reclamado pueden rondar el 1,5%, lo que significa que ambas autonomías tendrán que aportar unos cuatro millones de euros adicionales como penalización por sus impagos. Sin embargo, los expertos en materia tributaria consultados por Vozpópuli consideran que con la normativa actual hay un incentivo a no saldar puntualmente las deudas con Hacienda dada la escasa penalización que el fisco exige.

Tres trampas públicas para evitar la insolvencia

Las trampas de las autonomías con las cuentas públicas salpican ahora a Hacienda, después de haber afectado también al Tesoro y a la Seguridad Social.

El Tesoro ha tenido que intervenir ya en tres ocasiones para evitar situaciones de insolvencia de las autonomías. El Estado Central realiza dos pagos mensuales a las comunidades autónomas para que ejecuten sus pagos corrientes: el primero suele realizarse entre los días 13 y 16 y el segundo a en la última semana del mes. Sin embargo, antes del cierre del año, la Vicepresidenta del gobierno socialista, Elena Salgado, adelantó los fondos de diciembre a todas las autonomías para evitar que los bancos –que cerraban ejercicio fiscal a 31 de diciembre—registraran situaciones de impagos de las administraciones públicas y, por tanto, declararan insolventes a algunas de ellas. Ese primer adelanto se tuvo que completar, en un caso extremo: el de la Comunidad Valenciana. La Generalitat recibió fondos correspondientes al año siguiente (2012) para poder devolver los 123 millones de euros pendientes de pago en un crédito a Deutsche Bank. En esta ocasión saltaron todas las alarmas porque no se trataba de un “adelanto de paga” más –aseguran fuentes del Tesoro—sino que suponían tomar fondos del ejercicio 2012 para tapar los agujeros del anterior, 2011. Ese fue el segundo adelanto de fondos que fue calificado por los bancos como un auténtico rescate financiero, un término que el gobierno sigue rechazando. El tercero está siendo más prolongado en el tiempo ya que, desde que llegó Cristóbal Montoro al ministerio de Hacienda, se están adelantando las pagas de manera regular a cada autonomía y se les han alargado los plazos (de cinco a diez años) para que repaguen sus deudas al Estado Central.

La segunda trampa fue la del impago a la Seguridad Social. Según publicó el diario El País, la Generalitat Valenciana dejó de pagar las cotizaciones sociales de sus funcionarios. La comunidad dejó de pagar esa cuotas (74 millones de euros) que la Seguridad Social no desvela si ha recibido ya o no. Cataluña tampoco pagó en enero esas cuotas a la Seguridad Social (122 millones) y Aragón sólo pagó la mitad de sus cotizaciones en noviembre, pero –a día de hoy—tiene sus saldos en orden.

Ahora se produce la tercera trampa con las cuentas públicas: la de retener los fondos de Hacienda.  Además de esos impagos públicos, las autonomías suman deudas millonarias con acreedores privados. En el caso de la Generalitat Valenciana, la Administración regional debe a sus proveedores casi 3.500 millones de euros a farmacias, universidades y otros prestadores de servicios, según las cuentas del consell y de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana.