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La concesionaria del aeropuerto de Castellón convoca junta para dirimir su futuro

La difícil situación del aeropuerto de Castellón, que no opera vuelos pese a estar concluido desde la pasada primavera, repercute directamente en su concesionaria, que ha decidido convocar de urgencia una junta de accionistas para el próximo 20 de febrero. En la reunión se analizará la situación en la que ha quedado la sociedad tras la ruptura unilateral por parte de la Generalitat del contrato de concesión, previsto para un periodo de 45 años.

La difícil situación del aeropuerto de Castellón, que no opera vuelos pese a estar concluido desde la pasada primavera, repercute directamente en su concesionaria, que ha decidido convocar de urgencia una junta de accionistas para el próximo 20 de febrero. En la reunión se analizará la situación en la que ha quedado la sociedad tras la ruptura unilateral por parte de la Generalitat del contrato de concesión, previsto para un periodo de 45 años.

La convocatoria ha sido promovida por Globalvía (filial de concesiones de infraestructuras participada por Caja Madrid y FCC), que cuenta con un 45% de la concesionaria, y Lubasa, que es el segundo máximo accionista, con una participación del 30%. Completan el capital de la compañía Bancaja (15%), Abertis Aeroports (5%) y la consultora PGP (5%).

El escenario se terminó de complicar para Concesiones Aeroportuarias a finales del pasado año, cuando la Generalitat, propietaria de la promotora del aeropuerto de Castellón, decidió acabar con el contrato de forma unilateral.

Anteriormente, la sociedad había denunciado al Gobierno autonómico por incumplir una de las obligaciones contempladas en el contrato, consistente en la presentación de la pertinente documentación para avalar las pérdidas de los próximos ocho ejercicios.

Acciones contra la Generalitat

Concesiones Aeroportuarias analizará durante la junta la situación financiera en la que ha quedado tras la resolución del contrato y posibles medidas a tomar, entre las que se encuentra ir de nuevo contra la Generalitat Valenciana para reclamarle la cantidad que ha invertido hasta la fecha en la infraestructura, que supera los 70 millones de euros. Precisamente, el contrato de concesión obligaba a la Generalitat a abonar la cantidad en el caso de que hubiera una ruptura unilateral del contrato.

Fuentes oficiales de los principales socios de la compañía declinaron hacer comentarios sobre la convocatoria de la junta, en la que también se aprobarán las cuentas correspondientes al año 2010. Además, también se procederá a realizar algunos nombramientos en el consejo de administración.

El cese repentino del contrato de concesión del aeropuerto de Castellón supone otro duro golpe para la compañía concesionaria, además del fiasco que ha supuesto, por el momento, la puesta en marcha de las instalaciones.


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