Publicado: 19/01/2012 10:34
La multinacional Gas Natural, participada por Caixa Holding (36,68%), Repsol (31,21%) y la estatal argelina Sonatrach (3,85%), está presente en entramado societario, formado por una veintena de sociedades, que investiga la Audiencia Nacional por posibles delitos contra la Hacienda Pública (fraude de IVA) en la comercialización de bonos de derechos de emisión de CO2, según se desprenden de las diligencias previas del proceso, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
Gas Natural se encuentra en la trama de uno de los cinco grupos organizados en los que se divide la investigación, al que denominan Grupo Saman. Tres directivos del departamento de Trading de la energética que preside Salvador Gabarró han sido imputados en el proceso de diligencias previas.
El juzgado número dos de la Audiencia Nacional, que dirige Ismael Moreno, lleva trabajando en el caso desde 2009, con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. El proceso se encuentra en la parte final de la investigación de diligencias previas, y en cuestión de un mes o mes y medio, según fuentes judiciales consultadas, se espera que el juez Moreno dé el siguiente paso: incoar el procedimiento abreviado y apertura del juicio oral sobre aquellas personas y empresas que determine.
En principio, parece que el procedimiento pasaría a la Audiencia Penal Central. En la actualidad, hay un gran número de imputados, y sólo uno de ellos, de origen pakistaní, se encuentra en la cárcel, pese a contar con una fianza de 100.000 euros, como forma de asegurar su presencia en España. Otros eslabones del entramado societario se encuentran en paradero desconocido desde que se inició la actividad policial y judicial del caso.
Informes demoledores contra Gas Natural
Algunos informes de las investigaciones de la Audiencia Nacional son demoledores contra Gas Natural. “Gas Natural forma parte de la organización, y sin su intervención sería imposible la realización del fraude”, dicen.
Además, los investigadores alertan de una serie de conclusiones en el informe posterior a las declaraciones de los tres imputados. Primero, se cuestionan cómo Gas Natural ha podido mantener un negocio cercano a 30 millones de euros con una empresa sin domicilio conocido (en referencia a Saman, empresa a la que compraban los bonos), cuya administrador se encuentra en paradero desconocido, sobre todo, siendo expertos y conocedores del importante fraude que se había cometido en el sector en diferentes países de la UE, como Reino Unido, Francia y Bélgica.
Un segundo punto que destaca es que para calcular las operaciones Gas Natural no tenía en cuenta que al precio del bono debía sumarse el IVA. "Nos encontramos ante una operación que carece de lógica comercial, a no ser que existan otro tipo de compensaciones que hayan quedado ocultas. Además, en caso de que no fuese así, Gas Natural asumiría un importante riesgo y costo en la operación, de la que todo el beneficio quedaría en manos de un testaferro”.
El tercer punto hace referencia a la caída del volumen de transacciones de CO2 “de manera espectacular en el mes de octubre de 2009, a raíz del cambio legislativo que se produce en España para frenar esta práctica, que en Europa el fraude sumaba los 5.000 millones . “Resulta extraño que para justificar esa reducción en el volumen de negocio, los responsables acudan a explicaciones cómo que los proveedores habían dejado de ofertar”.
'Modus Operandi'
El modus operandi que se investiga consiste en la realización de adquisiciones intracomunitarios de derechos de emisión para revenderlos en territorio español y éstos a su vez son canalizados a
la reexpedición intracomunitaria o internacional para reiniciar el proceso. En la reventa inicial, la partida del IVA no es ingresada en la Hacienda Pública, y sin embargo sí es deducida por el adquiriente.
En el caso de Gas Natural, la energética compró derechos de emisión a Samán por valor de 28,83 millones, y por las que Saman no liquidó el IVA que en 2009 ascendió a 4,6 millones.
"Esta operación genera precios realmente reducidos de los derechos de emisión de CO2, si bien dichos precios artificialmente reducidos están condicionados por la ausencia de pago del IVA en la primera fase. De este modo, se da la paradoja de que el mercado funciona para todos los operadores, absorbiendo la Hacienda Pública las pérdidas".
El carrusel de fraude de IVA estructurado por esta trama, según las diligencias previas, consiste en que Saman, una empresa fantasma que opera bajo el rol de missing trader (su responsable Christopher Burton se encuentra en paradero desconocido y su domicilio socil es ilocalizable), compra bonos de emisión de CO2 en operaciones intracomunitarias exentas de IVA. Su principal proveedor extranjero es la compañía Greenstream Network, que previamente los compra en Francia a la bolsa Bluenext. Saman a su vez los vende a Gas Natural repercutiendo un 16% de IVA.
Gas Natural los vende nuevamente a Bluenext, pero se entiende que el precio debe ser comercialmente bueno para bluenext, esto es menor al que vendió horas antes, según las investigaciones. Gas Natural gana de la venta de los derechos y del IVA soportado y que no ha podido repercutir a BlueNext por tratarse de una operación intracomunitaria.
Fuentes oficiales de la compañía subrayan que “Gas Natural Fenosa no ha participado en el supuesto fraude del IVA en operaciones de compraventa de derechos de emisión de CO2 que investiga la Audiencia Nacional. Gas Natural Fenosa siempre ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones tributarias y ha desempeñado su actividad empresarial con diligencia. Desde el primer momento, la empresa está ofreciendo colaboración activa a las autoridades que investigan los hechos, con el fin de esclarecerlos.”
“El procedimiento continúa en fase de investigación judicial, con lo que no se ha formulado acusación contra la empresa ni contra ninguno de sus empleados. Confiamos en que dicha investigación confirmará que tanto Gas Natural Fenosa como sus empleados han actuado en todo momento de modo irreprochable”, explican.
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