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El Gobierno planteará a los sindicatos una reforma ‘light’ del seguro de desempleo

Fuentes gubernamentales explican que las dos próximas encuestas de población activa, pendientes de salir en enero y en abril, serán catastróficas en términos de destrucción de puestos de trabajo, lo que deja escaso margen para entrar a fondo en una reforma completa de la actual cobertura por desempleo, a la que se dedica anualmente un presupuesto superior a 30.000 millones de euros, a razón de 2.500 millones al mes. De este importe, casi 21.000 millones corresponden al pago de prestaciones contributivas y el resto al abono de subsidios.

Fuentes gubernamentales explican que las dos próximas encuestas de población activa, pendientes de salir en enero y en abril, serán catastróficas en términos de destrucción de puestos de trabajo, lo que deja escaso margen para entrar a fondo en una reforma completa de la actual cobertura por desempleo, a la que se dedica anualmente un presupuesto superior a 30.000 millones de euros, a razón de 2.500 millones al mes. De este importe, casi 21.000 millones corresponden al pago de prestaciones contributivas y el resto al abono de subsidios.

El Gobierno no desea abrir en estos momentos un nuevo frente de fricción con los sindicatos cuando todavía no se ha alumbrado siquiera la nueva reforma laboral, por lo que les planteará una reforma suave del sistema de cobertura para perseguir, sobre todo, el fraude en el cobro del seguro de desempleo y evitar que las empresas utilicen las prestaciones del Instituto Nacional de Empleo como un mecanismo de prejubilación en los últimos años de vida laboral de sus empleados. “Este es un abuso que vamos a suprimir por mucho que se enfaden las grandes corporaciones”, adelantan estas fuentes.

Taponar este último agujero supondrá una reforma legal que el Gobierno de Zapatero dejó colgada en el aire en su intención inicial de obligar a las empresas con beneficios a pagar la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años sometidos a jubilaciones anticipadas. Este conato de legislación se suscitó a raíz de la polémica levantada por las prejubilaciones anunciadas por Telefónica. En todo caso, se mantiene firme el compromiso de Rajoy de suprimir las prejubilaciones, salvo circunstancias muy excepcionales, y de fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral haciéndola compatible, incluso, con el cobro parcial de la pensión.

En el Gobierno se considera también necesario incentivar la búsqueda de empleo por parte de los parados una vez se hayan puesto en marcha los servicios privados de intermediación y se hayan reformado los servicios del Inem. Una fórmula que se baraja es la de retocar los subsidios de manera paulatina siguiendo el modelo británico, de forma que se comience cobrando el máximo de la prestación, establecido ahora en 1.300 euros mensuales, para que vaya disminuyendo mes a mes en un porcentaje todavía sin definir.

“Este último paso se verá cuando se den las condiciones para crear empleo, entre otras cosas porque será una de las reformas de calado que nos termine pidiendo Bruselas”, afirman estas fuentes. “No solo se trata de incentivar la búsqueda de empleo, sino también de combatir la economía sumergida, un objetivo que con la creciente pérdida de ingresos terminará siendo prioritario”, añaden.

El Gobierno se plantea también reformar algunos de los requisitos que rigen para la capitalización del desempleo, parcialmente retocados en la última ley de Presupuestos. La puesta en marcha de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad queda relegada, en principio, para el medio plazo.

Para la reforma del sistema de desempleo, el PP buscará verse arropado no solo por los sindicatos, sino también por la mayoría de las fuerzas políticas. De todas ellas, CiU es la que más predisposición ha mostrado a respaldar cambios en esta dirección para acabar con la cultura del subsidio y el gasto improductivo.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, la duración del seguro de paro está vinculada a los periodos de cotización. En España, el trabajador debe haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años para poder acceder a su cobro. La duración de la prestación va de los seis meses a un máximo de 24. En los seis primeros se ingresa un 70% del sueldo medio de los últimos 180 días de ocupación y un 60% en el periodo restante. Agotada la prestación, se accede a los 426 euros que el Gobierno prorrogará a partir de febrero. Francia es el país en el que más dura el cobro del paro, un máximo de 36 meses, e Italia el que menos, un máximo de doce, en el caso de que el parado supere los cincuenta años.


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