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Las comunidades que incidan en las desviaciones presupuestarias recibirán sanciones más duras

Según el anteproyecto de ley analizado hoy por el Gobierno que el próximo martes será trasladado al Consejo de Política Fiscal, todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit. El déficit estructural no podrá superar en ningún caso el 0,4% del PIB cuando finalice el periodo transitorio marcado por la Constitución, a partir del año 2020. Las empresas públicas, fundaciones y consorcios que forman parte del sector público estarán también obligadas a presentar equilibrio financiero. Para la fijación de los objetivos de estabilidad y de deuda se tendrán en cuenta las recomendaciones comunitarias.

En conjunto, la deuda de las tres administraciones no podrá superar el 60% del PIB establecido en la normativa europea, “salvo circunstancias excepcionales” vinculadas, por ejemplo, a catástrofes o periodos de recesión. La novedad introducida por el Gobierno en el anteproyecto es que se reforzarán los mecanismos sancionadores a partir de dos criterios: la reincidencia en los desvíos presupuestarios y la gravedad de los incumplimientos.

Si se produjeran desviaciones presupuestarias respecto de los límites establecidos, el conjunto de las administraciones públicas deberán reducir medio punto de PIB, cuya distribución tendrá que hacerse según la comunidad o el ayuntamiento responsable. Para la fijación del objetivo de deuda pública, el Gobierno tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio inmediatamente anterior. Si se excedieran los límites fijados, deberá garantizar una senda de reducción concreta de, al menos, una veinteava parte anual de la desviación, según las reglas comunitarias.

Cuando entre en vigor la reforma, tanto el Estado como las comunidades y los grandes ayuntamientos tendrán que aprobar techos de gasto antes que la elaboración de sus propios presupuestos. Desde el Gobierno se introducirá como referencia una regla de gasto para todas las administraciones en la que se incorporará la normativa europea.

Según ha precisado la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, los tres objetivos básicos de la futura ley son el de garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. La vicepresidenta ha insistido en la necesidad de transmitir confianza a los mercados.


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