Las comunidades presionan al Gobierno para que Bruselas relaje los objetivos de déficit

 Si a las administraciones regionales les fuera aplicable la ley Concursal, algunas de ellas irían directamente a la suspensión de pagos. Pero lo preocupante no es la deuda que acumulan, 135.151 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España, sino los crecientes problemas que encuentran para refinanciarla, hasta el punto de que en medios políticos y financieros no se descarta que el Gobierno tenga que acudir al rescate de las comunidades que atraviesan mayores dificultades.

Desde antes de acceder al Ejecutivo, el equipo económico del PP ha venido manteniendo frecuentes contactos con los consejeros de Hacienda que tomaron posesión tras las elecciones del 22 de mayo y la conclusión que ha extraído de ellos es que las finanzas regionales pasan por una situación calamitosa. Con Cristóbal Montoro ya instalado en el Ministerio de Hacienda, la presión de las administraciones regionales controladas por el PP se orienta a que el nuevo Gobierno abra un debate en Bruselas para relajar los objetivos de estabilidad, teniendo en cuenta que fueron fijados con un escenario de crecimiento económico que va a ser imposible de conseguir.

Este lunes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anticipó que la economía española caerá en el último trimestre del año dos o tres décimas y que esta misma tendencia se prolongará, como mínimo, en el primero de 2012, por lo que España estará alojada de nuevo en la recesión y seguirá sin crear empleo, datos por otra parte poco novedosos.

Las últimas previsiones de la Comisión Europea en su informe de otoño, reflejan para el año que viene un crecimiento del 0,5% del PIB en la eurozona, previsión que probablemente será corregida en el informe que se hará público en febrero, pues ningún país se librará de los efectos de la desaceleración. El propio Mariano Rajoy ha prometido elaborar el Presupuesto estatal de 2012 a partir de la Prospectiva Anual de Crecimiento que publique la UE, cuyos datos servirán también de referencia para diseñar el nuevo cuadro macroeconómico y el techo de gasto que se remita al Parlamento.

Con este horizonte de contracción económica a la vista, la consigna dada desde el Gobierno a las 11 comunidades que gobierna el PP es la de la prudencia. Si en la oposición se jalearon las deudas escondidas en los cajones, ahora la prioridad es transmitir confianza a los mercados y lograr la rebaja de la prima de riesgo. Las autonomías necesitan tiempo, pues, para aflorar el déficit oculto y para ello nada les vendría mejor que conseguir una cierta laxitud en los objetivos marcados por Bruselas que, en buena lógica, tendrán que acomodarse a un contexto recesivo. En febrero se conocerán los datos definitivos de déficit, que el Gobierno cesante fija en el entorno del 6,8% mientras que otras fuentes, como Funcas, lo elevan hasta el 8%, contando con los fuertes desajustes en las comunidades autónomas.

El ahora portavoz del PSOE en la oposición, Alfredo Pèrez Rubalcaba, ofreció durante la reciente campaña electoral liderar en Bruselas un debate para retrasar dos años, hasta 2015, el objetivo de déficit del 3%, con el fin de no plantear solo la salida de la crisis mediante políticas de ajuste y desarrollar estrategias para crear empleo. Lo que no esperaba Rubalcaba es la desautorización que llegó de su propio partido, en este caso del ex ministro Carlos Solchaga, temeroso de que los mercados se ceben con España si desde el Gobierno se lidera esta propuesta.

Luis de Guindos dijo este lunes durante la toma de posesión de sus altos cargos en Economía que la agenda que tiene entre manos es tan amplia que España tendrá un “papel relevante” en el proceso de toma de decisiones en la UE.