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El ajuste de 16.500 millones anunciado por Rajoy se quedará corto para cuadrar las cuentas

Mariano Rajoy ha reconocido que los 16.500 millones de euros de ajuste que anunció en su investidura pueden quedarse cortos pero los economistas del PP y el PSOE consultados por Vozpópuli discrepan cuánto. Según sus estimaciones, el alcance de los recortes para cuadrar las cuentas puede llegar a ser hasta del doble de lo anunciado oficialmente.

Mariano Rajoy ha reconocido que los 16.500 millones de euros de ajuste que anunció en su investidura pueden quedarse cortos pero los economistas del PP y el PSOE consultados por Vozpópuli discrepan cuánto. Según sus estimaciones, el alcance de los recortes para cuadrar las cuentas puede llegar a ser hasta del doble de lo anunciado oficialmente.

Para empezar, Mariano Rajoy ha puesto un primer asterisco a la cifra de 16.500 millones de ajuste: esa cantidad crecerá si hay desviaciones en la contabilidad oficial. Si el déficit público se cierra en el 7% (y no en el 6% como afirma Economía) habrá que sumar 10.000 millones adicionales al recorte. El ajuste necesario sería, pues, de 26.500 millones. Habrá que ahorrar todavía más si no se alcanza --como parece-- el crecimiento menor de lo previsto o hay un desplome de ingresos. Son los llamados “ajustes naturales” del déficit.

Pero los recortes del nuevo gobierno no se van a ver distorsionados sólo por esos “movimientos naturales” de la contabilidad sino prime–sobre todo—por los nuevos compromisos de gasto adquiridos por el nuevo Presidente del gobierno y por la merma de ingresos que implican algunas de las medidas anunciadas en su discurso de investidura.

El capítulo de los gastos

Según economistas del Partido Popular, el único compromiso de gasto nuevo es –como reconoció desde la tribuna su líder-- la revalorización de las pensiones para el próximo año. Eso supondrá unos 6.000 millones de euros adicionales en el capítulo del debe. Pero las cuentas socialistas son diferentes. Si se “descongelan” las pensiones, argumentan, la medida afectaría también a las que el año pasado no fueron actualizadas. Eso debiera aumentar el gasto en otros 3.000 millones que el año pasado fueron aparcadas por lo que el gasto real en el capítulo de pensiones sería en total de 9.000 millones.

Los populares discrepan de la retroactividad de la medida y afirman que sus decisiones no corregirán las que tomó en su día el gobierno Zapatero, así que –previsiblemente—los nuevos gastos serán definitivamente de 6.000 millones.

El capítulo de los ingresos

Los compromisos de Mariano Rajoy no contenían más gastos pero sí menos ingresos. El nuevo Presidente del gobierno anunció deducciones fiscales para empresas y personas que supondrán menos recaudación para las arcas públicas.

Los cambios en el impuesto de sociedades son los que Rajoy más ha subrayado como motor de arranque de la economía. El Partido Popular considera que la caída de ingresos para el erario público  será poco significativa a corto plazo y será compensada a largo por el dinamismo económico que generará Según los responsables del equipo de Rajoy, la exención por reinversión de beneficios y por beneficios no distribuidos ya tiene está bonificada fiscalmente con una deducción del 10%. Ahora se trataría de "desfiscalizarla por completo" por lo que la merma de ingresos sería mínima. Por eso, los responsables del PP hablan de un coste cero del cambio en el impuesto de sociedades.

Los socialistas, por su parte, hacen un cálculo diferente. Las medidas tendrán bajo coste si no funcionan pero si consiguen tener efecto --calcula el PSOE-- el recorte de ingresos será de 2.141 millones de euros. Ese cálculo asume 200.000 contratos a menores de 30 años con un salario mínimo interprofesional, lo que obligaría al gobierno a correr con los 541 millones de euros de contribuciones que la Seguridad Social dejaría de ingresar. De igual modo, 1.600 millones dejarían de entrar en las arcas públicas por la vía del impuesto a plusvalías y sociedades.  

El segundo paquete de beneficios fiscales anunciados por Rajoy son los relativos a los impuestos a la vivienda. Los populares consideran que –si el estímulo a la venta funciona—lo que el Estado deje de ingresar por esa vía se compensará por los aumentos de otros ingresos (el impulso a la actividad con la construcción de nuevas viviendas, el IVA al consumo de cemento y otros materiales, los impuestos por transmisiones patrimoniales, etc.). Así pues, los populares también consideran que el recorte de ingresos de recuperar las deducciones a la compra de la vivienda y el IVA súper-reducido tendrán un impacto neutro o incluso podrán ser positivos para la recaudación.

Los socialistas dudan de la efectividad de ese estímulo a la vivienda y cuestionan también el impacto en la recaudación. Según sus cálculos, recuperar la deducción por la compra de vivienda significará que el Estado dejará de recaudar entre 1.400 y 2.000 millones de euros. Las desgravaciones a la vivienda tendrán que trasladarse, afirman, en recortes sociales adicionales por ese mismo valor o incluso por 3.370 millones de euros puesto que el IVA súper-reducido también significará menores ingresos para el Estado.

Con esas cuentas sobre la mesa, el recorte de 16.500 millones se puede convertir en más de 31.000, es decir, casi el doble de lo anunciado oficialmente. En lo único en que los economistas de ambos partidos coinciden es que los recortes que se anuncien pueden ser sólo los primeros.


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