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Los investigadores analizan un convenio de 30.000 euros entre Nóos y el tripartito catalán

 Los investigadores analizarán, entre la numerosa documentación incautada sobre el Instituto Nóos, un convenio por valor de 30.000 euros rubricado entre la Generalitat de Cataluña y el Instituto Nóos, presidido hasta 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

 Los investigadores analizarán, entre la numerosa documentación incautada sobre el Instituto Nóos, un convenio por valor de 30.000 euros rubricado entre la Generalitat de Cataluña y el Instituto Nóos, presidido hasta 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Tal y como han precisado, el convenio fue firmado entre los años 2004 y 2006, cuando la Generalitat estaba en manos del tripartito formado por el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds, y será analizado en próximos días para averiguar si también en el marco de esta firma se produjo algún tipo de irregularidad. Las pesquisas de la Operación Babel ya se habían extendido a Cataluña, donde se investigan los diversos contratos que el Ayuntamiento de Mataró suscribió a través del Instituto Municipal de Promoción Económica con el Instituto que presidía el marido de la Infanta Cristina.

Hace unas semanas, los Mossos d'Esquadra registraron la sede del Instituto Nóos de Barcelona así como de varias mercantiles vinculadas con Urdangarin, donde requisaron diversa documentación relativa a estas pesquisas. Una ingente información que fue posteriormente trasladada a Palma, contenida en unos 15 archivadores A-Z, a fin de ser analizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Una vez sea revisada la documentación está previsto que se reanuden los interrogatorios en torno a los hechos investigados y posteriormente el Ministerio Público analizará si solicita la imputación del Duque de Palma.

PRECIOS "TOTALMENTE DESPROPORCIONADOS"

Y es que, de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo hasta el momento, la Fiscalía apunta a que tanto el Duque de Palma como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

Así consta en el auto que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La resolución judicial asevera sin embargo el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Es más, la resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos"


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