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España

Un año de cárcel para el presidente de Habitat por la muerte de cinco operarios en una obra

 Con el acuerdo al que han llegado las partes este lunes y que ha evitado la celebración del juicio, se reduce la condena a Figueras, para el que el fiscal pedía dos años de cárcel y una multa de 15.000 euros al acusarle de cinco delitos de homocidio por imprudencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa.

Sobre los otros cinco imputados por la muerte de los trabajadores recaerán penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión, reduciéndose así las pretensiones de la fiscalía --que pedía para ellos entre dos y cuatro años--, y también pueden evitar así la cárcel.

La sentencia incluye la "inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales" durante el año de condena para Figueras, y para el director general del grupo Habitat, Fernando Cirera, condenado también a un año de prisión.

En declaraciones a los medios después de que la jueza dictase sentencia, el abogado de ambos, Emilio Zegrí, ha evitado valorar si esta condena obligará a Figueras a presentar su dimisión: "Prefiero no valorarlo; no le doy importancia", se ha limitado a decir.

INDEMNIZACIÓN DE 2,6 MILLONES

Además, el abogado ha calificado el acuerdo entre las partes de muy satisfactorio, y ha asegurado que tanto Figueras como Cirera han estado desde el accidente "muy cerca de las víctimas", a quienes deberán indemnizar con 2,6 millones de euros a repartir entre los fallecidos.

Sobre las 15.30 horas del 27 de julio de 2006, cinco operarios murieron y dos más resultaron heridos al quedar sepultados cuando trabajaban en una zanja de casi cinco metros de profundidad al desprenderse uno de los muros de piedra.

Horas antes, después de hacer el agujero con una retroexcavadora para construir la galería, el encargado de la obra, Fernando M., y el arquitecto jefe, Miguel Ángel L., hicieron una "inspección ocular sin ningún otro tipo de comprobación" del muro, y acordaron que varios trabajadores bajaran a la zanja para alisar el suelo antes de verter el hormigón.

Estos operarios bajaron al fondo de la zanja siguiendo las órdenes de Fernando M., que ni siquiera les proporcionó una escalera para hacerlo, y durante su trabajo vieron y comunicaron al encargado de obra que se estaba acumulando tierra por lo que deberían salir de allí.

Sin embargo, Fernando M. les contestó que era "necesario acabar los trabajos antes de comenzar las vacaciones", según recoge la sentencia; poco después, el muro se desplomó y murieron los cinco operarios.

Por ello, ha condenado a Fernando M. y a Miguel Ángel L. a dos años de prisión y a sus inhabilitaciones como encargado de obra y como de jefe de obra, respectivamente, durante el tiempo que dure la condena.

OTRA POSIBLE INHABILITACIÓN

A partir del acuerdo al que han llegado las partes, también se condena al coordinador de seguridad y salud para la promotora en este proyecto, Luis A., y al arquitecto técnico-director del mismo, Javier V., a seis meses de prisión.

Sin embago, en el caso de Luis A., las partes no han llegado un acuerdo para su inhabilitación que deberá decidir la jueza del caso, pues el abogado ha sostenido que su cliente "no es merecedor de un reproche de tanta entidad".

FIGUERAS NO TARDA EN DIMITIR

El presidente Bruno Figueras ha presentado su dimisión tras dictarse la sentencia de inhabilitación temporal por la muerte en 2006 de cinco operarios. 

Este lunes debía empezar el juicio por el accidente laboral en la construcción de una galería de servicios en el distrito 22 en el que murieron sepultados cinco trabajadores y otros dos resultaron heridos, pero las partes han llegado a un acuerdo.

El pacto reduce la condena para Figueras a un año de prisión --previsiblemente la evitará al ser inferior a dos años--, mientras que el fiscal pedía dos años de cárcel y una multa de 15.000 euros.

Sobre los otros cinco imputados por la muerte de los trabajadores recaerán penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión, reduciéndose así las pretensiones de la fiscalía --que pedía para ellos entre dos y cuatro años--, y también pueden evitar así la cárcel.

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