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El juicio a Baltasar Garzón por el Gürtel, el 29 de noviembre

El magistrado Baltasar Garzón se sentará por primera vez en el banquillo del Tribunal Supremo el próximo 29 de noviembre por ordenar escuchas telefónicas entre los imputados en el 'caso Gürtel' que ingresaron en prisión y sus abogados, han informado hoy fuentes del alto tribunal.

Se trata del primer juicio al que tendrá que enfrentarse Garzón en el Supremo, donde tiene abiertas otras dos causas, investigaciones que le costaron su puesto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tuvo que abandonar al ser suspendido de forma cautelar en mayo de 2010.

La causa por las escuchas de Gürtel fue abierta a raíz de la presentación de una querella por parte de Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en esa causa que solicita diez años de inhabilitación para él, mientras que la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide una condena de diecisiete años de inhabilitación.

Por su parte, la Fiscalía reclama la absolución de Garzón, al considerar que no cometió los delitos de prevaricación judicial y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales que se le imputan.

Además de la causa de las escuchas, Garzón tiene también pendiente de juicio una causa por prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y aún está en fase de instrucción la relativa al dinero que recibió para organizar cursos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

El instructor de la investigación por las escuchas de Gürtel, Jorge Alberto Barreiro, consideró el pasado abril que había suficientes indicios contra Garzón para sentarle en el banquillo y elevó la causa a la Sala de lo Penal del Supremo para que le juzgara.

Barreiro consideró que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".

En su defensa, el abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra, alegó que la decisión de autorizar esas escuchas no era constitutiva de delito, sino una medida necesaria que, además, no fue impugnada por la Fiscalía.

Según el letrado, Garzón "jamás" utilizó el contenido de estas grabaciones, que "fueron advertidas desde el primer momento por información facilitada por un funcionario a uno de los abogados".

La Sala que debe juzgar a Garzón por las escuchas en el caso Gürtel está compuesta por los magistrados José Manuel Maza, Juan Saavedra, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y Julián Sánchez Melgar.

Recientemente uno de estos magistrados, Andrés Ibáñez pidió abstenerse de juzgar a Garzón, lo que fue rechazado por diez de los catorce magistrados que integran el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los motivos que alegaba el magistrado para solicitar la abstención eran haber integrado la Sala que admitió a trámite la querella que derivó en la apertura de esta causa y la decisión que adoptó de la Sala del 61 del Tribunal Supremo de apartar a cinco de los magistrados que debían juzgar a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Tras su salida de la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó a Garzón a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), como consultor externo de la Fiscalía.

También le ha permitido trabajar durante un año como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, así como incorporarse al Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, del que fue elegido miembro el pasado 6 de julio.


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