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El mercado laboral español coloca a la ciudadanía al borde del estallido social

Tal como adelantó Vozpópuli, la encuesta de la EPA ha sido demoledora, llegando a la frontera de los 5 millones de desempleados. El número de parados aumentó en 144.700 personas, alcanzando la cifra de 4.978.300. La tasa de actividad a duras penas se mantiene por encima del 60%, y la tasa de paro subió hasta el 21,52%. Una circunstancia que añade presión al clima social y que acerca posibles tensiones y conflictos.

Tal como adelantó Vozpópuli, la encuesta de la EPA ha sido demoledora, llegando a la frontera de los 5 millones de desempleados. El número de parados aumentó en 144.700 personas, alcanzando la cifra de 4.978.300. La tasa de actividad a duras penas se mantiene por encima del 60%, y la tasa de paro subió hasta el 21,52%. Una circunstancia que añade presión al clima social y que acerca posibles tensiones y conflictos.

Por sectores, resulta llamativo el fuerte incremento en el número de parados en la construcción, donde a pesar del fuerte ajuste de los últimos años, y del descenso en lo que va de año, en el tercer trimestre aumentó alrededor de 23.400. En servicios, tras el final de la temporada veraniega, aumentó el número de parados en 46.000 personas. Por el contrario, en la industria el número de parados desciende en 21.000 personas, y se mantiene el número de ocupados.

Como reflejo de la dureza de la actual crisis económica, en los grupos “perdieron su primer empleo hace más de un año” y “buscan empleo por primera vez”, el número de parados se incrementó en 41.000 y 48.000 personas respectivamente. En el acumulado del año, el grupo “perdieron su primer empleo hace más de un año” el paro se ha incrementado en 245.300 personas, reflejando la gravedad social que subyace detrás de las frías cifras del paro. Tras la finalización del subsidio de desempleo, si la situación se mantiene, lo que es muy probable, podría producirse un estallido de orden social.

Modelo de crecimiento

Si se realiza una radiografía geográfica del mercado laboral español, puede verse una clara dualidad. Del Ebro para arriba, salvo Cataluña, las tasas de paro son más parecidas a las europeas, alrededor del 15%. Del Ebro para abajo, salvo Madrid, las tasas de paro se sitúan por encima del 20%. Sin duda alguna, al margen de los colores políticos, el modelo de crecimiento económico está detrás de esa dualidad.

Existen unas comunidades autónomas con un problema de desempleo histórico como Andalucía y Canarias, cuyas tasas de paro se sitúan alrededor del 30%. Pero lo más llamativo en el período de crisis económica es el brutal incremento del desempleo en la Comunidad Valenciana y Murcia, cuyas tasas de paro se sitúan por encima de las de Extremadura y Castilla la Mancha. Un modelo de crecimiento insostenible, desde un punto de vista económico, social, y medioambiental, basado en el sector de la construcción, está detrás de esta dinámica.

Por el contrario, aquellas comunidades autónomas que apostaron por la industria y la innovación, presentan dinámicas económicas, sociales, y medioambientales mucho más sostenibles. Obviamente destacan dos por encima de todas, País Vasco y Navarra, cuyas tasa de paro se sitúan alrededor del 12%. Standard and Poors mantuvo el rating de País Vasco y Navarra en AA+, mientras rebajaba el de España a AA-, y el del resto de comunidades autónomas.

Las perspectivas futuras apuntan a que se romperá la frontera de los 5 millones de parados. El problema ya no es la existencia de un mercado laboral más o menos flexible, véase por ejemplo como el mercado laboral más flexible del mundo occidental, Estados Unidos, no genera empleo, y su tasa de paro, según patrones europeos estaría alrededor del 16%. No, el problema es otro, la ausencia de demanda efectiva.

España, en un contexto de descensos de rentas salariales, volúmenes de deuda de familias y empresas no financieras en el entorno del 90% y 140% del PIB, restricciones de gasto público, y ausencia total de crédito, ¿cómo puede generar empleo? De ninguna de las maneras. Eso sí, los bancos europeos ya han succionado dinero público por valor de 2,3 billones de euros. ¿Hasta cuándo? 


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