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La oposición imputa a Gallardón un sobrecoste de 2.000 millones en la M-30

No obstante, el pleno se inició con el “pescado vendido”, ya que lo primero de lo que informó Juan Bravo, tercer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, es que la operación de subrogación se había completado el pasado viernes, con la firma de las 14 entidades financieras que en su día concedieron el crédito a Madrid Calle 30.

No obstante, el pleno se inició con el “pescado vendido”, ya que lo primero de lo que informó Juan Bravo, tercer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, es que la operación de subrogación se había completado el pasado viernes, con la firma de las 14 entidades financieras que en su día concedieron el crédito a Madrid Calle 30.

Cuando se aprobó el proyecto de soterramiento parcial de la M-30, el Ayuntamiento de Madrid decidió crear esta sociedad mixta, participada al 80% por el Consistorio y en un 20% a partes iguales por Ferrovial y Dragados (ACS), para que absorbiera la deuda derivada de unas obras presupuestadas en unos 3.800 millones de euros.

Sin embargo, la medida no le saldría gratis al Ayuntamiento, ya que el pago de los impuestos de Madrid Calle 30 ha supuesto un gasto de 338 millones de euros hasta el momento.

Ante el acoso de la oposición, Bravo lo ha comparado con los 510 millones de euros que el Ayuntamiento se ha ahorrado en concepto de IVA a pagar al Estado, cantidad que hubiera tenido que abonar si la deuda hubiera estado anotada en el balance de la Administración madrileña.

La que definitivamente ha salido ganando con este continuo traspaso del pasivo ha sido la banca. Bravo admitió en el pleno que los intereses a cobrar por las entidades financieras se han elevado. El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), David Ortega, ha sido el más incisivo toda vez que fue este grupo parlamentario el que ha formulado formalmente la pregunta a Juan Bravo.

Tras considerar innecesaria la creación de Madrid Calle 30 ha considerado que la maniobra ha supuesto en sobrecoste de 2.000 millones de euros. PSOE e Izquierda Unida también han sido críticos con la medida, aunque la decisión no sólo estaba tomada sino ejecutada, con el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda, como se ha encargado de recordar oportunamente Juan Bravo.


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