Fuego cruzado entre Gobierno y compañías por el retraso en la privatización de AENA

De forma oficial, las empresas guardan un prudente silencio y sostienen que continuarán trabajando en el proceso con la nueva fecha de referencia, el próximo 31 de enero de 2012. Sin embargo, de puertas adentro señalan que la postura inflexible de Blanco en torno al precio de la operación la ha hecho “imposible”.

“Se le dijo al Gobierno que la cantidad era excesiva, que el proceso se vendría abajo si no rectificaba pero hizo caso omiso”, señalan a Vozpópuli desde uno de los consorcios aspirantes. A este respecto, el entorno del ministro Blanco asegura que el precio, un total de 5.300 millones de euros, fue establecido con el asesoramiento de bancos de inversión (Goldman Sachs y UBS, entre ellos) y que, además, fue refrendado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, cuyo informe calificó como “adecuada” la cantidad.

El contraataque desde el Ministerio de Fomento hacia las compañías aspirantes se basa en que el interés de éstas era “llevarse una ganga” y que sus quejas por el precio llegaron después de comprobar que la restricción del crédito por parte de las entidades financieras les hacía imposible conseguir los avales exigidos para acudir al proceso.

En este sentido, Fomento reconoce la petición por parte de las compañías, aunque algunas de ellas fueron más allá y propusieron a Blanco que cambiara de fórmula: en lugar de un precio mínimo, una cifra de referencia para articular las ofertas a partir de ella. “Pero no hubo forma, el Ministerio no se movió ni un centímetro de su planteamiento inicial”.

En el sector existe un consenso absoluto de que la ampliación del plazo para la presentación de ofertas supone, en el fondo, la muerte del proceso de privatización parcial de AENA. En reiteradas ocasiones, el Partido Popular, cuya victoria electoral se da prácticamente por sentada, ha expresado su oposición al proceso tal y como estaba concebido.

De esta forma, los dos procesos de privatizaciones planteados por el Gobierno, el de los aeropuertos de Barajas y El Prat y el de Loterías y Apuestas del Estado, se quedan en papel mojado y con ellos la posibilidad de ingresar más de 12.000 millones de euros, oro en paño para las arcas públicas.