La Junta asfixia a los medios de comunicación de CyL

La Junta de Castilla y León ultima un Plan de Medios 2012 con una rebaja cercana al 50% en la partida publicitaria, según confirman fuentes oficiales del Colegio de la Asunción, sede del Ejecutivo que preside el popular Juan Vicente Herrera. Este ajuste severo aboca a parte de la prensa de la región a echar el cierre y a otra a efectuar duros ajustes de plantilla y gastos como resultado de la dependencia económica que tienen con la Administración. Las fuentes oficiales de la consejería de Presidencia, competente en la materia, aseguran desconocer el montante del presupuesto. “Es muy difícil de calcular”, mantienen. Argumentan que está sin cuantificar y que no pueden facilitar las cifras destinadas en ejercicios anteriores por desconocimiento.

El PSCyL-PSOE, desde la oposición, ha evidenciado en numerosas ocasiones en las Cortes la “capacidad de presión enorme” del Gobierno regional sobre los medios. Denuncian que no está regulado el uso que hace de la publicidad institucional. Acusan al Ejecutivo de no dictar los reglamentos de Ley de Publicidad Institucional e incumplir el plazo marcado por la ley de mayo de 2009.

Los responsables de varias emisoras y publicaciones castellano y leonesas aseveran que las negociaciones del presupuesto 2012 para las campañas institucionales de las que es responsable el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, caerán de media un 40%, ya que explican la Junta ha transmitido rebajas diferentes dependiendo del medio. Señalan que las diferencias del recorte oscilan entre el 10 y el 100%, es decir, hay empresas que no facturarán a la Junta ni un euro el año que viene y otras que aguantarán el tirón. La disparidad de criterio depende, en opinión de parte de los medios afectados, de las decisiones ejecutivas del Gobierno regional. La falta de regulación de la publicidad institucional obliga y permite al consejero de la Presidencia y responsable en la materia, José Antonio de Santiago-Juárez, a que la Junta distribuya el presupuesto de acuerdo bajo el único criterio de lo convenido en el Consejo de Gobierno del que es Portavoz.

Malos augurios hasta 2017
La línea oficial de la Junta de Castilla y León sostiene que la reducción es obligada debido a las dificultades provocadas por la aplicación de la Financiación Autonómica efectuada por el Ejecutivo nacional. Insisten, por otro lado, en que la disminución será equitativa para todas las empresas y que “todavía no se ha cerrado nada”. Mantienen que, por ahora, se han reunido con los medios para que sus gestores puedan adaptarse a la nueva línea de austeridad. Juan Vicente Herrera reconoció el pasado jueves durante la entrega de los Premios de Periodismo Francisco de Cossío, galardones auspiciados y pagados por la Junta, que el sector de la prensa es uno de los más afectados por la crisis económica y auguró que hasta 2017 no crecerán “los ingresos por publicidad”.

Gran dependencia de las instituciones
La dependencia del patrocinio institucional de la mayoría del sector de la Comunidad es consecuencia de un mercado publicitario privado insuficiente incluso en la época de bonaza. La coyuntura económica, según confirman gerentes de agencias de publicidad y marketing que operan Castilla y León, ha acentuado esta situación y tan sólo medios como El Norte de Castilla o la Cadena Ser, entre otros, cuadran sus cuentas con mayor inversión privada. Eso sí, incluso estas empresas periodísticas, al igual que Castilla y León Televisión (la cadena privada que a mayores recibe en torno a 27 millones de subvención de la Junta), gozan de importantes campañas publicitarias que también llegan de la Asunción. En el Mundo de Castilla y León, las ediciones regionales de ABC y La Razón, las emisoras de la Cadena Cope, Onda Cero, Punto Radio, el Grupo Promecal (Agencia Ical y Diario de Burgos, entre otros), El Diario de León, La Gaceta de Salamanca, El Adelanto de Salamanca o la Opinión de Zamora ya han empezado a hacer cuentas. Algunas de estas empresas no están al corriente con los pagos a los colaboradores y proveedores. Denuncian que sufren demoras de lo ya facturado a la Junta en 2011.