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Anticorrupción investiga a la exdirectora general de la CAM

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto de oficio diligencias para investigar las condiciones en la que se ha producido el despido de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y si la adjudicación de una pensión vitalicia de 370.000 euros por su cese puede ser constitutiva de delito.Además, la Fiscalía pretende saber si Amorós buscó su beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente como consta en su despido disciplinario.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto de oficio diligencias para investigar las condiciones en la que se ha producido el despido de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y si la adjudicación de una pensión vitalicia de 370.000 euros por su cese puede ser constitutiva de delito.Además, la Fiscalía pretende saber si Amorós buscó su beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente como consta en su despido disciplinario.

La exdirectora de la CAM fue despedida por el Banco de España por las irregularidades detectadas en su gestión. En especial, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) consideraba que había falseado las cuentas de la entidad que pasó de ganar 39 millones en el primer trimestre y pretendía presentar unos beneficios de 89 millones en el segundo a unas pérdidas de más de 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Unas acusaciones que la propia Amorós negó la pasada semana en unas declaraciones a Efe. “No he cometido nada ilícito”, aseguraba la ex directiva de la CAM en su única exposición pública tras su cese.

En los juzgados de Alicante y de Valencia ya figuran denuncias contra supuestas irregularidades en la gestión de la CAM que podrían tener trascendencia penal. También hay una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y otra en la Audiencia Nacional. Ahora deberá ser esta última la que decida si es competente para hacerse cargo del caso. De ser así, las diferentes causas se acumularían en la Audiencia Nacional.

A la investigación de la Fiscalía podría unirse el expediente del Banco de España. Si, como es previsible, el supervisor decide abrirle formalmente expediente, Amorós se enfrenta a una sanción de medio millón de euros por cada una de las infracciones cometidas, según consta en la Ley de Economía Sostenible. Esta nueva reglamentación duplica las sanciones por la comisión de irregularidades en las entidades de crédito, hasta elevarlas a un máximo de un millón de euros por cada infracción cometida por la entidad y a medio millón por cada una de cada gestor.


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