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Imputan a un exteniente de alcalde de Barcelona por el sobrecoste del Sant Pau

El juez que investiga las supuestas irregularidades en las obras del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona ha imputado por los delitos de prevaricación y malversación al ex primer teniente de alcalde de Barcelona por el PSC Xavier Casas y al exdirector del ICS y de Innova Josep Prat.

Fachada del hospital Sant Pau de Barcelona.
Fachada del hospital Sant Pau de Barcelona. Francesc_2000 (Flickr)

El juez que investiga las supuestas irregularidades en las obras del nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona ha imputado por los delitos de prevaricación y malversación al ex primer teniente de alcalde de Barcelona por el PSC Xavier Casas y al exdirector del ICS y de Innova Josep Prat.

En un auto notificado este martes, el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha imputado, a instancias de la fiscalía, a Xavier Casas, a Josep Prat y a otras siete personas, entre ellas el exconseller de Sanidad Josep Laporte Salas, pese a que falleció en 2005.

En concreto, el juez ha imputado, también por prevaricación y malversación, al director gerente de la fundación privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Jordi Bachs Ferrer; al ex director gerente del Hospital Jordi Colomer Mascaró; y al ex gerente del Hospital y exdirector del Incasòl Josep Antoni Grau Reinés.

Los restantes imputados son tres religiosos vinculados con el Hospital de Sant Pau: el fundador de la revista "Cataluña Cristiana", monseñor Joan Evangelista Jarque Jutglar, que también fue delegado de la diócesis de Barcelona; el director espiritual del seminario mayor y menor de Barcelona, monseñor Josep Anton Arenas Sampera; y el presbítero del arzobispado de Barcelona Malaquías Zayas Cuerpo, pese a que falleció en 2011.

Los imputados han sido citados a comparecer ante el juez el próximo martes 3 de julio, para aclarar su participación en la reforma iniciada en el año 2000 en el Hospital de Sant Pau, ya que sus nombres aparecen en los distintos contratos de las obras.

En el auto, el juez basa su decisión en una petición planteada por la Fiscalía, que acusa de malversación de caudales públicos y malversación a los nueve imputados, y a un informe de la Sindicatura de Cuentas, que desveló supuestas irregularidades en la contratación de las obras de reforma del Sant Pau, que se ejecutaron en cuatro fases entre octubre de 2000 y mayo de 2006.

Según el informe de la Sindicatura, que el juez recoge en el auto de imputación, el coste final de la facturación de las cuatro fases se elevó a 217 millones de euros, con un desvío de 38,5 millones, ya que el volumen total contratado fue de 178,5 millones.

El informe de la Sindicatura también reveló la adjudicación directa de algunas obras y servicios por importes de 14 millones, 16 millones y 75 millones de euros, respectivamente. Precisamente, el juez también ha citado, para el 4 de julio, al autor del informe de la Sindicatura de Cuentas, que comparecerá como perito.


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