Wert y Lassalle podrían enfriar la “patata caliente” del canon con la receta holandesa

Esta semana, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, le declaró la guerra a la piratería.  "Nadie respeta la cultura de un país que lidera las descargas ilegales". Algo más conciliador, el Secretario de Estado para la Cultura, José María Lassalle, apeló al diálogo y consenso entre los sectores. A pesar de las formas, el resultado es el mismo.  Las prioridades apuntan en esa dirección: propiedad intelectual, ley anti-descargas y más específicamente, el canon.

¿Qué se ha hecho al respecto en este tema en el resto de Europa?  ¿Dónde se ubica realmente España hoy día en esta discusión? ¿Qué  tanto de ese canon realmente protege a la obra y al autor? ¿Es una medida compensatoria o preventiva? ¿Es el canon una invención de Sinde?  Pues no.

El canon existe en la legislación española desde 1987 y en Europa desde mucho antes. Al menos desde la década de los 50.  En 1992, en España  comienzan a gravarse los primeros artículos analógicos, aunque no es hasta 1996 cuando el texto refundido de la ley, en su artículo 25, obliga a poner en la factura el importe del canon y a cobrarlo.

El canon se trata, en efecto, de un gravamen especial  que se percibe al comprar soportes grabables tales como CD y DVD vírgenes o lectores de mp3. Esta tasa no se cobra directamente al ciudadano sino a los fabricantes e importadores de equipos y soportes para la reproducción de obras. Sin embargo, en la práctica, esta tasa, que debe ir desglosada en las facturas, acaba siendo un impuesto indirecto al elevar el precio final del producto.

En Europa, en los casos y lugares donde se permite la copia privada, este canon permite garantizar una compensación equitativa a los titulares de los derechos. En 2001, la Unión Europea contempló la distinción de la copia privada digital y la copia privada analógica, lo cual introdujo los primeros reveses en la protección de un entorno cada vez más complejo, el digital.

En el año  2003, el Gobierno de José María Aznar amplió el canon digital a los CDs y DVDs y, en 2006, el de José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo mismo con las grabadoras, los MP3, MP4 y los teléfonos móviles capaces de almacenar o reproducir música.

Con la llegada de Sinde se  endurece el canon, que para muchos, comenzaba ya a ser una figura completamente cuestionable y arbitraria.  El Ministerio de Cultura,  organismo encargado de fijar la tasa del canon junto con Industria, fijó una cantidad que variaba entre los  0,17 y los 3, 15 euros cuando en Alemania no llega siquiera a 0,1 euros.

El año pasado, y en ocasión de un litigio entre la SGAE (la encargada de gestionar el cobro del canon y la empresa Padawan), el Alto Tribunal de Luxemburgo calificó la aplicación del canon en España como “indiscriminada”, por lo que se solicitó la revisión del mismo. A ese varapalo siguió otro: una sentencia de la Audiencia Nacional.

Alternativas al canon

Existen otros métodos alternativos de recaudación como el sistema adoptado en Noruega y Turquía de financiación de la compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, una opción a todas luces descartable por parte de los populares, quienes más bien pretenden reducir gastos.

En el entorno de la sociedad de la información, otra propuesta estudiada  es la fijación de un canon sobre la obra original protegida por derechos de propiedad intelectual. Es lo que llaman el canon en la obra, en lugar de sobre los dispositivos digitales utilizados para realizar la copia.

A ésa, se suma la posibilidad de recaudación del canon en el punto de venta minorista, en lugar de directamente a nivel fabricante o importador. Sin embargo, para algunos, lo más sensato es el modelo holandés: acabar con el canon, de una vez por todas.

En un momento donde la “unicidad” del original es incluso objeto de duda, resulta complicado y hasta cierto punto obsoleto, tratar como analógica una discusión cuya naturaleza es estrictamente digital. El verdadero tema no está en el gravamen, tampoco en asegurar que las sociedades de autores mantengan su papel, sino en desarrollar un instrumento que proteja tanto a autores como a usuarios.