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La Universidad Rey Juan Carlos tuvo que derribar un edificio sin licencia que invadía la A-5

Se gastaron más de medio millón de euros en una obra que fue parada por el Ayuntamiento de Móstoles porque carecía de licencia.

Imagen de la estructura que tuvo que ser derribada.
Imagen de la estructura que tuvo que ser derribada.

La Universidad Rey Juan Carlos tuvo que derribar el edificio de ampliación del Centro de Apoyo Tecnológico en el año 2012 después de que el Ayuntamiento de Móstoles paralizara las obras por no tener licencia y otras graves irregularidades. El rector del centro cuando se inició la obra era el actual magistrado del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, que fue apoyado por el PP para ese cargo. Posteriormente, fue elegido Fernando Suárez Bilbao.

La Universidad necesitaba ampliar ese centro tecnológico y los responsables del centro comenzaron las obras, que tenían un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, sin la necesaria licencia municipal, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de la localidad. En el verano de ese mismo año, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo paralizaron las obras, entre otras razones, por no respetar las distancias mínimas con la carretera A-5, situada muy cerca del complejo educativo.

Cuando se comprobó que toda la obra estaba repleta de irregularidades se decidió tirar lo que ya se había edificado, un gasto superior al medio millón de euros

Cuando se comprobó que toda la obra estaba repleta de irregularidades se decidió tirar lo que ya se había edificado, que fuentes que conocen la operación señalan que superaba en valor el medio millón de euros. En aquellos años la Universidad Rey Juan Carlos, al igual que otros centros de la Comunidad de Madrid, ya estaba aplicando los recortes debido a la crisis económica.

El coste del derribo de la estructura, que ya estaba totalmente levantada, fue realizado por excavadoras durante varios días. La obra había sido adjudicada a Construcciones Sánchez Domínguez-Sando S.A. El juez Ruz imputó en abril del 2012 a José Luis Sánchez Domínguez (grupo Sando), dentro de la pieza separada del caso Gürtel que abrió a varios empresarios por haber sido ‘donante’ del PP. En los ‘papeles de Bárcenas’ esta compañía aparecía como una de las más favorecidas por el Partido Popular. Se da la circunstancia de que ni el Jefe de Servicio de Contratación ni la Empresa de control TSI, contratada para supervisar la obra, firmaron las certificaciones de la misma.

En la fecha en la que se decidió el derribo se llevaban gastados en la obra 398.000 euros, a lo que habría que añadir tirar el edificio, el coste del proyecto, la dirección de obra, el pago a la empresa de control y el desvío de la línea eléctrica. Esta parte se hizo previamente para poder iniciar la edificación. 

Este episodio provocó un gran malestar en la comunidad educativa en unos tiempos con recortes económicos. En la Universidad, cuyo rector es en la actualidad Fernando Suárez Bilbao, se atribuyó la responsabilidad a toda la dirección facultativa y al Jefe de la Oficina Técnica, así como a la Gerencia. Sin embargo, no se depuraron responsabilidades, e incluso se dice en el centro que se había llegado a un pacto para que no se conociera el asunto.


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