Nacional

UPyD deberá pagar 3.000€ tras perder una denuncia contra la Cámara de Cuentas de Madrid

Recurrió el nombramiento de la Asamblea de Madrid y el Supremo le recuerda que no se puede ir a lo contencioso en decisiones de un Parlamento que no se refieren a personal, administración y gestión patrimonial. 

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que UPyD de la Asamblea de Madrid había interpuesto contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha condenado a este grupo político al pago de las costas de 3.000 euros.

El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid presentó en el año 2103 un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Asamblea de Madrid por el que se nombraba presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a Arturo Canalda.

Según UPyD, Arturo Canalda no reunía los requisitos legales para el puesto

El portavoz adjunto de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, dijo en aquellos días que el PP se había saltado la ley porque esa persona no reunía los requisitos legales para ese puesto "y los políticos no están para situarse por encima de la ley, están para cumplirla”. UPyD recurrió la decisión del Pleno de nombrar a Canalda presidente y perdió en primera instancia en lo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inadmitió la denuncia. Tampoco aceptó el recurso ante el mismo tribunal.

Este grupo recurrió en casación al Tribunal Supremo que ahora ha fallado a favor del TSJM y en contra del UPyD. El primer tribunal ya señalaba que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se debe a los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión de patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes de la Asamblea legislativa".

"Y desde luego -añadía- no consideramos que la propuesta de un candidato para su eventual nombramiento, previa votación, por Asamblea para su Cámara de Cuentas, pueda ser considerado con un acto de administración y gestión patrimonial".

El Supremo recuerda también que el hecho de que la Mesa proponga una terna al Pleno podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional si alguno de los grupos considera que no se ha respetado adecuadamente la proporcionalidad. Tampoco se puede considerar ilegal la elección de los candidatos por cada uno de los grupos ya que es "un acto puramente político que depende de la decisión libérrima de esos grupos, sin que pueda ser susceptible de control judicial".

El TS recuerda que no hay una actividad gubernativa que pudiera ser fiscalizable por la jurisdicción contencioso-administrativa

Y respecto al papel de la Mesa de la Cámara dice que se ocupa de la presentación de candidatos, "de si reúnen las condiciones exigidas por la Ley pero no implica en ningún caso un adelanto del juicio de oportunidades".

El Supremo recuerda al recurrente que no hay que confundir la jurisdicción con la competencia y rechaza los argumentos de UPyD que comparaba este nombramiento con el de un Fiscal General del Estado que fue recurrido. Recuerda que no hay una actividad gubernativa que pudiera ser fiscalizable por la jurisdicción contencioso-administrativa. "Estamos ante un acto parlamentario sin valor de ley, no sujeto al control de la jurisdicción contencioso administrativa".


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