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Anticorrupción pide al juez que averigüe a cambio de qué pagó Lazard 6 millones a Rato

La Fiscalía quiere saber si esa transacción correspondió a "un contrato" por el trabajo del expresidente de Bankia entre 2008 y 2010. 

Los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato
Los ex presidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato Efe

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que reclame a la Agencia Tributaria información sobre una transferencia de 6 millones de euros que recibió el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en una cuenta radicada en un paraíso fiscal. En un escrito remitido al magistrado, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal requiere que pida a la banca de inversión Lazard, que asesoró a Bankia en su debut bursátil en 2011, el mismo año en que efectuó a Rato ese pago, toda la documentación sobre el pago, que ascendía a un total de 6.199.308 euros.

Su intención es, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, comprobar si, tal y como tuvo que reconocer el también expresidente de Caja Madrid durante su declaración como imputado el pasado 16 de octubre ante la pregunta sorpresa del fiscal, correspondió a "un contrato" por su trabajo en Lazard desde el 2008 hasta su marcha en enero de 2010.

El exbanquero justificó que se trataba de "unos derechos sobre acciones que tenían un vencimiento" en 2011. Y lo cobró, añaden las mismas fuentes, en una cuenta abierta en Suiza, lo cual no constituye delito alguno a menos que no lo hubiera declarado a Hacienda.

Anticorrupción responde así a la solicitud que hizo UPyD para que se imputara a Castellanos un delito de falso testimonio y se incorporaran los correos corporativos que Rato envió desde su cuenta de Lazard en 2009, y también los que cruzó con el presidente de la entidad, Jaime Cstellanos, desde que tomó las riendas de Caja Madrid en enero de 2010 hasta su salida de Bankia en mayo de 2012.

"Las diligencias solicitadas por UPyD resultan desproporcionadas por excesivas a los fines que se persiguen de averiguar la razón de este pago, por otra parte al parecer declarado tanto por Lazard como por Rodrigo Rato", con lo que considera que es suficiente con pedir a Lazar y a Hacienda que lo documenten. Según la formación, Castellanos mintió en su testifical del pasado año sobre las retribuciones que percibió Rodrigo Rato mientras éste trabajó en el banco al reconocer que "con su salida de Lazard y el cobro del correspondiente finiquito se liquidó totalmente la relación profesional existente entre ambos".

Pero para el fiscal, "analizadas las declaraciones de uno y otro, no se aprecia que Castellanos faltara a la verdad en relación a este pago, sobre el que no se le preguntó expresamente", y su afirmación "no es, en principio, incompatible con la explicación dada por Rodrigo Rato" cuando dijo que se corresponde con "unos derechos sobre acciones que recibió de Lazard en 2008". Sospechaba además de los distintos contratos adjudicados a Lazard en la etapa de Rato "habida cuenta de la relación de amistad" entre ambos "y los diversos bienes y negocios" que compartían, y que inicialmente ocultaron en sus primeras declaraciones ante el juez.

Tras negar en diciembre de 2012 que tuviera alguna relación comercial con Castellanos, Rato aclaró por escrito después que los dos administraban con Pedro Antonio Pasquín Echanove la mercantil Paracuga y también que eran "copartícipes en una comunidad de bienes que es titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid) arrendado a Mercadona". Además, UPyD consideraba que se debe esclarecer el nombramiento de Willis Ibérica como agente para la póliza de seguros de la Oferta Pública de Valores por parte de Bankia, un hecho sobre el que "siguen sin conocerse las condiciones ni las cantidades percibidas", de ahí que pidiera al juez que solicitara a la correduría todos los contratos y servicios prestados.

Por último, UPyD pretendía que el Banco de España informe sobre la relación de Rato con el banco turco Akbank, del que actualmente todavía es asesor internacional, "con indicación de si la misma supuso algún tipo de vulneración" de la ley de cajas "o de las obligaciones estatutarias o contractuales". Sin embargo, el fiscal también rechaza todas estas diligencias por considerarlas "innecesarias" y que solo provocarían una "dilación del proceso".


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