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España

UGT Andalucía despide al trabajador acusado del borrado de 1.756 archivos

El secretario general de UGT, Cándido Méndez.

UGT Andalucía ha despedido al secretario general de la sección sindical de sus trabajadores en Sevilla, Laureano Conde, al que señala como responsable del borrado de 1.756 ficheros informáticos que, según el sindicato, dificultará aclarar las irregularidades en la gestión de fondos públicos.

A través de una nota de prensa recogida por Efe, la seccíon sindical informa de que la medida es "injustificada" y pretende señalar a los trabajadores como "cabeza de turco para intentar tapar las presuntas irregularidades del sindicato". En la misma nota, convoca una rueda de prensa para el próximo martes en la que explicará los detalles de esta medida.

Según la central sindical, el trabajador ha recibido este viernes la carta de despido disciplinario como presunto autor de la destrucción de "importante y voluminosa documentación e información de identidad". Para ello, supuestamente utilizó "un programa informático que impide indentificar cuál ha sido la concreta documentación que ha sido borrada". Según Efe, que cita fuentes del sindicato, el programa utilizado, llamado C-Cleaner, "se baja gratis de Internet y sólo borra los archivos temporales de Internet y no los de cualquier otro tipo, lo que es fácilmente verificable por cualquier informático".

Este despido se produce después de que UGT Andalucía denunciara este martes el borrado de 1.756 archivos y la copia de más de 22.400 desde ordenadores internos del área de administración del sindicato, lo que dificulta la investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de formación.

En rueda de prensa, el secretario de Organización de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, ha informado de que el sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores por estos hechos, dos de los cuales se cerraron con amonestación. Ferrer ha afirmado que UGT denunciará el caso en los tribunales cuando reúna las pruebas suficientes y que el borrado de los archivos se ejecutó entre enero y junio de este año con un programa que no deja huella y no permite recuperarlos, algo parecido a los "discos duros del PP" en el alusión al caso Bárcenas.

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