Publicado: 25/05/2015 04:00
No figura en el ordenamiento jurídico español, pero casi todos los jueces la respetan. Es la norma no escrita de evitar las detenciones de cargos públicos y políticos por causas de corrupción en las semanas previas a unas elecciones. El supuesto objetivo: no influir en el resultado de los comicios. Así ha sido en estas elecciones municipales y autonómicas recién celebradas, en las que esta 'tregua judicial' ha evitado que se produjeran nuevas redadas. Lo que no se han paralizado, ni mucho menos, son las investigaciones en marcha, algunas de las cuales han cerrado en estos días los últimos flecos para realizar en breve importantes operativos con un alto número de arrestos. Son, en concreto, nuevas fases de las operaciones Edu y Púnica.
La cuarta fase de la 'Operación Edu' se desarrollará en Huelva y Sevilla y afectará a 52 empresas que recibieron 5,7 millones de euros en subvenciones para formar a parados
De las dos, la que lleva la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contra el fraude en los cursos de formación es la que más ha sufrido este 'parón' electoral. De hecho, la tercera fase se realizó a mediados de marzo, precisamente durante la campaña electoral de las autonómicas andaluzas, lo que provocó entonces críticas por parte de los partidos ya que varios de los arrestados eran cargos públicos, había un responsable de la propia Junta e, incluso, se imputó a un candidato de IU en aquellos comicios. Desde la UDEF se justificó en que cuando Susana Díaz decidió por sorpresa adelantar las elecciones, el dispositivo estaba ya preparado y se decidió seguir adelante con ello. En aquella fecha también se desarrolló un segundo operativo contra el fraude de los cursos de formación, aunque en este caso dirigido por la juez Mercedes Alaya y la Guardia Civil. Fue la 'Operación Barrado', cuyos arrestos se retrasaron al 24 de marzo, dos días después de aquellos comicios. Entre los altos cargos de la Junta detenidos aquel día, había una candidata del PSOE.
Ahora, los máximos responsables del Cuerpo Nacional de la Policía parecen haber optado por seguir el ejemplo de la 'Operación Barrado' y ha decidido retrasar la cuarta fase de 'Edu' hasta después de los comicios de este domingo pese a que la redada estaba prevista en un primer momento para abril, según confirmaron a Vozpópuli altos cargos de Interior. En esta ocasión, el operativo afectará a las provincias de Huelva y Sevilla, las únicas de las ocho andaluzas donde aún no se ha realizado, e incluirá el arresto de cerca de centenar y medio de personas relacionados con las adjudicaciones que recibieron 52 empresas para impartir formación a desempleados. El fraude investigado es esta ocasión se eleva a 5,7 millones de euros. Con estas cifras, el 'caso Edu' se convertirá en una operación policial con cifras de récord, ya que hay implicadas 254 personas en las tres fases desarrolladas hasta el momento. En la primera, que tuvo lugar el pasado verano en Málaga, hubo 42 arrestos. En la segunda, que tuvo lugar en Cádiz, Almería y otra vez Málaga el pasado mes de febrero, concluyó con 87 arrestos. Y en la última redada, la anterior a las autonómicas andaluzas, 125 entre detenidos y imputados. A ellos se suman otro quince arrestados en la 'Operación Óscar', una 'hija' de Edu. Una compleja investigación que, además, tiene otra particularidad: la dirigen ocho juzgados diferentes, uno por cada provincia.
Las líneas de investigación en Púnica
En el caso de la Operación Púnica, sólo es uno: el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Él será quien finalmente determine las fechas para una segunda fase de la misma. En las últimas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado diversos informes sobre una parte importante de la documentación intervenida durante los registros de octubre. En concreto, el magistrado ha centrado ahora las pesquisas en los contratos que algunos ayuntamientos firmaron con la multinacional de eficiencia energética Cofely, pero también en otras administraciones que contrataron con fondos públicos al presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, trabajos de 'reputación online' y los que realizaron adjudicaciones a la empresa de espectáculos Waiter Music, supuestamente utilizada por el exdirigente 'popular' Francisco Granados para enriquecerse de manera irregular. En total, el magistrado estudia actuar en más de una decena de consistorios, la mayoría en la Comunidad de Madrid y gobernados hasta ahora por el PP.
La segunda fase de la 'Operación Púnica' afectará a más de una decena de Ayuntamientos, la mayoría en la Comunidad de Madrid y gobernados hasta ahora por el PP
La empresa Cofely, cuatro de cuyos directivos en España están imputados, representa una de las principales líneas de investigación, sobre todo por el volumen de dinero de los contratos de eficiencia energética que firmaron. Para ello, contaba presuntamente con el apoyo del constructor David Marjaliza, socio y amigo de Granados, y de su empresa Ruta Energética. Según detalló la Fiscalía Anticorrupción durante la comparecencia ante el juez Velasco de uno de los altos cargos de la multinacional, José Antonio Hernández, los representantes de esta compañía acudían a los concursos públicos para ganar "con absoluta seguridad, ya que se infiltraban en los ayuntamientos y obtenían las valoraciones de las otras ofertas", incluidos los baremos económicos que ofrecían sus competidores. "Se hacían sugerencias en los pliegos y se exigía que se acomodaran a la oferta que iba a presentar Cofely", añadió.
La segunda línea de investigación es la abierta entorno a EICO Online Reputation Management SL, la empresa del 'conseguidor' Alejandro de Pedro que realizaba trabajos de 'reputación online' para políticos y entidades. Hasta ahora, la misma ya ha supuesto la imputación de Isabel Gallego, jefa de campaña de Esperanza Aguirre, y ha puesto contra las cuerdas a Salvador Victoria, 'número 2' del Gobierno madrileño y aún aforado. Una de las trabajadoras de la compañía de De Pedro reconoció al juez Velasco que habían realizado trabajos para relegar a lugares secundarios en los buscadores de Internet las noticias negativas sobre el ático en Marbella del presidente Ignacio González, y el polémico cheque guardería que recibió su consejera de Educación, Lucía Figar. La trabajadora admitió también que mediante 60 diarios digitales 'zombis' se había hecho algo parecido con responsables de los ayuntamientos de Majadahonda, Alcobendas, Valdemoro, Coslada y Collado Villalba, todos ellos de la Comunidad de Madrid y gobernados por el PP. La relación con EICO y el 'conseguidor' también ha salpicado al actual consejero de Educación del Gobierno de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, como adelantó este diario.
Waiter Music y los dos exparlamentarios
Las pesquisas entorno a Waiter Music, la empresa de festejos presuntamente relacionada con Granados, también implica a varios consistorios madrileños. Uno de ellos es, precisamente, de nuevo Coslada, donde el PP gobierna en minoría. Su equipo de gobierno otorgó a esta compañía por decreto la organización y producción de las actuaciones musicales en las fiestas mayores de los tres últimos años. La empresa bajo sospecha, cuyo dueño fue uno de los detenidos en octubre en la primera fase de la Operación Púnica, fue la única a la que el Consistorio invitó a presentarse, siempre por la vía de urgencia y procedimientos negociados sin publicidad. La web de Waiter Music presumía de trabajar para otros 26 municipios de la Comunidad de Madrid. Varios de ellos están ya bajo la lupa del juez Velasco y la Guardia Civil por dichas adjudicaciones.
El juez Velasco sopesa imputar ya en 'Púnica' a dos diputados regionales del PP de la legislatura recién concluida que este 24-M han quedado fuera de la Asamblea de Madrid
Finalmente, el juez Velasco sopesa también la imputación en breve de dos diputados del PP en la Asamblea de Madrid en la legislatura ahora concluida. Se trata de José Miguel Moreno Torres, exalcalde de Valdemoro, y Mario de Utrilla, actual regidor de Sevilla La Nueva, cuya condición de aforados hasta este 24-M habían aconsejado no actuar contra ellos. No repetirán, ya que el partido los excluyó de sus listas, como a Salvador Victoria. En el caso de Moreno y Utrilla, las pesquisas se centran en las adjudicaciones que hicieron al frente de sus respectivos ayuntamientos. El primero lo fue de Valdemoro entre 2003, cuando sustituyó a Granados, y 2011. Un periodo en el que, según ha revelado su sucesor en el cargo, el también 'popular' José Carlos Boza Lechuga, arrestado en octubre en la primera redada de Púnica, supuestamente intervino en 22 'pelotazos' urbanísticos con irregularidades.
Mario de Utrilla, alcalde desde 2007 de Sevilla la Nueva y candidato este domingo, está bajo la lupa del juez Velasco también por la gestión que ha hecho del consistorio, según fuentes cercanas a la investigación. Utrilla llegó al puesto después de haber sido teniente de alcalde de otra localidad madrileña, Pozuelo de Alarcón, en la época en que su ayuntamiento estaba en manos de la trama Gürtel, con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como regidor. En aquella causa, Mario de Utrilla nunca fue imputado aunque su nombre apareció en varias conversaciones intervenidas. Ahora, sin embargo, el escándalo le ha salpicado por partida doble. En primer lugar, porque su hermano Alejandro, concejal de Medio Ambiente en Móstoles, fue detenido por la UCO acusado de cobrar una comisión de la multinacional Cofely GDF Suez. Cuando se conoció su supuesta implicación en la trama el pasado enero, el alcalde se apresuró a negar cualquier relación del consistorio que encabeza con las empresas salpicadas por la 'Operación Púnica'.
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