OPERACIÓN EDU

Redada contra el fraude en los cursos para parados de la Junta: la UDEF detiene a nueve personas

Los arrestados están relacionados con las 17 mercantiles bajo sospecha de haber cobrado irregularmente 1,52 millones de euros en la provincia de Málaga en 2010. Otras cuatro han sido llamadas a comisaría y varias decenas más lo harán en los próximos días.

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el centro de la polémica.
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el centro de la polémica.

La 'Operación Edu' ya no es sólo un informe. En las últimas horas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han detenido a nueve personas, cinco de ellas en Málaga y cuatro en Granada, relacionados con el supuesto fraude millonario en los cursos para parados financiados por la Junta de Andalucía que destapó Vozpópuli el pasado 11 de abril. Según fuentes jurídicas, otras cuatro han sido llamadas a declarar como imputados a comisaría y varias decenas más lo serán en los próximas días. En total, la Policía tomará testimonio durante esta semana a cerca de 40 personas implicadas, todos ellos relacionados con las 17 empresas bajo sospecha de cobrar presuntamente de modo irregular 1,52 millones de euros por impartir enseñanzas para desempleados en 2010 en la provincia de Málaga.

Los arrestados tienen relación con las 17 empresas investigadas por la adjudicación en diciembre de 2010 de la formación para desempleados en la provincia de Málaga 

Las detenciones han sido realizadas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF desplazados desde Madrid. Los arrestados son, en su mayor parte, las personas que, según la documentación que presentaron las empresas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cobrar las subvenciones, figuraban como propietarios de las mismas. Se trata, en concreto, de las mercantiles A.F. Salamar Hostelería SL, Academia Nena-Sol, Actuaciones Formativas, la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Comarca del Valle Guadalhorce, la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, Carpintería Vázquez Claver L, Centro de Formación Gasset SL, Centro de Formación Profesional Feijo SL, Formación e Inserción Málaga, Formación Hostelera del Sur, Grupo Alce Formación SL, Jobesa SC, Master Ronda SC, Proyecto Puerta Blanca SL y Yomaluig SL, además de dos autónomosMaría Luz V.S. y Miguel Ángel R.R.

Siete ilícitos penales

La convocatoria que se ha investigado en profundidad ha sido, por ahora, únicamente la de diciembre de 2010 en la provincia de Málaga.  El último informe elaborado por la UDEF enumera hasta siete ilícitos penales supuestamente cometidos en la misma por las empresas investigadas. Así, el documento policial detalla que estas trampas abarcan desde la concesión hasta la liquidación de las subvenciones, pasando por la obtención, gestión y supervisión del dinero público "por parte de determinadas personas y empresas". Los agentes concluyen que el incumplimiento de la ley que rige este tipo de adjudicaciones ha sido "sistemático" y "en un porcentaje elevado" no sólo en esta convocatoria sino en muchas más de Málaga y del resto de las provincias andaluzas.

El último informe de la UDEF salpica de lleno a la Junta de Andalucía al mencionar con nombres y apellidos a cinco cargos de la misma

Las pesquisas también han salpicado de lleno a la Junta de Andalucía ya que la Policía ha constatado que el Servicio Andaluz de Empleo, de quien dependieron dichos cursos hasta que en abril de 2013 pasaron a la Consejería de Educación, no realizó las inspecciones pertinentes para evitar el fraude. De hecho, la propia Cámara de Cuentas autonómica reveló en un reciente informe sobre el dinero destinado a estas enseñanzas, que los mecanismos de control sólo se realizaron en un 10% de los cursos impartidos en la provincia de Sevilla y en un 30% de los de Málaga. Los agentes de la UDEF detallan en sus informes hasta siete supuestas irregularidades cometidas por diferentes órganos de la Junta de Andalucía. Además, menciona con nombres y apellidos a cinco cargos de la misma.

Se trata, en concreto, de dos exconsejeros de Empleo del Gobierno Andaluz, Antonio Fernández García (también imputado en el caso de los ERE) y Manuel Recio Menéndez; del director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña Villalobos, y de la jefa del Servicio de Formación para el empleo, Isabel Almendro Flores, así como de un técnico del seguimiento de los cursos, Javier T.M.. La UDEF apunta a la posible existencia de "algún tipo de tráfico de influencias con algún alto cargo de la Junta de Andalucía por parte de alguno de los empresarios beneficiarios".

Diligencias en ocho juzgados

El juzgado de Málaga que ha ordenado las detenciones de este martes no es el único que investiga el fraude en los cursos de formación para parados de la Junta. De hecho, la'Operación Edu' se ha convertido en ocho causas diferentes en las últimas semanas. La UDEF ha remitido en ese tiempo a los jueces decanos de cada una de las provincias andaluzas sendos informes sobre las irregularidades en los cursos para parados de la Junta detectadas en cada uno de sus demarcaciones. La decisión de los agentes se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción descartara asumir directamente el caso y judicializarla en la Audiencia Nacional.

No obstante, en esta batalla jurídica hay otro personaje en liza. Se trata de la juez sevillana Mercedes Alaya, célebre por instruir el 'caso de los ERE' y que a mediados del pasado mes de mayo solicitó formalmente a la Fiscalía de Málagalos informes de la UDEF sobre la 'Operación Edu'. Su objetivo: estudiar si había conexiones entre estas diligencias, las número 206/2013, con otras investigaciones abiertas por ella para, de este modo, reclamar las primeras. La magistrada llevaba semanas maniobrando para hacerse cargo del caso, según fuentes jurídicas.


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