LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Caso Edu: 24 cargos de la Junta entre los 35 detenidos y tres imputados en el inicio de la nueva fase

Entre los arrestados este lunes se encuentran cinco delegados provinciales, otros tantos jefes de servicio y 14 jefes de departamento y técnicos de seguimientos. También hay empresarios que recibieron subvenciones para cursos de formación.

Susana Díaz, en su época de consejera de Presidencia andaluza, junto al antonces jefe de su gobierno, José Antonio Griñán.
Susana Díaz, en su época de consejera de Presidencia andaluza, junto al antonces jefe de su gobierno, José Antonio Griñán. EFE

La nueva fase de la'Operación Edu', bautizada como 'Eduende', sigue sumando arrestos a un ritmo vertiginoso. El primer día del dispositivo ha concluído, de hecho, con 35 detenidos y tres imputados, la mayoría de ellos cargos de la Junta de Andalucía. En concreto, 24. Así, a los diez altos cargos de la Junta de Andalucía detenidos este lunes a primera hora por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, como adelantó Vozpópuli, se han sumado a lo largo del día otros 14 mandos intermedios de la delegaciones provinciales de Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga y Sevilla, las seis provincias andaluzas donde se ha desarrollado este lunes la primera jornada de un dispositivo que durará dos semanas y en el que está previsto el arresto de cerca de 180 personas. Los detenidos están acusados de haber permitido o haberse beneficiado del fraude masivo en las subvenciones que el Gobierno autónomo otorgaba a mercantiles para impartir cursos de formación a parados.

En las tres primeras fases de la 'Operación Edu' fueron ha sido imputadas 254 personas. Cuando acabe el operativo puesto en marcha este lunes se superarán las 400

 Los arrestos de este lunes son la culminación de los tres anteriores dispositivos llevados a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF contra este fraude masivo en Andalucía y que se bautizaron como Edu, Edu-CostaEdu-Centro. Hasta ahora, las tres redadas anteriores de esta compleja operación que se inició hace más de dos años se han saldado con un total de 254 imputados. Con los 180 que se espera acabe dentro de dos semanas Eduende, este dispositivo batirá todos los record en la historia judicial española. Y todo ello en una semana que se vislumbra clave en la vida política andaluza después de que Susana Díaz no haya conseguido aún el respaldo suficiente de la Cámara regional para formar gobierno pese a ganar las elecciones del pasado 22 de marzo. De hecho, la dirigente socialista ha dado estos días un ultimatum al resto de partidos del parlamento para que faciliten esta misma semana su investidura o, si no, convocará nuevas elecciones anticipadas.

Según altos cargos del Ministerio del Interior, la 'Operación Eduende' estaba preparada desde hace un mes, pero se optó por aplazarla para no interferir en la campaña electoral de los pasados comicios municipales. Ahora, sin embargo, se ha decidido actuar sin mirar el calendario político ante la necesidad de dar el último empujón a una investigación que lleva abierta más de dos años y en la que se vienen realizando arrestos desde el verano pasado. Entonces se detuvo en Málaga 42 personas. Era la primera fase. En la segunda, que se desarrolló en Cádiz, Almería y otra vez Málaga el pasado mes de febrero, concluyó con 87 detenciones. Y en la última redada, la anterior a las autonómicas andaluzas, 125 entre detenidos y imputados. A ellos se suman otros quince arrestados en la 'Operación Óscar', una 'hija' de Edu en la que cayó un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés. Una compleja investigación que, además, tiene otra particularidad: la dirigen ocho juzgados diferentes, uno por cada provincia.

Cinco antiguos delegados de Empleo

Ahora, en 'Eduende' los primeros en caer han sido los cinco antiguos delegados de Empleo de la Junta en Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga, y cuya firma aparece en la orden de adjudicación de estos cursos de formación publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), además de cinco jefes de servicio de dichos organismos. Los primeros son Antonio Fernández Ramírez, exdelegado de Empleo en Córdoba y exalcalde socialista de Pozoblanco; Irene Sabaleta, que ocupó el mismo puesto en Jaén y que se hizo célebre recientemente al salir una grabación en la que instaba a los funcionarios a votar al PSOE si no querían perder su empleo; Marina Martín, de Granada; Juan Carlos Lomeña, de Málaga y miembro del Congreso de los Diputados en los años 90, y Juan Bouza, en Cádiz. Se da la circunstancia de que los cinco ya fueron arrestados por la Guardia Civil en otra redada también contra el fraude en ayudas públicas: la 'Operación Barrado'.

A primera hora de la mañana fueron detenidos 10 ex altos cargos, entre ellos los cinco antiguos delegados de Empleo de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz

Como ha pasado con anteriores fases de la 'Operación Edu', todos ellos fueron citados en las distintas comisarías provinciales para que acudiesen con abogado y, una vez allí, fueron detenidos por la Policía que inmediatamente les tomaron declaración. Posteriormente fueron puestos en libertad con cargos, a la espera de comparecer dentro de un tiempo ante los jueces que se encargan en cada provincia de la instrucción de la causa. El mismo 'protocolo' de actuación se siguió con el resto de detenidos, entre ellos los cinco jefes de servicios y los 14 jefes de departamentos y técnicos de seguimiento también arrestados. Todos ellos están acusados de propiciar la entrega de las ayudas a empresarios que no cumplían los requisitos e, incluso en algunos casos, de asesorar a éstos para que consiguieran burlar la ley. Otros debían acudir regulamente a controlar que se impartían las clases en las condiciones que marca la ley y, sin embargo, no lo hicieron, dando pie a una fraude masivo que sólo en las convocatorias que la UDEF ha analizado hasta ahora se acerca a los 20 millones de euros

Además, de estos 24 cargos, también han sido detenidas o imputadas otras catorce personas, cinco de ellos empresarios de Sevilla que se beneficiaron de modo irregular de estas subvenciones. De hecho, de las cerca de 180 personas que serán detenidas en las próximas semanas la mayoría son los titulares de mercantiles que impartieron cursos de formación en esta provincia y en Huelva, las dos donde las pesquisas van más retrasadas y en las que, de hecho, no se va a actuar aún contra responsables de Empleo de la Junta por este hecho. En ambas, la investigación se centra en 52 empresas que percibieron 5,7 millones de euros en subvenciones para impartir formación a desempleados.


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