EL FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA PARADOS

La UDEF culmina la primera fase de la 'Operación Edu' con un total de 42 detenidos

La Policía dio por terminado este martes el arresto y toma de declaración de los presuntos implicados en el cobro irregular de 1,5 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para impartir cursos para parados en la provincia de Málaga en 2010.

La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz
La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz Efe

La primera fase de la 'Operación Edu' ha terminado. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha dado este martes por concluida la detención y toma de declaración de los presuntos implicados en el fraude de 1,5 millones de euros destinados a la formación para desempleados correspondientes a una adjudicación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de diciembre de 2010 en la provincia de Málaga. En total, 42 personas, en su inmensa mayoría relacionadas con las 17 empresas relacionadas con estos cursos para parados, han pasado por comisaría, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Vozpópuli. Los siete últimos, ayer. Todos han quedado en libertad con cargos.

De todos los arrestados, la Policía califica de 'cazasubvenciones' a cuatro de ellos por crear empresas 'fantasmas' para lograr adjudicaciones y luego desaparecer

Los arrestos se iniciaron el martes de la semana pasada, cuando agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF desplazados desde Madrid con la colaboración de miembros de la Comisaría Provincial de Málaga detuvieron a nueve personas y citaron a otras cuatro como imputadas para interrogarlas sobre su relación con los cursos bajo sospecha. Entre aquellos primeros detenidos se encontraban dos policías locales hermanos que regentaban una academia que impartía formación para desempleados. Aquel día, la mayor parte de la actuación policial se centro en la provincia de Málaga, donde supuestamente se produjo el fraude, pero también hubo cuatro detenciones en dos localidades de Granada.

Entre estas últimas se encuentra la de María Teresa Sánchez, quien figuraba como administradora única de la empresa Formación e Inserción Málaba SL, una empresa que ha sido catalogada por los agentes de la UDEF literalmente como 'cazasubvenciones'. De hecho, la misma fue creada en septiembre de 2010 y, sorprendentemente, la Junta de Andalucía le concedió la primera subvención para impartir cursos para parados tan sólo 60 días después. La Policía ha rastreado la actividad empresarial de esta mujer y ha descubierto que figura como directiva en más de cuarenta empresas, entre ellas tres dedicadas también a impartir cursos para desempleados en otras tantas provincias andaluzas. Las sospechas sobre su condición de supuesta 'cazadora' de adjudicaciones terminaron de afianzarse cuando los agentes descubrieron que estas últimas habían sido constituidas ante el mismo notario de Granada y el mismo día que la de Málaga.

El empresario del PSOE

Otro de los detenidos es Pablo Viedma Hurtado, propietario de una empresa de formación en Vélez-Málaga y reconocido militante del PSOE que supuestamente presumía de conseguir adjudicaciones para impartir cursos para parados gracias a su "amistad" con miembros del Gobierno andaluz, como adelantó Vozpópuli. Su hijo, Eduardo Viedma León, que figura también como titular de sociedades dedicadas a la formación, también ha sido arrestado ya que una de sus mercantiles fue supuestamente utilizada para desviar parte del dinero de una subvención de 60.390 euros recibida por su padre.

Entre los arrestados, una empresaria que creó cuatro empresas para 'cazar' subvenciones y otro que presumía de tener "amistad" con consejeros del Gobierno andaluz

Pablo Viedma aparece mencionado en uno de los informes como propietario de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, una de las 17 empresas investigadas. Durante las pesquisas, la Policía ha recogido declaraciones de testigos que aseguran que el militante socialista (así se presenta él mismo en el vídeo de una entrevista en una televisión local colgado en Internet) manifestaba abiertamente tener "una gran amistad" con miembros del Gobierno autonómico. Uno de los docentes incluso concretó a los agentes que la persona con la que supuestamente tenía "relación" el empresario era, en realidad, un consejero de Empleo y que gracias a ello "le habían concedido una gran cantidad de cursos". La Policía ha constatado que empresas ligadas a él "han cobrado prácticamente todos los años subvenciones públicas, más de 500.000 euros" en el periodo 2010-2012.

Irregularidades a tutiplén

El último informe de la UDEF sobre este fraude enumera hastasiete ilícitos penales supuestamente cometidos por las 17 empresas bajo sospecha. El documento policial, al que tuvo acceso este diario, detalla que estas trampas abarcan desde la concesión hasta la liquidación de las subvenciones, pasando por la obtención, gestión y supervisión del dinero público por parte de "determinadas personas y empresas". Los agentes, que recuerdan que en su informe sólo "se ha desgranado la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de fecha 15 de diciembre de 2010", concluyen que el incumplimiento de la ley que rige este tipo de adjudicaciones ha sido "sistemático" no sólo en esta convocatoria sino en muchas más de Málaga y del resto de las provincias andaluzas.

Los 42 detenidos son únicamente por un fraude en la provincia de Málaga. Otros siete juzgados andaluces investigan también otros cursos para parados bajo sospecha

De hecho, el juzgado de Málaga que ha ordenado las detenciones de este semana no es el único que investiga el fraude en los cursos de formación para parados de la Junta. Es más, la 'Operación Edu' se ha convertido en ocho causas diferentes en las últimas semanas. La UDEF ha remitido en ese tiempo a los jueces decanos de cada una de las provincias andaluzas sendos informes sobre las irregularidades en los cursos para parados de la Junta detectadas en cada una de sus demarcaciones. La decisión de los agentes se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción descartara asumir directamente el caso y que se judicializara en la Audiencia Nacional.


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