OPERACIÓN EDU

La UDEF destapa falta de control de la Junta en los cursos para parados: "No vigilaba si se impartían"

La investigación de la Policía no sólo saca a la luz el cobro irregular de subvenciones por la formación a desempleados, sino también la desidia en la inspección por parte de la Administración andaluza. Las pesquisas se centran en el periodo 2009-2012.

José Antonio Griñán con su sucesora, Susana Díaz
José Antonio Griñán con su sucesora, Susana Díaz GTRES

Millonarias subvenciones con nulo control. La incipiente investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre supuestas irregularidades en los cursos de formación para parados en Andalucía no sólo ha servido para detectar el fraude millonario sino también la falta de control por parte de la Junta sobre dichos cursos. Varios de los testimonios recabados hasta ahora en la bautizada como 'Operación Edu' por los agentes coinciden en señalar que los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de quien dependieron estas enseñanzas hasta abril de 2013, no acudían a vigilar si los cursos de celebraban o si tenían el número de alumnos que se reflejaba en la documentación que las empresas remitían para poder cobrar. "Nadie venía a controlar si se impartían o no", llegaron a reconocer algunas de las personas interrogadas. Por ahora, no hay ni detenidos ni imputados, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción lleve las pesquisas a un Juzgado para comenzar a instruir la causa.

Las pesquisas policiales se centran en el periodo 2009-2012 y, sobre todo, en los cursos de Formación Ocupacional Profesional. Lo anterior estaría ya prescrito

Hasta ahora, la investigación se ha centrado en una sola provincia, la de Málaga, y en una única adjudicación de estos cursos, por un valor de 3 millones de euros, como adelantó Vozpópuli el pasado viernes, pero los datos recabados apuntan a un gran fraude que se extiende por toda Andalucía con especial incidencia en las provincias de Álmería y Granada, según altos mandos policiales. El volumen de los defraudado sigue siendo un misterio y tardará en ser cuantificado, ya que no en todos los cursos se han detectado irregularidades. De hecho, la UDEF pretende limitar claramente el objeto de la investigación para no desperdigar esfuerzos. Así, el periodo que se pretende analizar con detalle es el que va desde 2009 a 2012, cuatro años. Antes de esa fecha el delito posiblemente sea considerado por los tribunales ya prescrito, según estas fuentes. Analizar 2013 tampoco tendría mucho sentido. Para entonces las pesquisas ya estaban en marcha y, de hecho, la Junta de Andalucía transfirió la competencia de esos cursosdesde la Consejería de Economía a la de Educación tras conocer la existencia del fraude por la Policía por lo que muy posiblemente no se produjeron casos.

Pese a esta limitación temporal, el campo de trabajo de los agentes de la UDEF es muy amplio ya que, en teoría, los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía abarcaban tanto enseñanzas para parados como para personas con trabajo. Por ello, la Policía ha decidido poner el foco en los que afectan a desempleados, los llamados cursos de Formación Ocupacional Profesional (FOP), entre otros motivos porque las irregularidades detectadas hasta ahora son más flagrantes y numerosas. Así, se han descubierto cursos que ni siquiera llegaron a impartirse y que las empresas presuntamente implicadas habían justificado con la entrega de listados con alumnos ficticios utilizando los nombres y apellidos de parados reales. Otras de las nomalías más corrientes detectadas es el incumplimiento de algunas adjudicatarias de su compromiso de contratar al 60% de los alumnos durante seis meses, requisito imprescindible para obtener la ayuda. Además, algunas de las empresas eran 'fantasmas': se creaban para impartir el curso y luego eran disueltas.

Ceses, decretos e informes

Con esas evidencias, la UDEF elaboró la pasada semana su informe para la Fiscalía Anticorrupción, a la espera de su judicialización para seguir avanzando en las pesquisas y extenderlo a otras provincias andaluzas donde ya se ha detetado prácticas similares. Según un alto mando policial, Almería y Granada son, por este orden, las que presentan más casos similares a los de Málaga, pero no son las únicas. De todo ello ha estado informada la propia Junta de Andalucía desde el comienzo de las pesquisas ya que gran parte de los datos utilizados fueron solicitadas al Servicio Andaluz de Empleo por los agentes. Todo indica que, incluso, el propio gobierno autonómico podría haber detectado alguna práctica no ajustada a la legalidad desde hace tiempo, ya que varios de los responsables provinciales de la Consejería de Economía han sido cesados en los últimos tiempos. Uno de ellos, precisamente, el delegado provincial de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, en dicho cargo desde 2004 hasta agosto de 2011 y, por tanto, firmante de gran parte de los cursos bajo sospecha. Entonces la Junta no explicó los motivos de su salida. La investigación policial tampoco se había iniciado.

La Junta de Andalucía se anticipó a la operación policial con un informe de la Cámara de Cuentas que alertaba de numerosas irregularidades en el control sobre los cursos

No es la única actuación llamativa realizada por el gobierno andaluz en este caso. Además de ésta y de la trasferencia de los cursos de la Consejería de Economía la de Empleo al poco de tener noticia de las pesquisas, la Cámara de Cuentas autonómica también hizo público por sorpresa el pasado 6 de marzo un duro informe sobre la gestión que había hecho el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los fondos de formación. Fuentes cercanas a la investigación muestran su convencimientos de que con este documento la Junta "se puso la tirita antes de que se conociera que había herida". De hecho, en dicho informe, referido a los ejercicios 2009 y 2010, este organismo destacaba que, tras analizar únicamente un tercio de los expedientes tramitadas en ese periodo, ya había encontrado deficiencias en cursos que costaron al erario 49 millones de euros. De mantenerse esa proporción, el fraude en los cuatro años bajo sospecha podría acercarse a los 300 millones de euros, muy lejos de las cifras manejadas por diversos medios, pero también mucho más elevado que el de la trama de los ERE.

La Policía, por su parte, prefiere no dar cifras. La investigación lleva ya un año, pero aún está en una fase inicial. De hecho, fuentes cercanas a la investigación insisten en que de los aproximadamente 1.500 millones de euros que se destinaron a estos cursos durante los cuatro años bajo sospecha, no todo el dinero fue defraudado. En eso coinciden con la Cámara de Cuentas andaluza. No ha sido la única concurrencia entre las conclusiones de ambos. Como destacaba el propio presidente de este organismo de control del gasto en su comparecencia del pasado 6 de marzo en el parlamento autonómico, también habían detectado "deficiencias de control interno" y "falta de comprobación por parte del órgano gestor". Incluso reconoció que "las visitas de seguimiento de los cursos" por parte del SAE sólo se realizaron en un 10% en el caso de la provincia de Sevilla y en un 33% en la de Málaga. La Policía ha constatado ya que, en realidad, muy pocas veces se vigilaba si realmente se impartían o no.


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