EL ÚLTIMO GOLPE POLICIAL A LA CORRUPCIÓN

La UCO culmina la primera fase de la 'Operación Enredadera' con 62 encausados

A los 32 detenidos del pasado martes, la Guardia Civil ha sumado durante los últimos días a otras 30 personas como imputadas hasta convertir la redada en uno de los más importantes golpes contra la corrupción desarrolladas en España del año.

Agentes de la UCO, durante uno de los registros de la 'Operación Enredadera'.
Agentes de la UCO, durante uno de los registros de la 'Operación Enredadera'. GUARDIA CIVIL

Suma y sigue. La 'Operación Enredadera' que permitió la detención el pasado martes de 32 personas por su presunta implicación en una trama que amañaba concursos públicos ha continuado sumando en los últimos días nuevos imputados. En concreto, treinta más, hasta elevar a 62 el número total de encausados en el sumario que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Fuentes cercanas a la investigación no descartan que esta cifra siga creciendo tras el análisis de la abundante documentación física y en formato informático intervenida durante los registros e, incluso, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolle en el futuro nuevas redadas con más arrestos e implicados.

Entre los detenidos, hay diez empleados de Fitonovo SL, seis trabajadores de Adif y cuatro funcionarios del Ministerio de Fomento

Entre los 32 detenidos, destacan por su número los trabajadores de Adif, la empresa pública responsable de la red ferroviaria de nuestro país. De esta compañía, fueron arrestados aquel día seis empleados en activo o ya jubilados y que en los últimos años habían recibido suspuestamente 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de manos de los directivos de la empresa sevillana Fitonovo SL, epicentro de la trama. Entre estos trabajadores destaca el gerente en la compañia en Córdoba, Enrique José Finch, a quien la juez Alaya envió a prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros después de que el análisis de la documentación intervenida el pasado mes de diciembre en la sede de Fiverde, filial de Fitonovo, revelase que presuntamente había percibido más de un millón de euros en sobornos. Junto a él, fue arrestado un técnico, finalmente puesto en libertad con cargos y del que se sospecha que pudo recibir cerca de 23.000 euros de la red entre 2009 y 2012.

Otro directivo de Adif que presuntamente recibió grandes cantidades de dinero fue su responsable en Sevilla, Antonio Rodríguez Jurado, al que el miércoles pasado la juez Alaya envió a prisión bajo fianza de 90.000 euros. Según la investigación de la UCO, este cobró 418.191 euros entre los años 2000 y 2011. En Zaragoza, el detenido fue otro gerente, José Antonio G.P., quien presuntamente se embolsó un 'pellizco' de 100.400 euros que recibió entre 2003 y 2009. Un técnico a sus órdenes, Miguel Angel M.T., cobró por el mismo concepto 9.000 euros en dádivas. En Valencia, el presuntamente sobornado fue otro directivo, quien en 2007 recibió un pago por un total de 20.000 euros. Junto a ellos, la Guardia Civil ha tomado declaración como imputados a otros cuatro empleados de la compañía, tres de ellos en Andalucía, que recibieron pagos menores.

Diez empleados de Fitonovo SL

El otro gran foco de detenidos e imputados es Fitonovo SL. Hasta diez de sus directivos y comerciales fueron arrestados el martes, mientras otro grupo era imputado. El grueso de estos arrestos se produjo en la provincia de Sevilla, donde la compañía tiene sus oficinas centrales en la localidad de Salteras. En concreto, seis. Entre ellos, estaba Juan Andrés Brugueras Foye, director comercial de la misma y a quien la juez Alaya señala en sus autos como "responsable de una de las líneas de negocio de la empresa" y de tener "a su cargo a la mayor parte de los comerciales". Por ello, la magistrada le señala como uno de los presuntos muñidores del entramado de sobornos a funcionarios. En el sumario obran numerosos correos electrónicos e intervenciones telefónicas en los que se ve con detalle cómo da indicaciones a sus subordinados para el pago de mordidas.

Alaya ha dictado prisión eludible con fianza para tres de los arrestados y a un cuarto le ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado

De los seis trabajadores de Fitonovo detenidos en la provincia de Sevilla, tres fueron puestos en libertad tras prestar declaración judicial, y otros tres tras hacerlo ante la Guardia Civil, aunque con la obligación de personarse en el juzgado cuando les llame Alaya. Eso sí, todos con cargos. Además, la UCO arrestó a un empleado más de la sociedad en Córdoba, otro en las oficinas de la compañía en Granada, uno más en Madrid y el último en Canarias. Este tenía funciones de directivo dentro de la compañía y se le relaciona con el presunto soborno al exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, el miembro de Coalición Canaria Sergio Machín, también detenido. Todos ellos salieron en libertad tras prestar declaración ante los agentes a la espera de que la juez decida finalmente su situación judicial.

El Ministerio de Fomento también ha 'aportado' varios detenidos a la causa. En concreto, cuatro. Uno de ellos es un ingeniero de la Delegación de Cádiz que supuestamente recibió 1.385 euros en el año 2007 "por favorecer a Fitonovo SL en la adjudicación y/o ausencia de supervisión en la ejecución de los contratos". En la provincia de Huelva han sido dos técnicos. La Guardia Civil tiene constancia de que uno de ellos recibió entre los años 2003 y 2008 de manos de directivos de la empresa sevillana 67.337 euros por permitir a la empresa no cumplir el contrato que se le había adjudicado "bien realizando menos tramos de los contratados, con menos personal o de forma diferente". El segundo supuestamente recibió 5.800 euros entre los años 2004 y 2012.

Videocámaras y caviar

El cuarto funcionario arrestado estaba destinado en Jaén dentro del departamento de conservación de Carreteras. Según los autos de la juez, supuestamente recibió de una comercial de la empresa varias dádivas en 2006 y 2008. Primero fue una videocámara valorada en 1.499 euros. En abril de 2006, la trama le entregó 915 euros y, seis meses después, le abonaron una estancia en un hotel de Madrid por importe de 81,80 euros. En las Navidades de 2008, el funcionario recibiría como regalo una lata de caviar valorada en 115 euros. En total, la red de corrupción le entregó 2.610 euros.

Un funcionario de la Junta de Extremadura supuestamente se repartía al 50% los beneficios que obtenía la trama de los contratos que le adjudicaba

Junto a todos estos, la Guardia Civil también arrestó a tres empleados de otras empresas de Córdoba (2) y Madrid que supuestamente ayudaban a Fitonovo a dar apariencia de legalidad los concursos amañados, así como a diferentes funcionarios y cargos públicos. Entre estos últimos destacan el teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez, y Antonio Torrijo Rodrigo, dirigente de IU que fue asesor del 'número 2' en el consistorio de Sevilla cuando la ciudad era gobernada por el PSOE con apoyo de la coalición de izquierdas. En esta última ciudad, donde se produjeron once de los arrestos del martes, también fue detenido el jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación, Carlos Podio, que ingresó en prisión eludible con una fianza de 100.000 euros. En la misma provincia cayó el jefe del Servicio de Infraestructuras del mismo organismo y el capataz del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento por el amaño de un contrato para el mantenimiento de los célebres Jardines de María Luisa.

La larga lista de detenidos la completan el jefe del Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, el responsable de carreteras de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, y el jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura, José María Pizarro. A éste, la magistrada lo dejó en libertad con cargos con la obligación de comparecer en los juzgados de Mérida, su localidad de residencia, los días 7 y 21 de cada mes. La investigación apunta que este funcionario presuntamente se repartía al 50% con los directivos de Fitonovo la diferencia de los facturado y lo realmente ejecutado por la empresa en los contratos que les adjudicaba de modo irregular. La UCO ha constatado que presuntamente recibió de la trama al menos 66.050 euros entre febrero de 2006 y enero de 2012, aunque sospecha que esta cantidad es sólo una parte del dinero recibido.


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