LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El juez ralentiza el caso Púnica para impedir las tretas legales de Granados y su socio

La Guardia Civil lleva semanas escaneando la ingente documentación intervenida en presencia de agentes judiciales y abogados de los acusados para evitar que éstos impugnen su validez. El proceso durará aún bastantes días.

Agentes de la UCO se llevan una caja de documentación del Ayuntamiento de Collado Villalba durante la Operación Púnica.
Agentes de la UCO se llevan una caja de documentación del Ayuntamiento de Collado Villalba durante la Operación Púnica. EFE

La ‘Operación Púnica’ que desmanteló una trama de corrupción en la que presuntamente participaba Francisco Granados, antiguo 'número 2' del PP en Madrid y exsenador, avanza lentamente. La causa es la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, de extremar al máximo las garantías procesales sobre la abundantísima documentación en soporte papel e informático intervenida. De este modo, el magistrado pretende 'blindar’ su validez legal y evitar futuras maniobras de los abogados defensores para anular una de las piezas claves para sostener las acusaciones.

Pese al secreto de sumario, varios abogados de los detenidos han estado presentes en el escaneado de la documentación en la Audiencia Nacional

En esta decisión ha pesado mucho el hecho de que el político 'popular' y su socio, el empresario David Marjaliza, solicitaran días después de su detención el 'habeas corpus', una figura jurídica que pretende la inmediata puesta en libertad con el argumento de que el arresto ha sido ilegal. Tanto el magistrado como la juez de guardia que resolvió el procedimientolo rechazaron entonces. Pese a ello, cuando Marjaliza compareció poco después ante Eloy Velasco para declarar, se negó a hacerlo insistiendo, precisamente, en que su detención se había prolongado más allá de lo permitido legalmente. Una posición que su abogado, el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, mantiene aún como línea de defensa.

Esta posición hace aventurar a las diversas fuentes consultadas un proceso repleto de tretas legales en busca, precisamente, de la nulidad de las principales pruebas de cargo. Por ello, el juez ha dado instrucciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de escanear todos y cada uno de los documentos intervenidos en los registros, así como realizar el volcado de los ordenadores y memorias informáticas requisadas en la sede de la Audiencia Nacional y en presencia de un agente judicial. Velasco también ha abierto la puerta a que los abogados de los 36 detenidos y 14 imputados estén presentes durante el largo y tedioso proceso pese a que la causa está aún declarada secreta. Según fuentes jurídicas, algunos de los letrados han aceptado el ofrecimiento del magistrado y han asistido a varias de las jornadas.

Y en medio, la 'Operación Enredadera'

Sin embargo, el proceso está siendo largo, muy largo, por la meticulosidad con el que se está realizando y aún se espera que dure algunas semanas más. Y ello a pesar de que los registros se hicieron, según fuentes conocedoras de lo mismo, "de modo muy preciso, casi quirúrgico. No se intervino toda la documentación que se encontraba en los ayuntamientos y despachos a los que se entraba, sino que se analizaba 'in situ' y sólo se requisaba la directamente relacionada con el caso precisamente para evitar que la causa se colapsara por exceso de papel". Una minuciosidad que, precisamente, alargó durante muchas horas algunas de estas diligencias.

A la ralentización también ha contribuido que el grupo de la UCO que lleva las pesquisas haya realizado en las últimas semanas la 'Operación Enredadera' 

A la ralentización también ha contribuido el hecho de que el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO que lleva las pesquisas haya estado desde el 11 de noviembre y hasta la pasada semana enfrascados en otra gran golpe contra la corrupción, la ‘Operación Enredadera’ que dirige la juez sevillana Mercedes Alaya. Hace sólo unos días, tras concluir las diligencias de ésta, sus integrantes han podido reiniciar a pleno rendimiento los trabajos para dotar de garantías jurídicas la documentación intervenida.

Todo ello ha impedido que la Guardia Civil haya iniciado hasta ahora el estudio en profundidad de la documentación intervenida en busca de nuevos indicios y pruebas contra los 50 encausados. De hecho, de este material escaneado surgirán las copias de la documentación con la que los agentes podrán trabajar a partir de ahora en las dependencias policiales. No obstante, los miembros de la UCO no se han quedado hasta ahora con los brazos cruzados y en los últimos días han investigado la lluvia de denuncias que han llegado a sus manos sobre supuestas irregularidades en ayuntamientos y otras administraciones supuestamente relacionadas con la trama de Granados.

Mucha de esa información ha llegado, además, a través de funcionarios que han dado el paso de denunciar, precisamente, después de conocerse las detenciones del pasado 27 de octubre. Gran parte de ellas tienen que ver con Cofely GDF Suez, la filial española de la multinacional francesa especializada en energía que aparece como epicentro de la red de corrupción. Cuatro de sus directivos fueron, de hecho, arrestados durante la operación. Una colaboración ciudadana que fuentes cercanas a la investigación califican de "espectacular, sobre todo por parte de técnicos municipales que eran testigos de las irregularidades", recalcan. Por ello, fuentes cercanas a la investigación auguran para el futuro una segunda fase e, incluso, una tercera, "aunque no a corto plazo". El ritmo dictado por Velasco impide las prisas, pero afianza las pruebas ya recabadas. 


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba